Estas 700 plazas se suman a las otras 700 creadas el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces.
Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia.
Ampliación de la planta judicial del 7,8%
De las 500 nuevas plazas de jueces, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la jurisdicción social (104 plazas).
La jurisdicción penal también se refuerza con 96 nuevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo).
Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197.
Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19.
Por territorios, las comunidades más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (94), Catalunya (94), Madrid (74) y Comunitat Valenciana (53).
Ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal en un 6,6%
Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. Por territorios, los más beneficiados son Catalunya, con 47 nuevas plazas (+9,9%), Andalucía con 31 (+5,6%) y Madrid con 26 (+6,9%).
