Contencioso-administrativo

El “derecho al olvido” tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014

Tribuna 01-10-2014

El «derecho al olvido» en relación con la protección de datos personales ha pasado a un primer plano de la actualidad como consecuencia de la creciente preocupación de los ciudadanos por la información que está disponible en internet sobre su persona.

El reconocimiento del derecho de una persona a que sus datos sean eliminados cuando crea que la información que los contiene pueden perjudicarle, o simplemente porque que desee que estos datos e información se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo, no es problema sencillo y ha motivado posturas encontradas.

La regulación de este derecho y sus límites, ha sido aborda a nivel de la Unión Europea por la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas. Pero la novedad más importante ha sido, sin lugar a dudas, la sentencia del TJUE 13-5-14, asunto C-131/12, Google Spain, S.L., Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González, dando respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional del Reino de España.

El presente artículo tiene por objeto aclarar cuál es el estado actual de la cuestión.

Las dificultades empiezan al tiempo de definir el llamado «derecho al olvido», que ha sido entendido como el derecho a controlar y preservar del conocimiento público y general determinados datos o hechos que les afectan y que no desean que sean conocidos.

Ciertas manifestaciones de lo que se podría considerar el derecho al olvido ya son asumidas con naturalidad por los ordenamientos jurídicos actuales. Instituciones como la prescripción de los delitos o la cancelación de antecedentes penales pretenden imponer un cierto límite a los datos oficiales que deben constar en los registros públicos sobre una persona, por entender que existe un derecho a que se olvide permitiendo la rehabilitación social, para que la existencia de determinados hechos del pasado no condicione de forma permanente el futuro de las personas.

El problema se plantea en la actualidad desde una perspectiva más amplia y más compleja, al pretender ejercer este derecho frente a los tratamientos de nuestros datos personales, realizado tanto por los poderes públicos como por los particulares, aun cuando las informaciones que contienen estos datos no se consideren ilegítimas.

Nuestra sociedad se desenvuelve en una aparente contradicción: por un lado, tenemos la necesidad de estar conectados y relacionados socialmente a través de las redes sociales lo que supone subir una gran cantidad de información a la red y dejar de tener un control efectivo de aspectos que antes formaban parte de nuestra más estricta privacidad; y, al mismo tiempo, intentamos preservar dicha información del conocimiento público, especialmente cuando dicha información con el paso del tiempo la consideramos perjudicial para nuestra imagen y puede incidir negativamente en nuestra consideración social y profesional. Así, lo que en un momento determinado de nuestras vidas nos puede parecer inocuo o divertido, con el paso del tiempo, y en otro contexto personal o profesional, puede que se vuelva contra nosotros y no deseamos que sea conocido por nuestros conciudadanos.

Es aquí donde surge el llamado «derecho al olvido», tal y como hoy en día lo entendemos, que surge como reacción frente a las nuevas tecnologías, especialmente para evitar que datos e informaciones referidas a nuestra persona puedan ser localizados fácilmente y de forma intemporal por cualquier usuario de la red. En muchos casos, esta información ha sido suministrada por los propios afectados, de modo que se intentan remediar los errores que cometidos en el pasado por excesos en la información que incorporamos voluntariamente en la red y que puede volverse contra nosotros e incluso condicionar nuestro futuro. Pero en otras muchas ocasiones, la información existente sobre nuestra persona es ajena a nuestra voluntad conteniéndose en la red una gran cantidad de datos suministrados por las Administraciones públicas relacionados con nuestra actividad pública y administrativa en un sentido amplio.

La primera interrogante que surge puede plantearse en términos generales: ¿Es bueno que se olvide?, y por añadidura ¿debe reconocerse un derecho absoluto de los afectados para suprimir o cancelar los datos e informaciones que les atañen?

Ya he señalado en anteriores ocasiones que las razones por las que una persona física puede considerar que una información, imagen o noticia, incluso aquella que aparentemente pueda aparecer inocua, puede dañar su dignidad o tener una repercusión negativa en su esfera personal, social o profesional pueden ser muy variadas, y en muchas ocasiones tienen un marcado componente subjetivo.

Pero la posibilidad de tener acceso a una información real contribuye al desarrollo de la sociedad de la información y a la creación de una opinión pública mejor informada. De modo que la posibilidad de decidir, de forma unilateral, qué información relativa a su persona puede ser conocida y cual no, incidiría en el ejercicio de otros derechos (por ej. el derecho a la libertad de expresión e información) e incluso en el correcto funcionamiento de las Administraciones públicas a las que se les exige transparencia en su gestión que conlleva el acceso a la información respecto a las actuaciones que realizan, lo cual proporciona una gran cantidad de información sobre las personas físicas que se relacionan con ella (adjudicación de contratos, subvenciones, subastas públicas etc.). Ello nos sitúa ante otros interrogantes igualmente relevantes ¿Qué límites ha de tener? y ¿frente a quien ha de ejercitarse?

I. El reconocimiento del derecho al olvido

El reconocimiento del derecho al olvido no es pacífico. Existe una corriente de opinión, muy extendida en algunos países, que entiende que el reconocimiento de este derecho en términos muy amplios implica ejercer un control personal sobre la información y la capacidad de censurar hechos reales que ocurrieron en el pasado y que los ciudadanos tienen derecho a conocer.

La percepción de este problema varía en las diferentes sociedades. En algunos países occidentales los ciudadanos tienen derecho a consultar las bases de datos del Estado en donde consten los antecedentes penales de sus conciudadanos, aunque estén cancelados, por entender que esta información sobre los hechos pasados constituye un derecho que facilita la posibilidad de adoptar una decisión más acertada sobre la posibilidad de entablar relaciones profesionales (por Ej. arrendarle un inmueble) o sobre la finalidad que le inspira para el ejercicio de determinadas actividades (cuidado de sus hijos etc.). Otros ordenamientos, normalmente los continentales europeos, son más propicios a limitar estos datos del conocimiento público permitiendo su acceso y cancelación.

A nivel de la Unión Europea, cabe destacar la primera iniciativa legislativa adoptada para regular el ejercicio de este derecho, contenida en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de datos personales (2012). En su art.17 y bajo el título «derecho al olvido y a la supresión» afirma que «el interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión, especialmente en lo que respecta a los datos personales proporcionados por el interesado siendo niño, cuando concurran algunas de las circunstancias siguientes: que los datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, que el interesado retire el consentimiento, que se oponga al tratamiento o que el tratamiento no sea conforme con las disposiciones del Reglamento».

Ello implica, en primer lugar, el reconocimiento del derecho al olvido vinculado con las facultades de supresión de los datos personales. Acertadamente no se asocia con la inexactitud o el carácter incompleto de los datos sino con la facultad de disposición de sus propios datos, pudiendo exigir al responsable del tratamiento que se supriman los datos que le conciernan y se abstenga de darles más difusión.

Al margen de algunas correcciones técnicas, como la destacada en el Informe Albrecht de 17 de diciembre de 2012 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo -EDL 2012/98459-, relativa a la improcedencia de hacer una especial mención al ejercicio de este derecho cuando afecta a los datos de los menores, que debería ser suprimida, pues el derecho se aplica por igual a todos los interesados con independencia de su edad. El Proyecto de Reglamento permite el ejercicio de este derecho cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- cuando estos datos no son necesarios para finalidad para la que fueron recogidos o tratados.

- cuando el interesado retira el consentimiento o ha expirado el plazo de conservación autorizado.

- cuando el interesado se opone al tratamiento de sus datos personales salvo que el responsable del tratamiento acredite motivos imperiosos y legítimos para el tratamiento que deban prevalecer sobre los intereses o derechos y libertades del interesado.

- cuando el tratamiento no es legítimo conforme al Reglamento por otros motivos.

Frente a la aparente amplitud con la que parece regularse el "derecho al olvido", lo cierto es que la propia norma se encarga de establecer excepciones o límites relacionados con el interés público o con el ejercicio de otros derechos por parte del responsable del tratamiento, que más adelante trataremos.

Pero la novedad más relevante ha sido la reciente sentencia del TJUE 13-5-14, asunto C-131/12, Google Spain, S.L., Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González -EDJ 2014/67782-, que, respondiendo a una cuestión prejudicial de interpretación planteada por la Audiencia Nacional, abordó el reconocimiento de este derecho en relación con la información suministrada por los motores de búsqueda en internet, en concreto con la empresa Google.

Las conclusiones del Abogado General Sr. Nillo Jääskinen no eran favorables a la admisión de este derecho, por entender que entraba en conflicto con otros derechos fundamentales, afirmando que «La pléyade particularmente compleja y difícil de derechos fundamentales que presenta el caso de autos impide que deba justificarse el refuerzo de la situación jurídica de los interesados con arreglo a la Directiva, e imbuirla del derecho al olvido. Ello entrañaría sacrificar derechos básicos, como la libertad de expresión e información. También desaconsejaría al Tribunal de Justicia que declarara que estos intereses en conflicto pueden equilibrarse de modo satisfactorio en cada situación concreta sobre una base casuística, dejando la decisión en manos del proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet. Es posible que tales «procedimientos de detección y retirada», si los exige el Tribunal de Justicia, conduzcan a una retirada automática de enlaces a todo contenido controvertido o a un número de solicitudes inmanejable formuladas por los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet más populares y más importantes. En este marco, es preciso recordar que los «procedimientos de detección y retirada» recogidos en la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico -EDL 2000/87907-, están relacionados con los contenidos ilegales, pero en el marco del presente asunto nos enfrentamos a una solicitud de eliminación de información legítima y legal que se ha hecho pública.

(...) Más concretamente, los proveedores de servicios de motor de búsqueda en Internet no deben verse frenados por tal obligación. Ello traería consigo una interferencia en la libertad de expresión del editor de la página web, que no disfrutaría de una protección legal adecuada en tal situación, dado que cualquier «procedimiento de detección y retirada» que no esté regulado es una cuestión privada entre el interesado y el proveedor de servicios de motor de búsqueda. Equivaldría a una censura del contenido publicado realizada por un tercero. Constituye una cuestión completamente distinta el que los Estados tengan obligaciones positivas de establecer un recurso adecuado contra el editor que vulnera el derecho a la vida privada, lo que en el marco de Internet afectaría al editor de la página Web».

Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia comentada -EDJ 2014/67782- se aparta de las conclusiones del Abogado General y reconoce abiertamente el derecho al olvido, afirmando que la información suministrada por los motores de búsqueda en relación con una persona «puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros, C-509/09 y C-161/10 -EDJ 2011/236158-, EU: C:2011: 685, apartado 45)».

El Tribunal de Justicia reconoce el derecho de un particular a ejercer sus derechos a la rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales por entender que el tratamiento de los mismos es contrario a las previsiones de la normativa comunitaria en materia de protección de datos, y esta incompatibilidad no solo se produce cuando «los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos».

De ahí que un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos «puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido» y en tales casos la información y los vínculos deben eliminarse a petición del interesado.

Ello implica el reconocimiento claro y explícito del «derecho al olvido» cuya esencia radica en la supresión de datos e informaciones que con el transcurso del tiempo han perdido la razón de ser que las justificaron en su momento y el afectado desea que no sean del conocimiento público. A tal efecto, la sentencia destaca que «la apreciación de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado».

II. Frente a quien se ejercita y ¿qué responsabilidades tienen?

El Proyecto de Reglamento europeo de Protección de Datos -EDL 2012/98459- antes mencionado impone al responsable del tratamiento una serie de obligaciones:

- La principal, contenida en el art.17.1 -EDL 2012/98459-, es la de suprimir esta información y abstenerse de darle mayor difusión, con excepción de la alternativa que brinda el apartado cuarto de este mismo precepto (limitar el tratamiento) en los supuestos en él contemplados.

- Por otra parte, el art.17.2 -EDL 2012/98459- les exige «adoptar las medidas razonables, incluidas las medidas técnicas, en lo que respecta a los datos de cuya publicación sea responsable, con miras a informar a los terceros que estén tratando dichos datos de que un interesado les solicita que supriman cualquier enlace a estos datos, o cualquier copia o réplica de los mismos».

- Y el art.23.2 -EDL 2012/98459-, establece que «El responsable del tratamiento implementará mecanismos con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para cada fin específico del tratamiento y, especialmente, que no se recojan ni conserven más allá del mínimo necesario para esos fines, tanto por lo que respecta a la cantidad de los datos como a la duración de su conservación. En concreto, estos mecanismos garantizarán que, por defecto, los datos personales no sean accesibles a un número indeterminado de personas».

El Reglamento -EDL 2012/98459- no especifica y, a mi juicio debería de hacerlo, que esta petición de supresión debería estar referida a una información o datos concretos, sin que pueda pretenderse una supresión general e indeterminada de todos los datos o informaciones que puedan existir sobre el afectado.

El cumplimiento de estas obligaciones exige, en todo caso, determinar el alcance de la responsabilidad de los distintos operadores en internet:

a) El derecho al olvido frente a los titulares de la página web

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en la sentencia Lindqvist -EDJ 2003/112810- que «la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un tratamiento». De esta sentencia se deduce que el editor de páginas web que contienen datos personales es responsable del tratamiento de dichos datos y como editor está sometido a todas las obligaciones que la Directiva impone a los responsables.

No cabe duda que los responsables del tratamiento de la información en origen, los responsables de su publicación, tienen la posibilidad retirar una información de su página o modificarla, o de incluir códigos de exclusión que restringen el indexado de la misma. Así mismo, pueden discutir frente al afectado, que pretende ejercer su derecho de cancelación u oposición, la licitud del dato, la existencia de consentimiento, la actualidad y proporcionalidad de la información y finalmente la invocación de otros derechos que puedan entrar en colisión con los del afectado que pretende su cancelación, pues inevitablemente se produce una confrontación entre los derechos del afectado a ejercer un control sobre el tratamiento y difusión de sus datos personales y el interés perseguido en su difusión y los derechos que asisten al que los ha introducido, en donde adquieren especial relevancia, los derechos de libertad de expresión e información.

Pero la responsabilidad del editor no garantiza la solución a todos los problemas, pues no evita que los datos personales hayan sido replicados en otras páginas, lo que convertiría el rastreo y el contacto con todos los editores en una misión imposible. Además, el editor puede residir en un Estado tercero, y las páginas web de que se trata pueden estar excluidas del ámbito de aplicación de las normas de la Unión Europea sobre protección de datos.

Los afectados aprecian que el peligro real procede, en muchas ocasiones, no tanto del origen de la información como de su difusión por medio de estos buscadores, dado que son ellos los que permite una difusión global e ilimitada de la información de forma sencilla y la recopilación, utilizando un simple término de búsqueda (como puede ser el nombre de una persona) de toda la información relacionada con la misma, propiciando la elaboración de perfiles personales.

Esta preocupación ha motivado que muchos ciudadanos hayan solicitado la tutela de sus derechos de la Agencia de Protección de Datos para que los buscadores (básicamente Google) elimine u oculte sus datos y dejen de incluirse en los resultados de búsqueda sus datos personales relacionados con una noticia o un acontecimiento determinado. En definitiva, no desean que determinadas informaciones, publicadas en páginas web de terceros que contienen sus datos personales y permiten relacionarles con la misma, sean localizadas, indexadas y sean puestas a disposición de los internautas de forma indefinida.

b) El derecho al olvido frente a los motores de búsqueda

Mayor problemática planteaba el ejercicio de este derecho frente a los buscadores en internet. La cuestión ha sido resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondiendo a diversos interrogantes. ¿Realizan los buscadores un tratamiento de datos? ¿Son responsables de la supresión de tales datos? ¿Su responsabilidad es directa o subsidiaria respecto al editor?

El Abogado General Sr. Jääskinen en sus conclusiones del caso Google, consideró que el responsable del tratamiento debe ser entendido en un sentido funcional, como la persona consciente de la existencia de una categoría determinada de información que contiene datos personales y el responsable del tratamiento trata estos datos con una intención relacionada con su tratamiento como datos personales. Y por ello descarta la responsabilidad de los motores de búsqueda, razonando que «El proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que simplemente proporciona una herramienta de localización de información no ejerce ningún control sobre los datos personales incluidos en las páginas web de terceros. El proveedor de servicios no es «consciente» de la existencia de datos personales en un sentido distinto del hecho estadístico de que las páginas web probablemente incluyen datos personales. Al tratar las páginas web fuente a fines de rastreo, análisis e indexado, los datos personales no se muestran como tales de modo específico».

Así mismo, considera que se ha de trazar una importante distinción entre las funciones totalmente pasivas y de intermediación de los motores de búsqueda y las situaciones en las que su actividad representa un control real sobre los datos personales tratados, afirmando que «La puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido. Tampoco permite al proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet realizar distinciones entre datos personales en el sentido de la Directiva -EDL 1995/16021-, es decir, relacionados con una persona física viva identificable, y otro tipo de datos» por lo que concluye afirmando que «(...) el proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet no puede ni jurídicamente ni de hecho cumplir las obligaciones del responsable del tratamiento establecidas en los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva en relación con los datos personales contenidos en páginas web fuente alojadas en servidores de terceros».

Y consecuentemente la autoridad nacional de protección de datos «no puede requerir a un proveedor de servicios de motor de búsqueda en Internet que retire información de su índice, salvo en los supuestos en que el proveedor de servicios no ha respetado los códigos de exclusión o en los que no se ha dado cumplimiento a una solicitud emanada de la página web relativa a la actualización de la memoria oculta». Si al proveedor de servicios se le hacer responsable directo de los datos que trata, necesitaría ponerse en la posición del editor de la página web fuente y comprobar si la difusión de los datos personales en la página web podría considerarse legal y legítima, «Dicho de otro modo, el proveedor de servicios necesitaría abandonar su función de intermediario entre usuario y editor y asumir la responsabilidad por el contenido de la página web fuente y, cuando resultase necesario, censurar el contenido evitando o limitando el acceso a éste».

La sentencia del Tribunal de Justicia -EDJ 2014/67782- se aparta, también en este punto, de las conclusiones del Abogado General y considera que el buscador realiza un tratamiento de datos «al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda "recoge" tales datos que "extrae", "registra" y "organiza" posteriormente en el marco de sus programas de indexación, "conserva" en sus servidores y, en su caso, "comunica" y "facilita el acceso» a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. (...) sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre éstos y los datos personales" aunque "estos datos hayan sido ya objeto de publicación en Internet y dicho motor de búsqueda no los modifique".»

El Tribunal afirma, así mismo, que el gestor del motor de búsqueda debe ser considerado responsable pues «es quien determina los fines y los medios de esta actividad» destacando las diferencias con el editor de sitios en internet que se limitan a incorporar esos datos en una página de internet, pues entiende «esta actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos.

(...) Además, la organización y la agregación de la información publicada en Internet efectuada por los motores de búsqueda para facilitar a sus usuarios el acceso a ella puede conducir, cuando la búsqueda de los usuarios se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, a que éstos obtengan mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet que les permita establecer un perfil más o menos detallado del interesado.

(...) En consecuencia, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar, significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de Internet, a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, el gestor de este motor, como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha actividad satisface las exigencias de la Directiva 95/46 -EDL 1995/16021- para que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular, de su derecho al respeto de la vida privada».

La sentencia -EDJ 2014/67782- no deja lugar a dudas sobre la consideración de los buscadores como responsables del tratamiento, diferenciándolos claramente de los meros intermediarios de la información y de los editores de páginas web, imponiéndoles, por tanto, obligaciones añadidas en relación con la supresión de los datos y de las conexiones cuando se ejercita este derecho de cancelación, supresión o bloqueo.

Finalmente, el Tribunal de Justicia considera que el ejercicio del derecho de cancelación frente al buscador puede ejercitarse con independencia de que no se solicite la cancelación de los datos frente al editor. La sentencia -EDJ 2014/67782- razona al respecto que «(...) habida cuenta de la facilidad con que la información publicada en un sitio de Internet puede ser copiada en otros sitios y de que los responsables de su publicación no están siempre sujetos al Derecho de la Unión, no podría llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados si éstos debieran obtener con carácter previo o en paralelo la eliminación de la información que les afecta de los editores de sitios de Internet.

(...) Además, el tratamiento por parte del editor de una página web, que consiste en la publicación de información relativa a una persona física, puede, en su caso, efectuarse "con fines exclusivamente periodísticos" y beneficiarse, de este modo, en virtud del artículo 9 de la Directiva 95/46 -EDL 1995/16021-, de las excepciones a los requisitos que ésta establece, mientras que ése no es el caso en el supuesto del tratamiento que lleva a cabo el gestor de un motor de búsqueda. De este modo, no puede excluirse que el interesado pueda en determinadas circunstancias ejercer los derechos recogidos en los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 contra el gestor, pero no contra el editor de dicha página web.

(...) Por último, debe observarse que no sólo la razón que justifica, en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46 -EDL 1995/16021-, la publicación de un dato personal en un sitio de Internet no coincide forzosamente con la que se aplica a la actividad de los motores de búsqueda, sino que, aun cuando éste sea el caso, el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto que ha de llevarse a cabo en virtud de los artículos 7, letra f), y 14, párrafo primero, letra a), de la mencionada Directiva puede divergir en función de que se trate de un tratamiento llevado a cabo por un gestor de un motor de búsqueda o por el editor de esta página web, dado que, por un lado, los intereses legítimos que justifican estos tratamientos pueden ser diferentes, y, por otro, las consecuencias de estos tratamientos sobre el interesado, y, en particular, sobre su vida privada, no son necesariamente las mismas.

(...) En efecto, en la medida en que la inclusión, en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda llevada a cabo a partir del nombre de una persona, de una página web y de información contenida en ella relativa a esta persona facilita sensiblemente la accesibilidad de dicha información a cualquier internauta que lleve a cabo una búsqueda sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo para la difusión de esta información, puede constituir una injerencia mayor en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado que la publicación por el editor de esta página web.

(...) A la luz del conjunto de consideraciones precedentes procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 -EDL 1995/16021- deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita».

En definitiva, el derecho de rectificación y cancelación de la información que contiene datos personales, sin que sea necesario presuponer que dicha información cause un perjuicio al interesado, puede solicitarse tanto del editor de la página web como de la sociedad que gestiona el motor de búsqueda, y esta petición puede dirigirse de forma conjunta o independiente a cada uno de ellos, pudiendo darse el caso que en la ponderación de los intereses en conflicto se considere amparada la publicación de los datos en la página web del editor y, sin embargo, deba suprimirse su referencia y posibilidad de localización de los resultados del buscador.

Esta sentencia -EDJ 2014/67782- ha motivado que la empresa Google ha creado un formulario denominado «solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea» en la que el interesado, tras identificarse con su nombre y con su dirección de correo electrónico, tiene que especificar cada una de las direcciones de la página web que se quiere retirar, explicar los motivos por los que dicha información se refiere al solicitante y explicar los motivos por lo que dicha información la considera irrelevante, obsoleta o inaceptable, y adjuntar una copia de un documento que le identifique. Estas solicitudes serán examinadas por un «Comité de Expertos» para pronunciarse sobre si se accede o no a la petición del interesado. Este Comité está formado por personas cualificadas de diferentes países y procedencias, entre los que se encuentra un español Jose Luis Piñar Mañas reputado especialista en la materia que fue Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Las informaciones publicadas cifran en 41.000 las solicitudes presentadas desde el mes de mayo, lo que evidencia la dimensión que ha adquirido este derecho y las dificultades para fijar unos criterios generales sobre la procedencia del derecho de cancelación o supresión de tales datos.

III. Límites al ejercicio de este derecho: La confrontación con otros derechos e intereses enfrentados

Aclaradas las dudas sobre la existencia del derecho al olvido y la posibilidad de ejercitar el derecho de cancelación frente a los responsables del tratamiento, incluyendo a los motores de búsqueda, el problema que se plantea es la ponderación de los posibles intereses en conflicto. Esta será una de las funciones de ese «Comité de expertos» y, en todo caso, le corresponderá ejercerla a las Agencias de protección de datos y, en último término, a los Tribunales de Justicia cuando se interponga un recurso contencioso-administrativo frente a sus decisiones.

Resulta obvio recordar que el derecho a la protección de datos, en donde se incluye «el derecho al olvido», no es un derecho absoluto. Los derechos fundamentales pueden ceder ante bienes e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (TCo 57/1994, FJ 6 -EDJ 1994/1755-; TCo 18/1999, FJ 2 -EDJ 1999/775-).

La necesaria ponderación de los derechos e intereses en conflicto, deberá de hacerse caso por caso y atendiendo a las circunstancias concurrentes, y habrá que esperar a los futuros pronunciamientos de la Agencia de Protección de Datos y de los Tribunales de Justicia para determinar cuáles son los criterios de ponderación que prevalecen y los límites que se fijan para su ejercicio.

La sentencia del TJUE 13-5-14 -EDJ 2014/67782- proporciona algunas pautas para realizar dicha ponderación:

- El derecho de cancelación «prevalece, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate».

- Y en otro apartado de la sentencia -EDJ 2014/67782- se afirma «(...) Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta -EDL 2000/94313-. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona desempeñe en la vida pública».

Por otra parte, la propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre Protección de datos -EDL 2012/98459- establece excepciones o límites relacionados con el interés público o con el ejercicio de otros derechos por parte del responsable del tratamiento. Así, permite su conservación cuando:- sean necesarios para el ejercicio del derecho de libertad de expresión; por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública; sean necesarios para fines de investigación histórica, estadística y científica; para el cumplimiento de una obligación legal impuesta por el derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro siempre que persiga un objetivo de interés público y sea proporcional a la finalidad legítima perseguida.

Considero que la determinación de cuando existe un interés en que determinados datos sean conocidos o mantenidos exige, desde una vertiente positiva, un análisis en donde se mezclan aspectos objetivos (relativos al contenido de la información y los datos que se publican) y subjetivos (relacionados con las circunstancias del afectado, y especialmente con su notoriedad pública), que han de conectarse con un juicio de proporcionalidad que exige determinar si la conservación o difusión de los datos sin el consentimiento de su titular o incluso en contra del mismo, es necesaria (si no existe una medida menos lesiva para cumplir el mismo fin) y es idónea (sirve para cumplir el fin propuesto).

Y desde una vertiente negativa es preciso tomar en consideración el factor tiempo. Será necesario ponderar la permanencia de ese interés en el tiempo, problema que guarda una especial importancia cuando del ejercicio del "derecho olvido" se trata, pues, aun cuando la utilización de los datos pudiera estar justificada en un principio, el paso del tiempo ha podido hacerlo desaparecer, especialmente cuando los datos ya no son necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados. La actualidad de la información y de los datos que incorpora puede dejar de ser relevante, desapareciendo el interés público que justificaba su inicial publicación. Y es esa pérdida de actualidad la que resulta especialmente trascendente para acceder al derecho al olvido, dado que precisamente es el paso del tiempo y la voluntad del afectado de que determinados datos o informaciones no sigan siendo accesibles al conocimiento público, unido al hecho de la intemporalidad de los datos en internet, la que justifica el ejercicio del derecho al olvido.

No debe olvidarse que de conformidad con el art. 6.1 de la Directiva -EDL 1995/16021- los datos tratados no solo han de ser adecuados, pertinentes, no excesivos y exactos cuando se recaban sino cuando posteriormente son tratados.

La sentencia del Tribunal de Justicia -EDJ 2014/67782- deja claro que la decisión de cancelación o supresión de tales datos frente al buscador no presupone que los mismos sean eliminados con carácter previo o simultáneamente de la página web en la que han sido publicados, por lo que la supresión de los datos dependerá de los derechos que invoque la persona o entidad frente a la que se ejercita, pues no tendrán la misma intensidad ni idéntica protección.

Frente al derecho del afectado en evitar la difusión de sus datos se encuentran los derechos e intereses legítimos invocables por el responsable del tratamiento. Así cuando este derecho se ejerce frente a un particular (por ej: el titular de una página web) este normalmente invocará su derecho a la libertad de expresión e información para tratar los datos de carácter personal. Y esta misma colisión es especialmente intensa en relación con el derecho a la libertad de información, cuando se ejercite el derecho de supresión frente a un medio de comunicación convencional. Debe aclararse, en este punto, que también los particulares, y no solo los periodistas profesionales, pueden estar amparados por la libertad de información tal y como se ha encargado de destacar la AN cont-adm, secc 1ª, 11-4-12 -EDJ 2012/67042-.

Pero cuando el derecho al olvido se ejercite frente a las Administraciones Públicas los problemas se gravan, al entrar en juego intereses públicos o fines públicos legítimos necesitados de protección, tales como la transparencia de la actividad pública, el principio de publicidad de sus actuaciones, la necesidad de preservar la concurrencia y participación en contratos o asuntos públicos, o simplemente el cumplimiento de obligaciones legales. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de analizar esta confrontación entre el interés público consistente en dar publicidad a la asignación de fondos en relación con la protección de datos personales de los afectados en su Sentencia del TJUE de 8-6-10, asunto C-55/08 o en la sentencia de 29-6-10, asunto C-139/07 -EDJ 2010/112482-, Comisión vs Technische Glaswerke Ilmenau en la que se trata el problema del acceso a información y documentos en un proceso contra el Estado por concesión de ayudas comunitarias contrarias al derecho comunitario y la sentencia de 29-6-10, asunto C-28/08 P, Comisión vs Bavarian Lager -EDJ 2010/112497-, relacionada con un problema de acceso a documentos (principio de buena práctica administrativa) y protección de datos de carácter personal y la ha vuelto a ponderar en la sentencia de 13-5-14 -EDJ 2014/67782- en el que ha reconocido que la información publicada en la página web de origen puede estar amparada por una obligación legal.

El ejercicio del derecho al olvido acaba de nacer y, por lo tanto, será a partir de ahora cuando deban fijarse por la legislación futura y la jurisprudencia, resolviendo los diferentes casos que se le planteen, los límites y condiciones para su ejercicio.

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de octubre de 2014.