La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pondrá marcha una serie de modificaciones en las comunicaciones entre órganos judiciales de la jurisdicción penal encaminadas a incrementar sensiblemente el nivel de seguridad para evitar así la suplantación de las órdenes de libertad.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Sala de Gobierno del TSJ ha decidido, tras el estudio llevado a cabo por los responsables del Departamento de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), establecer un protocolo de comunicación entre órganos judiciales en el que ya no resultará necesario el fax, que ha sido sustituido por documentos escaneados incorporados al sistema informático.
En líneas generales, el órgano judicial que ha dictado el auto de libertad, tras la impresión y firma del mismo, elaborará como hasta ahora un exhorto que dirigirá al juzgado de guardia del Partido Judicial que tiene asignado el centro penitenciario. A continuación, escanea los documentos y los almacena en una carpeta, denominada Carpeta de Libertades, que forma parte de una estructura en red a la que tienen acceso todos los juzgados. Cada órgano judicial podrá crear, modificar, borrar, consultar e imprimir archivos de su carpeta, pero solamente podrá consultar e imprimir los archivos de las carpetas de los otros órganos judiciales.
De este modo, los mandamientos de libertad se comunicarán informando al juzgado pertinente de la existencia de una resolución que podrá encontrarse en la Carpeta de Libertades, a la que únicamente pueden acceder los responsables de los diferentes órganos implicados en la libertad de un interno.
Una vez cumplido el actual programa de actuación, el Juzgado de Guardia redactará el mandamiento de libertad, que remitirá al centro penitenciario junto con el auto de libertad, devolviendo el exhorto al órgano de procedencia, una vez cumplimentado.
Por último, el centro penitenciario pondrá en libertad al preso tras recibir el mandamiento de libertad.
A partir de hoy, todas las puestas en libertad de internos acogidos en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid se realizarán siguiendo este nuevo protocolo de actuación, del que ya tienen conocimiento los jueces y magistrados de la región con competencias en la jurisdicción penal.
