El objetivo del cónclave es emitir informe sobre "el proyecto de real decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes", conforme al orden del día.
Se trata, en concreto, de 79 plazas que incluyen 6 para las dos nuevas unidades especializadas que contempla el citado plan gubernamental: una de Delitos Económicos y otra de Delitos contra la Administración Pública.
Cada una contará con un fiscal de sala y dos fiscales adscritos que, al igual que otras unidades especializadas --como la dedicada a la lucha contra los delitos de odio--, no tendrán funciones jurisdiccionales pero sí se ocuparán de coordinar, impulsar actuaciones y unificar criterios en sus respectivas materias.
Según recoge el Plan de Acción, el objetivo es "avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada" mejorando "la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública".
"Estas dos nuevas unidades de la Fiscalía General del Estado tendrán su reflejo en todo el Estado a través del despliegue territorial del Ministerio Fiscal mediante los fiscales delegados de ambas unidades especializadas", lo que "supondrá una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de esta lacra criminal, cuyo combate constituye una prioridad absoluta", señala el documento.
Fuentes fiscales explican a Europa Press que estas unidades especializadas no colisionarán con las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, no solo porque esta última sí tiene funciones jurisdiccionales, sino porque conoce de los procesos de "especial trascendencia", y las nuevas se encargarán de "una corrupción más pequeña" pero "sistémica", por ejemplo, la que afecta a corporaciones locales y diputaciones provinciales.
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