El órgano de gobierno de los jueces envió el pasado miércoles al Ministerio de Justicia, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones judiciales, la Fiscalía General del Estado y los operadores jurídicos el documento de 436 páginas que reúne 108 propuestas para el plan de choque orientado a evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez concluya el estado de alarma.
El Consejo General de la Abogacía Española está elaborando una "respuesta pormenorizada" a este primer documento de trabajo sobre una serie de medidas de carácter organizativo y procesal, tanto de carácter general, como específicas para los distintos órdenes jurisdiccionales.
Recuperar actividad de forma gradual después de Semana Santa
Según ha informado en su página web, la Abogacía presentará este martes su valoración del plan de choque propuesto por el CGPJ y recoge las sugerencias y opiniones de la mayoría de los 83 Colegios de Abogados, que respaldan la propuesta realizada por el Consejo unos días antes al Ministerio de Justicia de que los juzgados recuperen su actividad de forma gradual después de la Semana Santa para dar continuidad a los asuntos que ya se encuentran en trámite.
Centrándose más en las propuestas del órgano de gobierno de los jueces, la Abogacía Española destaca algunas de las sugerencias que han recibido al respecto como la del Consejo de la Abogacía Catalana, órgano representativo de los 14 Colegios de la Abogacía de Cataluña, que considera que las modificaciones propuestas por el CGPJ vulneran el principio de jerarquía normativa porque, a su juicio, se pretende hacer una reforma "fuera de los caminos establecidos" y de acuerdo con un estado de alarma que, obviamente, habrá cesado al momento de entrar en vigor los cambios legislativos propuestos.
Así, rechaza la habilitación del mes de agosto, ya que "entra en conflicto con el derecho al descanso y la conciliación de la vida familiar y personal de los letrados, procuradores y peritos, más aún cuando la abogacía estará teletrabajando, sin descanso ni vacaciones, durante todo el periodo del estado de alarma".
Además, apunta que este plan de choque no hace mención a la adopción de medidas de reorganización del funcionamiento de la oficina judicial y del trabajo de su personal, judicatura y fiscalía, que ve necesarias.
"Desprecio" a abogados y otros operadores jurídicos
En la misma línea se manifiestan el Colegio de Vizcaya y el de Baleares, que consideran que habilitar el mes de agosto "con la racionalización, que no supresión de las vacaciones de los jueces, fiscales y funcionarios", supone un "desprecio" al resto de operadores jurídicos, como los abogados, y su derecho al descanso y a la conciliación laboral.
También el Colegio de Abogados de Albacete, que tacha las propuestas del órgano de gobierno de los jueces de "oportunistas y personalistas". Cree que el CGPJ no ha tenido en consideración a la abogacía y que está "cuidando exclusivamente de sus intereses corporativos y sus planes institucionales" al pensar que "sólo ellos son acreedores del derecho a la conciliación personal y familiar, mientras mantiene al propio tiempo paralizada, casi de modo absoluto, la Administración de Justicia".
Asimismo, estos colegios coinciden con el de Málaga, Granada, Huelva y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón en rechazar rotundamente la propuesta de realizar reformas legislativas "sin un debate sosegado y amplio" con el resto de operadores jurídicos.
Vulneración de derechos
En este sentido, denuncian que si estas propuestas sobre medidas organizativas y procesales salen adelante se produciría una vulneración de derechos fundamentales como a la tutela judicial efectiva, pues se "limitaría" el acceso de los ciudadanos a los tribunales, así como a obtener de ellos una resolución fundada en derecho, lo que afectaría al derecho de defensa.
"El documento revela una grave desconsideración a la función vital que desempeña la Abogacía en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho", ha manifestado el decano del Colegio de Málaga, Javier Lara.
Más allá ha ido el Colegio de Abogados de Huelva, que se muestra preocupado por la situación en la que se encontrar los juzgados y tribunales una vez finalice el estado de alarma, ya que, según señala, "llama la atención que los redactores de estas medidas parecen desconocer la situación de colapso en la que se encontraban la mayoría de los tribunales" antes de la pandemia del coronavirus.
Por ello, considera "fundamental" conocer la dotación presupuestaria que se va a destinar en el plan de choque y asegura que "sin medios económicos que refuercen, por ejemplo, las plantillas de los juzgados, cualquier medida organizativa está condenada al fracaso".
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