Los premios se otorgan en tres modalidades, que reconocen la labor realizada para conseguir una justicia más eficaz, una justicia más transparente y una justicia más accesible.
Cada una de esas modalidades tiene, a su vez, dos categorías: una dedicada a órganos u oficinas judiciales y otra, que comprende las demás entidades u organismos públicos o privados, con o sin personalidad jurídica, que estén relacionados con la Administración de Justicia.
Los interesados en presentarse a la convocatoria tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2020 para presentar en formato digital una memoria justificativa en la que se identifique el órgano, oficina o entidad aspirante así como a un máximo de tres representantes por candidatura; se indique la modalidad y categoría del premio al que se opta; se describa el proyecto, se expongan sus resultados y se explique la innovación que supone.
La memoria podrá remitirse por correo ordinario a la calle Marqués de la Ensenada, 8, 28071 de Madrid, o por correo electrónico a la dirección premioscalidadjusticia@cgpj.es.
El jurado estará compuesto por los vocales Gerardo Martínez Tristán –que lo preside-, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya y por un representante de las siguientes profesiones jurídicas: fiscal, abogado, procurador, letrado de la Administración de Justicia y graduado social.
En la VIII edición de los Premios Calidad de la Justicia, recibieron el reconocimiento a la justicia más eficaz el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, y el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, en colaboración con profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I.
El premio a la justicia más transparente recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante y en el servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona); y, por último, el galardón a la justicia más accesible fue para el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba y para el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana.