Tras inaugurar las IX jornadas sobre Derecho Penal, Criminología y Derecho Penitenciario, que esta edición trata 'El nuevo panorama del terrorismo en España', Gabriela Bravo ha hecho estas declaraciones, preguntada por los medios de comunicación, sobre la posibilidad apuntada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que se pueda establecer una tasa de pago por acudir a segunda instancia.
"No soy partidaria de incorporar nuevas tasas y cargas a los ciudadanos y menos en este momento, creo que la justicia es un sistema público esencial del Estado y creo que, por tanto, el establecimiento de tasas constituiría una cierta limitación a la tutela judicial efectiva", ha subrayado.
A su juicio, la aplicación de este tipo de tasas sería "más como una medida disuasoria" y "los ciudadanos ya contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación y la justicia".
"La culpa de que nos encontremos con esta situación de saturación no sólo la tiene la crisis, sino un sistema y una organización judicial que necesita desde hace mucho tiempo cambios sustanciales", ha añadido.
Al respecto, ha argumentado que los problemas de la administración de justicia "se deben abordar desde el compromiso de hacer bien los cambios: de estructura, de organización...", y a partir de ahí se conseguirá que los procesos en este ámbito "sean más ágiles".
No obstante, ha dicho que no hay que "olvidar que en este país sigue faltando un número importante de jueces", por lo que ha considerado que hay que "seguir incrementando la plantilla, pero todo desde una nueva estructura".
Sistema judicial fuerte
En este sentido, y preguntada por si se esperan recortes en Justicia por la crisis, Bravo ha defendido que en este momento es necesario "un sistema judicial fuerte, que garantice una resolución jurídica predecible y en un tiempo razonable".
Además, ha estimado que "ahora más que nunca la justicia española tiene que ser una prioridad y por tanto es el momento también para abordar cambios legales importantísimos para cambiar las estructuras, la organización y procurar, de esta manera, que las inversiones que se hagan en la administración de justicia sea mucho más óptimas" y se puedan "rentabilizar".
"Si invertimos en un modelo ineficiente, si invertimos en un modelo obsoleto como el que tenemos, seguiremos financiando la ineficiencia y, en definitiva, lo que supone es un derroche pero no una verdadera inversión", ha subrayado.
Respecto a la situación de la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, la portavoz del consejo ha recordado que esta es "precisamente la quinta comunidad con un índice más elevado de litigiosidad" y además es "una de las comunidades más afectadas por la crisis económica".
Bravo ha recordado que el "incremento que han sufrido algunas jurisdicciones, como civil, en el orden mercantil, en la jurisdicción social, ha sido un incremento que no tiene parangón en toda la historia de la justicia en España y los jueces han tenido que afrontar con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, un crecimiento de la carga de trabajo absolutamente exponencial"
Desde el consejo, según ha añadido, "se han adoptado muchos planes de refuerzo para evitar las saturaciones, en 2008 ya estableció una serie de planes para evitar el colapso en la jurisdicción mercantil, en la laboral y ahora mismo la Sala de Gobierno ha adoptado también un plan de refuerzo para la jurisdicción social".
En concreto, Bravo ha indicado que en esta jurisdicción social se va a pedir al Ministerio de Justicia y a la Comunitat Valenciana "medidas adecuadas para poder reforzarla".
