Entre las principales preocupaciones de la abogacía se encuentran los retrasos acumulados en la tramitación, ejecución y resolución en algunos juzgados de la Comunidad, que llevan a una “exagerada” dilación de los procedimientos en el tiempo que afecta a la labor de los profesionales del Derecho y al acceso de los ciudadanos a la Justicia. “El retraso de los procedimientos, que además se ha agravado con las sucesivas huelgas de los últimos meses, provoca un atasco que afecta directamente a los derechos del ciudadano y a la confianza que este deposita en la Justicia”, señala Julio Sanz.
El acceso telemático a los expedientes es otro de los asuntos en los que los abogados encuentran problemas, pues la relación telemática entre instituciones presenta algunas deficiencias en el uso informático. Entre los fallos observados se encuentran deficiencias a la hora de poder acceder al expediente judicial electrónico, la imposibilidad de los letrados que no han sido incluidos como intervinientes a acceder a determinados documentos obrantes en el expediente. “La tecnología debe ser una ayuda para la labor de los profesionales, si dificulta y entorpece el trabajo entonces tenemos un problema”, advierte el presidente del CACYL.
El tercer aspecto sobre el que los representantes de la abogacía han llamado la atención es la demora recurrente en la cobertura de vacantes y, en general, la necesidad de refuerzos de personal en las sedes judiciales, una problemática que perciben en la mayoría de partidos judiciales de la Comunidad. Otros temas tratados en la reunión han sido el colapso de las tasaciones de costas en los juicios de nulidad de cláusulas bancarias o la huelga de los abogados de oficio.
Además de los presidentes de ambas instituciones, a la reunión han asistido los miembros de la Comisión Permanente del CACYL, integrada por los decanos de los colegios de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes; Salamanca, Javier Román; y Zamora, Ana Martín; y la secretaria del CACYL, María Purificación Palmero. Por parte del TSJCyL han estado presentes también la presidenta de la Audiencia Provincial de León, Ana del Ser; la magistrada de la Sala Social del TSJCyL sede Valladolid, María del Mar Navarro; la magistrada del Juzgado Penal nº 1 de Valladolid y jefa de Gabinete del presidente del TSJCyL, Olga Álvarez, y la secretaria de Gobierno del TSJCyL, María Teresa de Benito.
Situación en las provincias de CyL
En el caso concreto de Ávila, los abogados lamentan que, a pesar de que las sedes cuentan con la infraestructura suficiente, los juzgados conserven determinadas barreras que obligan a practicar todo tipo de diligencias en los pasillos, sin proteger la privacidad y confidencialidad en el trato con los ciudadanos. Además, señalan que los letrados de guardia no reciben preferencia cuando son llamados para prestar asistencias y reivindican que se permita la comparecencia telemática de los letrados del mismo modo que se permite la de los fiscales.
Entre las reivindicaciones que Burgos ha puesto sobre la mesa se encuentran la problemática de las barreras físicas que continúan ya pasada la pandemia en varios juzgados y solicitan la mejora de materiales y mobiliario en las sedes judiciales. Por su parte, en León denuncian los constantes retrasos en los equipos psicosociales que se ven incrementadas ante la falta de psicólogo en el equipo de la capital, así como falta de formación jurídica en funcionarios de nueva designación. También lamentan la prohibición de acceso a los profesionales en la comparecencia para ratificar convenios de divorcio en algunos juzgados.
En Palencia, los abogados ven necesaria la creación de un juzgado especializado en Familia, discapacidad e infancia, ya que la provincia agrupa los dos centros psiquiátricos más grandes de la región y mantiene abiertos más de 2.000 asuntos de asistencia a la discapacidad. Además, solicitan una mayor estabilidad en los funcionarios de justicia en toda la provincia.
Por su parte, Salamanca ha solicitado establecer un criterio general de la guardia de disponibilidad de 24 horas en cada uno de los partidos judiciales de la provincia, con el fin de que los letrados puedan despejar su agenda. También reclaman como prioridad absoluta el abono de los gastos de desplazamiento entre partidos judiciales, así como asignar un letrado para violencia doméstica y de género en cada partido judicial. En Segovia la problemática se deriva de la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial y la nueva sede de los juzgados, donde los abogados detectan una falta de recogida de comparecencias, por lo que proponen revisar los procedimientos actuales. Asimismo, solicitan que cada documento de los expedientes administrativos esté identificado para facilitar su examinación y la cesión de más espacios en la nueva sede.
En el caso de Soria preocupa la defectuosa instrucción de los juicios rápidos, los retrasos injustificados en las juras de cuentas de los Letrados, así como en los informes que generan suspensiones de juicios y falta de personal en el Equipo Psicosocial. Además, advierten de que es muy complicado contactar telefónicamente con algunos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y reivindican la necesidad de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Desde Valladolid denuncian, al igual que el resto de colegios, retrasos en los procedimientos y deficiencias para acceder al expediente judicial electrónico y se muestran “en la necesidad de advertir sobre el estado lamentable de atención a los ciudadanos y a los profesionales del derecho” en el Juzgado de Arévalo ante la cobertura de vacantes de los trabajadores, causando una desatención “no comparable a ningún otro Juzgado de la Comunidad”. En Zamora insisten también en los retrasos generalizados tanto en los juzgados de la capital como en los de Villalpando, Toro y Puebla de Sanabria, y denuncian que Benavente hay asuntos que no llegan a tramitarse, al tiempo que recuerdan que no se han ejecutado los refuerzos anunciados el año pasado.
