Este miércoles a media tarde comenzará el debate de las 432 enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios al articulado de la norma.
Medidas contra los pederastas
Durante el debate celebrado el pasado mes de abril en la Cámara, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, defendió su disposición a alcanzar el máximo acuerdo con los grupos de la oposición durante el trámite parlamentario. Según subrayó, esta ley va a modificar hasta una docena de normas vigentes, con el objetivo de configurar un sistema de protección a la infancia y la adolescencia "acorde a la realidad actual".
Durante el trámite parlamentario, Alonso aseguró que se iban a reforzar las medidas contra los pederastas, de acuerdo con el convenio del Consejo de Europa de Lanzarote, para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.
Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto frecuente con niños, además de que se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
A falta de aprobación, el PP, entre sus propuestas de enmienda al articulado, ha planteado la creación en España del primer Registro Central de delincuentes sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN, y que además será confidencial.
Adopción y acogimiento
Entre las principales novedades de la ley, Alonso también destacó que se iban a agilizar los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia. A su vez, aseguró que se iba a imposibilitar la adopción para aquellos que estuvieran privados de la patria potestad.
Además, indicó que con esta norma se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez, y con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva.
Igualmente, apuntó que iba a regularse el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.
Violencia de género, centros de menores y trata
La reforma reconocerá como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres.
Además, regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta. Una de las propuestas tiene el objetivo de permitir que las comunidades autónomas dejen de tutelar a un niño al que tienen bajo su protección si, tras fugarse del centro de menores, lleva más de seis meses en paradero desconocido.
Alonso explicó asimismo que la reforma renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable; como el caso por ejemplo de los mejores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles. A los menores con discapacidad se les garantizará plena accesibilidad, así como unos servicios sociales especializados y adaptados.
También se ha propuesto una modificación de la Ley de Extranjería a fin de ampliar de 30 a 90 días el periodo de restablecimiento y reflexión que se concede a las víctimas de trata con fines de explotación para que decidan si colaboran o no con la justicia en la investigación de los delitos cometidos contra ellos.
Se bonificará durante un máximo de dos años a quienes contraten temporal o indefinidamente a víctimas de trata de seres humanos.
Propuestas de la oposición
Una de las propuestas es que la pobreza no pueda ser una razón para la declaración de desamparo del menor, ni para quitar la patria potestad a los padres, con la consiguiente separación familiar.
Piden que las familias de acogida dispongan de asistencia jurídica gratuita, la supresión del copago para éstas y la preferencia a la hora de matricular al niño en un centro escolar, entre otros planteamientos.
