En su XIII edición, cerca de 1.500 abogados y abogadas llenaron durante tres días, del 3 al 5 de mayo, el centro de convenciones de Port Aventura (Tarragona), convirtiéndolo en un animado foro de debate sobre cómo afrontar los retos que tiene actualmente la profesión. El lema escogido para este Congreso era “Por la cultura del acuerdo” y desde el primer momento se puso de manifiesto la pertinencia de ese mensaje.
El congreso cerró con una ambiciosa hoja de ruta con los objetivos de la abogacía para los próximos años. Las conclusiones de esta cita incluyeron también un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa, que estaba en plena tramitación parlamentaria, y que posteriormente fueron entregadas en el Congreso de los Diputados.
También se actualizó la reclamación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a la realidad actual, con baremos dignos y que incluya todas las actuaciones que se llevan a cabo. Todo ello se recogió en unas alegaciones al proyecto de orden ministerial sobre Justicia Gratuita proponiendo que los baremos para el pago de la asistencia Jurídica Gratuita suban un 5% en 2024 en el territorio común. Además, se pidió al Gobierno que en el plazo de un año haga una modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita para que incluya la violencia sexual.
Sobre estos proyectos, el nuevo ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró ayer en una reunión con la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, que en 2024 se abordará la elaboración de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que permita mejorar las condiciones de los 42.000 profesionales de la abogacía adscritos al Turno de Oficio. Además, el ministro trasladó a Ortega el compromiso de volver a impulsar la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, cuya tramitación parlamentaria se frenó con el adelanto electoral.
En materia penitenciaria, la Abogacía reclamó una ley de procedimiento en materia penitenciaria. Y que esta incluya la asistencia letrada preceptiva en todo el proceso para salvaguardar los derechos de los internos. Y en materia de extranjería reclamó solidaridad con los migrantes y que se les garantice el derecho a la asistencia letrada.
Por otro lado, la Abogacía presentó un escrito de alegaciones al Ministerio de Justicia y Economía en el que rechazaba el Reglamento de Administración Concursal por considerarlo elitista y eludir una retribución mínima
Otro de los grandes hitos del año fue la aprobación el 28 de junio del Real Decreto 5/2023 que recoge la suspensión de juicios y plazos por enfermedad del abogado, de sus familiares y por nacimiento y cuidado del menor, por un plazo máximo de treinta días naturales, dando así respuesta a las principales reivindicaciones de la Abogacía sobre conciliación.
2023 estuvo marcada también por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que duró más de dos meses y que provocó la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas. El conflicto condicionó seriamente la vida diaria de algunos colectivos vulnerables, como los afectados por los pagos de pensión de alimentos desde cuentas judiciales a familias sin otros ingresos. La Abogacía insistió a través de varios comunicados en pedir todos los esfuerzos posibles para evitar trastornos adicionales a ciudadanos y profesionales.
La situación alcanzó tal grado de deterioro que el 28 de junio, abogados y abogadas de toda España se manifestaron a las puertas de las principales sedes judicial exigiendo la reactivación de la justicia y una solución para un servicio público abandonado.
También la Abogacía reclamó a la Seguridad Social la garantía de pensiones mínimas equiparables a las de los autónomos para todos los abogados que han cotizado como mutualistas alternativos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) dentro del sistema ofrecido por la Mutualidad de la Abogacía.
