En concreto, se votarán las candidaturas de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo; de Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel, como magistrados del Tribunal Constitucional, y las de Enriqueta Chicano Jávega, Isabel Fernández Torres, Mª Dolores Genaro Moya, Diego Íniguez Hernández, José Manuel Otero Lastres y Miguel Ángel Torres Morato, como consejeros del Tribunal de Cuentas.
Previamente, el Pleno decidirá sobre la convalidación o derogación de tres reales decretos-leyes, que podrá convalidarlos por mayoría simple, o en caso contrario, quedarían derogados, tal y como establece el artículo 86 de la Constitución y 151 del Reglamento del Congreso.
En primer lugar se verá el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, que contempla dos categorías de medidas: subvenciones y ayudas directas para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos y medio ambiente, y actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social de la isla.
En segundo lugar, el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta norma recoge la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas del llamado "escudo social" que expiraban el 31 de octubre, entre las que se encuentran las que garantizan los suministros de agua, luz y gas a consumidores vulnerables; la suspensión de los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y la extensión de la consideración de "esenciales" a los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
Por último, el Pleno debatirá el Real Decreto-ley 22/2021, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Entre estas medidas se encuentra la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la citada Asamblea General y la designación del secretario de Estado de Turismo "como órgano competente para la contratación, para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones".
Además, se debatirá y votará el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte aprobado por unanimidad por la Comisión de Cultura y Deporte el pasado lunes 8 de noviembre. Este dictamen se someterá a una votación final de conjunto al tener este proyecto de ley carácter orgánico. Asimismo, para su aprobación se requerirá mayoría absoluta.
Su objetivo es establecer las normas antidopaje en el ámbito de la práctica deportiva en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por España, con la finalidad de garantizar el desarrollo de las competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las propias capacidades naturales de las personas deportistas. De esta manera, se evita su adulteración mediante la utilización de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.
