En tales términos se ha expresado hoy Estévez durante el acto inaugural de las VIII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno de Procuradores que acoge la capital salmantina y que reúne a cerca de trescientos representantes de las sesenta y siete organizaciones colegiales de España.
En esta ocasión, la cita viene marcada por la inminente entrada en vigor de la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada hace un mes por el Consejo de Ministros, de forma que, tal y como ha explicado Estévez a Europa Press, el colectivo pretende ponerse al día de las nuevas atribuciones que les confiere el cambio normativo, a los efectos de actos de comunicación y ejecución, al objeto de poder comenzar a trabajar con todas las garantías al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este sentido, el presidente de los procuradores españoles se felicita de que la reforma supone el "culmen" de una demanda largamente acariciada por el colectivo y, aunque obligará a los colegios a crear nuevas infraestructuras, permitirá a sus profesionales convertirse en "agentes de ejecución", competentes para realizar citaciones a juicio o notificar sentencias, entre otras atribuciones, y homologarse con los del resto de la Unión Europea.
"Lo que hasta ahora hace la Administración de Justicia lo vamos a poder hacer nosotros, con la particularidad de que la primera tarda uno, dos o más meses en cada trámite y los procuradores lo vamos a transformar en días", ha insistido Estévez, quien, pese a las críticas de los empleados públicos del sector, ha recordado que el colectivo al que representa ya viene desarrollando una función pública en las notificaciones y otro sin fin de actos.
De hecho, Estévez apunta que en el resto de Europa la ejecución de notificaciones no las llevan a cabo los tribunales o funcionarios judiciales sino "profesionales liberales, que son los titulados para eso", sin que ello suponga, en su opinión, merma alguna en la imparcialidad, "de la misma forma que nadie pone en tela de juicio la independencia de un notario", ha advertido.
En cualquier caso, y tras indicar que el colectivo de procuradores no pretende quitar el trabajo a nadie, Estévez ha recordado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil incluye las correspondientes sanciones, desde el punto de vista administrativo, colegial y penal, para todos aquellos profesionales que pudieran incurrir en alguna ilegalidad en el ejercicio de su actividad.
