El pasado 16 de marzo, el órgano de gobierno de los jueces acordó, con el fin de garantizar la prestación del servicio público judicial ante la situación generada por la pandemia de coronavirus COVID-19, que los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia revocaran y dejaran sin efecto los permisos y licencias concedidos hasta esa fecha cuando su disfrute impidiera o dificultara la prestación de los servicios esenciales acordados por el CGPJ, salvo cuando esos permisos o licencias estuvieren ya concedidos por razones de enfermedad, derecho de conciliación u otras de análoga naturaleza.
Ahora, la ejecución de las medidas previstas en el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales” aprobadas el pasado 29 de abril por la Comisión Permanente exigirá una creciente actividad presencial de jueces y magistrados en los Juzgados y Tribunales.
“Esta circunstancia va a provocar de manera previsible un incremento en la solicitud de permisos y licencias relacionados con la conciliación familiar, especialmente en los casos en los que los jueces/zas y magistrados/as tengan hijos menores y mientras se mantenga la medida de cierre de los centros escolares que no parece que vayan a reanudar en el presente curso, y prohibición de actividades colectivas que pudieran resultar una alternativa, tales como campamentos, estancias deportivas, etcétera, propias de los meses de vacaciones escolares”, señala la Comisión Permanente.
Para dar una adecuada respuesta a ese escenario, la Permanente ha aprobado modificar su acuerdo del pasado 16 de marzo, de manera que vuelva recobrar plena vigencia el régimen de permisos y licencias previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento de la Carrera Judicial “referido estrictamente a la conciliación familiar, debiendo garantizarse, en todo caso, la preservación del servicio público indispensable”.
