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PROPIEDAD HORIZONTAL

¿Es posible acumular nuevas cuotas de gastos comunes en la fase de ejecución posterior al proceso monitorio?

Tribuna 01-02-2013

1.- Planteamiento de la cuestión.

El proceso monitorio se implantó en nuestra legislación procesal a través de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463- (a partir de ahora, LEC) correspondiendo a una petición largamente sentida por los procesalistas ya que por medio de este procedimiento se pretendía conseguir importantes objetivos de economía, tanto dineraria como procesal. Lo que no se preveía entonces era el auge que alcanzaría este proceso, y que en buena medida viene favorecido por la crisis económica que experimentamos en los últimos años. Sea como fuere, el protagonismo que ha adquirido este proceso se manifiesta en los datos ofrecidos por las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Esta relevancia es reconocida por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2011/13540-, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, cuando declara, en su Preámbulo, que: "La protección del crédito ha acaparado una importancia creciente en los últimos años y tuvo un hito especialmente relevante en el Derecho español con la regulación del proceso monitorio en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-. El éxito de este instrumento procedimentalmente breve que permite, con cierta facilidad, obtener un auto de ejecución de un derecho de crédito con ciertas características, se ha traducido en el incremento de su importancia cuantitativa, que lo ha situado en la actualidad como procedimiento previo de más de una tercera parte del total de las ejecuciones del orden civil".

Por su parte, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial -EDL 2009/238889-, que elevó la cuantía del monitorio de 30.000 a 250.000 euros, pone en valor el mismo, destacando que se trata de un proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas. La sencillez del procedimiento y su utilidad como forma de protección del crédito ha provocado una utilización masiva del mismo que, por sí sola, justifica ampliar su ámbito de aplicación; es el proceso más utilizado para la reclamación de cantidades. Por otro lado, se ha mostrado como una vía para evitar juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la petición inicial.

Ahora bien, frente a la importancia cuantitativa del proceso monitorio se aprecia la existencia de numerosas cuestiones que viene suscitando la aplicación práctica del mismo, que no han encontrado adecuada respuesta en las modificaciones legales operadas hasta el momento. Entre las diversas cuestiones que el procedimiento monitorio viene suscitando, nos planteamos ahora la que se puede resumir en el siguiente interrogante: ¿es de aplicación lo dispuesto en el art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- a la ejecución que se deriva tras la finalización del proceso monitorio en virtud del art. 816 LEC -EDL 2000/77463-? (1). Como indicábamos anteriormente, esta cuestión no ha sido clarificada tampoco en la última reforma de calado de la LEC, operada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal -EDL 2011/222122-, aunque contiene la importante medida de extender el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, que omite toda referencia a la cuestión que vamos a analizar en el presente artículo.

Pues bien, adentrándonos en la cuestión planteada, se hace imprescindible retrotraernos un poco en el tiempo y destacar que la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal introdujo, art. 21.11 -EDL 1999/60873-, la posibilidad de que a la reclamación principal se pudieran ir acumulando las sucesivas cuotas que se fueran devengando durante la sustanciación del procedimiento, posibilidad ésta extensible a la fase de ejecución de la sentencia, precepto que, según la doctrina, estaba claramente inspirado en la redacción de los arts. 1456 a 1458 LEC de 1881 -EDL 1881/1- que preveían, en el juicio ejecutivo, la posibilidad de ampliar la ejecución a plazos de la obligación que vaya venciendo, durante la sustanciación, o una vez dictada sentencia de remate.

Recordemos también, como esta reforma legal fue recibida con opiniones encontradas, por un lado de bienvenida al suponer una justa compensación para la comunidad acreedora basada en el principio de economía procesal y que evitaba un nuevo pleito basado en el mismo hecho originario, o por el contrario, en sentido negativo, al tratarse de una reforma que rozaba la inconstitucionalidad por merma del derecho de defensa, además de contradecir el principio general en materia de acumulación de las acciones.

Además, el art. 21.11 de la Ley de la Propiedad Horizontal (a partir de ahora, LPH) -EDL 1960/55- sólo exigía para la procedencia de dichas acumulaciones "su previa acreditación mediante una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquidación, expedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2", exigencia ésta recordada por la jurisprudencia menor, como fue el caso de la SAP de Valencia de 15 de septiembre de 2000, para la que la aportación de dicha certificación era fundamental, destacando en el caso concreto cómo "...en los autos no consta la «certificación» echada en falta por la demandada, puesto que la actora simplemente solicita la ampliación de la demanda a las cuotas de los dos nuevos trimestres...".

Sea como fuere, lo cierto es que el nuevo art. 21.11 LPH -EDL 1960/55- tuvo una rápida aplicación en nuestros Juzgados y Tribunales, destacando en este sentido, la SAP de Soria de 3 de mayo de 2000 -EDJ 2000/24874-, según la cual: "...el suplico de la demanda solicita asimismo que "se condene a los demandados al pago de los recibos de gastos comunes que se vayan emitiendo hasta sentencia", petición que debemos interpretar de conformidad con el art. 21.11 de la LPH -EDL 1960/55-, que establece que "podrán acumularse durante el curso del proceso, sin necesidad de retrotraer el procedimiento, las cuotas vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda, considerándose comunes a la ampliación los trámites que le hayan precedido. Esta facultad se extenderá a la fase de ejecución de sentencia. La acumulación durante el proceso de la deuda vencida con la comunidad con posterioridad a la presentación de la demanda requerirá su previa acreditación mediante una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquidación, expedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2".

De lo expuesto, la doctrina que se deducía se concretaba en los siguientes puntos:

-Podían acumularse durante el curso del proceso, sin necesidad de retrotraer el procedimiento, las cuotas vencidas con posterioridad a la presentación de la demanda, considerándose comunes a la ampliación los trámites que le hayan precedido.

-Esta facultad se extendía a la fase de ejecución de la sentencia.

-La acumulación durante el proceso de la deuda vencida con la comunidad con posterioridad a la presentación de la demanda requería su previa acreditación mediante una nueva certificación del acuerdo aprobatorio de la liquidación, expedida con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

Ahora bien, se puede decir que esta situación, al menos respecto de la fase ejecutiva, cambió sustancialmente con la entrada en vigor de la LEC de 2000 -EDL 2000/77463-, que en lo que ahora interesa, dio nueva redacción al art. 21 LPH -EDL 1960/55-, suprimiendo su apartado 11. Por tanto, a partir de ese momento se entendió que no era posible adoptar esa "efectiva medida" en el proceso de ejecución. Pero lo que parecía ser una primera conclusión sencilla, la práctica ha demostrado que no lo era tanto, existiendo opiniones encontradas sobre si una vez que el deudor requerido ni paga ni se opone en tiempo y forma, y es despachada ejecución contra él, la comunidad de propietarios actora puede solicitar que dicha ejecución se extienda a las nuevas cuotas de gastos comunes devengadas.

A este respecto, el art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- dispone, con carácter general, referido al "vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda", lo siguiente: "si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento".

Pues bien, cierto sector doctrinal, en atención al contenido del precepto transcrito, consideró que la acumulación de cuotas es factible en base a la semejanza entre ambos preceptos (arts. 21.11 LPH -EDL 1960/55- -Ley 8/99 -EDL 1999/60873-- y el art. 578 LEC -EDL 2000/77463-), siempre y cuando se acrediten mediante nuevas certificaciones del acuerdo aprobatorio de la liquidación, expedidas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2º del art. 21 LPH -EDL 1960/55-. En este sentido se ha pronunciado Tomé García (2), para el que: "...en la actualidad, el artículo 21 de la LPH -EDL 1960/55-, no hace referencia a esta posibilidad, sin embargo debemos seguir defendiendo que ello es posible, puesto que, con carácter general, señala el artículo 578.1º de la LEC, que, si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento...". En cambio, otra corriente doctrinal contraria a la anterior considera que el art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- no es extrapolable a la ejecución despachada tras un proceso monitorio.

Centrada la cuestión, pasemos a ver cuales son las posiciones que mantienen al respecto las Audiencias Provinciales.

2.- Tesis favorable a la acumulación de nuevas cuotas vencidas en la fase de ejecución.

En primer lugar, destacamos un grupo de resoluciones que estiman viable la acumulación de las nuevas cuotas vencidas en la fase de ejecución. La fundamentación jurídica de las resoluciones que así se posicionan, aunque varía según el caso, suele coincidir en los siguientes puntos básicos:

- Evitar nuevos procesos relativos a nuevos incumplimientos de comuneros morosos. En este sentido, ilustrativo resulta el AAP Burgos, sec. 2ª, de 5 de febrero de 2004 -EDJ 2004/27066-. En este caso, se despachó ejecución contra dos copropietarios en base a una resolución que puso fin a un proceso monitorio tramitado con arreglo al art. 21 LPH -EDL 1960/55-, según la redacción dada por la LEC de 2000, cuyas disposiciones se aplicaron en dicho proceso especial, consistiendo la reclamación en varias cuotas ordinarias mensuales. Analizando el problema relativo a si puede ser o no objeto de ampliación la ejecución previamente despachada por la vía del art. 578 LEC -EDL 2000/77463-, esta resolución razona lo siguiente: "...este precepto, que halla su razón de ser más próxima en el artículo 21.11 de la LPH -EDL 1960/55- no es sino una consecuencia, a su vez, y como tuvo lugar de decir este Tribunal con anterioridad, de la redacción dada a los arts. 1456 y 1457 de la LEC de 1881 -EDL 1881/1- que, con sus posteriores modificaciones, y cuyos preceptos, singularmente en la materia de propiedad horizontal, que es la que ahora interesa, permitía acumular las reclamaciones de las cuotasvencidas, en las comunidades de propietarios, con posterioridad a la demanda e, incluso, en ejecución de sentencia, sin que fuera necesario retrotraer las actuaciones judiciales. Tal regulación buscaba, y pretende, evitar nuevos procesos relativos a nuevos incumplimientos de comuneros morosos en sus obligaciones para con la comunidad, evitando reiteraciones procesales que ninguna utilidad práctica conllevarían...".

- No existir norma alguna que impida dicha aplicación. Así se ha pronunciado el AAP Álava, sec. 2ª, de 23 de abril de 2004: "...ninguna norma impide que en una ejecución dineraria de título judicial pueda el ejecutante solicitar y obtener la ampliación de la vía de apremio por los importes correspondientes a nuevos plazos o vencimientos de la misma obligación (art. 578 -EDL 2000/77463-); la cuestión depende exclusivamente del contenido del título ejecutivo judicial, de si ha incluido o no la condena de futuro a satisfacer nuevos plazos...".

A decir del AAP Lleida, sec. 2ª, de 4 de octubre de 2007 -EDJ 2007/248186-, la previsión contenida en el anterior art. 21.11 LPH -EDL 1960/55- desapareció con motivo de la redacción y entrada en vigor de lo previsto, con carácter general, en los arts. 220 (la posibilidad, cuando se trata de prestaciones periódicas, de incluir en la sentencia la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento de dictarla), y 578 LEC -EDL 2000/77463- (en relación con la ampliación de la ejecución).

Negar dicha acumulación colocaría -a decir del AAP Burgos, sec. 2ª, de 5 de febrero de 2004- -EDJ 2004/27066- a las comunidades de propietarios, y a los justiciables que usen del proceso monitorio, en una situación peor que la del resto de los acreedores, sin ninguna razón que avale tal actuación discriminatoria.

Por último, el AAP Guadalajara, sec. 1ª, de 31 de marzo de 2004 condiciona tal ampliación a que no se varíe la causa petendi: "...ningún obstáculo cabe oponer, en otro orden de cosas a que se amplíe la demanda para acoger los vencimientos posteriores a la presentación de la misma en el proceso monitorio permitiendo la actual LEC en el art. 578 -EDL 2000/77463- la solicitud de la ampliación de la ejecución si venciera algún plazo de misma ejecución en cuya virtud se procede, criterio que lógicamente será de aplicación en la presentación de la demanda cuya "causa petendi" coincide con la petición de inicio del juicio monitorio...".

3.- Resoluciones judiciales contrarias a la ampliación del objeto

El argumento jurídico fundamental que arguyen, por término general, las resoluciones que se muestran contrarias a la aplicación del art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- a las ejecuciones derivadas de un previo proceso monitorio, reside en que las nuevas cuotas de gastos comunes no tienen la consideración de obligaciones pagaderas a plazos, porque la debida contribución a los gastos comunitarios no se estructura como una sola obligación con pagos aplazados, sino como obligaciones sucesivas.

Iniciamos este repaso con la SAP Cantabria, sec. 2ª, de 27 de junio de 2005 -EDJ 2005/107583-, que ante un supuesto en el que la parte apelante pretendía que la condena incluyera "las cantidades que se vayan devengando en fase de ejecución" aduciendo para ello el art. 21 LPH -EDL 1960/55- y el 578 LEC -EDL 2000/77463-, por el contrario la Sala estimó que ninguno de esos preceptos es infringido por la sentencia recurrida por la sencilla razón de que ninguno de ellos contempla supuestos de hecho como el enjuiciado en dicha ocasión, y así se dice que:

- El actual art. 21 LPH -EDL 1960/55- no prevé posibilidad alguna que permita el dictado de una sentencia que contenga una condena al pago de deudas futuras.

- El art. 578 LEC -EDL 2000/77463- tampoco resulta de aplicación porque en esa norma que regula la ampliación de la ejecución se presupone la existencia de una obligación pagadera a plazos, lo que no es el caso, porque la debida contribución a los gastos comunitarios no se estructura como una sola obligación con pagos aplazados, sino como obligaciones sucesivas.

- Ni el art. 220 LEC -EDL 2000/77463- resulta aplicable porque regula las condenas de futuro porque la obligación de cada copropietario de contribuir a los gastos generales, servicios, cargas y responsabilidades del inmueble que no sean susceptibles de individualización, no se corresponde, evidentemente, con pagos de intereses, ni con prestaciones periódicas, toda vez que el nacimiento y por tanto la misma periodicidad y contenido de la obligación comunitaria estará condicionada, en cada momento, por la existencia y entidad de aquellos gastos, servicios, cargas y responsabilidades.

Incide en esta tesis, el AAP Valencia, sec. 11ª, de 23 de junio de 2006 -EDJ 2006/364491, para el que: "al ser inaplicable al caso el art. 578 de la misma Ley... puesto que conforme a la literalidad de dicho precepto, queda reservada esta posibilidad al vencimiento de nuevos plazos de la misma obligación en cuya virtud se procede a la obligación en su totalidad, lo que implica que nos encontremos con plazos de una misma obligación que resulta ajeno a las deudas aprobadas por la Junta General como gastos generales a abonar por los comuneros que resultan autónomas por si mismas y distintas aunque se reclamen por periodos, y pudiendo ser objeto de impugnación el acuerdo adoptado en cada caso...", añadiendo, que: "...no resulta factible prescindir de los trámites del art. 21.2º de la LPH -EDL 1960/55- en cuanto a la notificación al propietario afectado de los acuerdos a que se refiere el mismo, dando oportunidad a la impugnación, en función de las circunstancias específicas que puedan concurrir en cada caso, y a su vez, de optarse por la reclamación a través del proceso monitorio, de permitir el pago una vez requerido el deudor o la oposición del mismo respecto a la nueva deuda, en consideración al caso concreto, como establecen los arts. 817 y 818 de la LEC -EDL 2000/77463-, pudiendo generar indefensión al propietario si se prescinde de estos trámites, dadas las limitadas posibilidades de oposición que corresponden al proceso de ejecución de título judicial si se acude directamente al mismo...".

También, el AAP Madrid, sec. 11ª, nº 12/2010, de 23 de diciembre, incide en esta cuestión, poniendo de relieve que: "...esta nueva redacción ha suprimido la posibilidad que antes se contemplaba en el número 11 de mencionado artículo, de manera habrá de estarse a lo ahora regulado que la ha dejado sin efecto, limitando el importe de la deuda y, consecuentemente, de la ejecución, al que resulte de la certificación que debe acompañarse con el escrito inicial del proceso monitorio, regulación especial que prima sobre la general excluyendo su aplicación y, en concreto, la posibilidad que prevé el art. 578 de la LEC -EDL 2000/77463- que la apelante postula como aplicable por virtud de la remisión del art. 816.2 del mismo texto legal...".

Por último destacamos el más reciente AAP Madrid, sec. 21ª, nº 80/2012, de 28 de marzo -EDJ 2012/90781-, y que por el interés que tiene, nos permitimos transcribir sus principales fundamentos de derecho: "...las previsiones contenidas en este precepto, en cuanto a la posibilidad de ampliación de la ejecución a cuotas vencidas y no satisfechas por el propietario que no cumpliera con su obligación de pago, desapareció en la nueva redacción a este precepto dada por la Disposición Final Primera 2 de la LEC -EDL 2000/77463-, que trató de corregir precisamente la defectuosa regulación en este precepto contenida, ante los problemas que con él mismo se plantearon y críticas a tal precepto realizadas, precisamente en cuanto a la ampliación de la ejecución por nuevas cuotas a que en el presente recurso nos venimos refiriendo, al resultar atentatorias, conforme a numerosos autores, al constitucional derecho de defensa de que debe disponer siempre el deudor, al no permitirle oponerse a la reclamación de pago de las mismas que se le efectuaran, acudiendo directamente a la ampliación de una ejecución inicialmente ya despachada.

Ni en la nueva redacción de este precepto, ni en la regulación contenida en los arts. 812 a 816 de la vigente Ley Procesal -EDL 2000/77463- se plantea la acumulación de cuotas de comunidad nuevas respecto a las reclamadas en dicho procedimiento.

En todo caso, y si bien es cierto que es una obligación de todo propietario integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al adecuado mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo la determinación del importe en que deba contribuir para cumplir con esta obligación deriva de los concretos acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios en cada caso, que es quien establece el importe o cuantía de las cuotas a abonar por los diferentes propietarios, así como el número de aquéllas, obedeciendo la determinación de estas cuotas, en su cuantía y número, a causas diferentes con las que además cada uno de los propietarios en cuestión puede o no estar de acuerdo, siendo por ello por lo que aun cuando sea una sola la obligación del propietario de un piso o local integrado en un régimen de propiedad horizontal la de contribuir al mantenimiento y sostenimiento del inmueble, sin embargo no pueden considerarse como vencimientos sucesivos de esa obligación las cuotas a abonar en cada caso por aquéllos en tanto que no es que deriven sin más de la existencia de tal obligación sino precisamente de los sucesivos acuerdos adoptados en Junta por los diferentes propietarios a tal fin.

No podemos olvidar, por otra parte, que el despacho de ejecución cuya ampliación se pretende se dictó en base a Auto dictado en procedimiento monitorio del que el mismo traía causa, siendo precisamente la resolución dictada en tal proceso monitorio, tras ser requeridos de pago los demandados sin que se opusieran a dicho requerimiento, el título que llevaba aparejada la ejecución, sin que desde luego pueda considerarse como título ejecutivo, como parece pretender la parte apelante, la mera certificación del Secretario de una Comunidad de Propietarios con el Visto Bueno del Presidente de la misma, en la que constan las cuotas impagadas por uno de los propietarios integrados en tal Comunidad...".

4.- Posturas eclécticas.

Algún pronunciamiento judicial ha considerado viable la ampliación por impago de nuevas cuotas que se refieran a la obligación ya declarada y reconocida, no a la obligación genérica que nace de la Ley. Este es el caso del AAP Burgos, sec. 3ª, de 17 de octubre de 2001 , según el cual: "...se pretende la ampliación en la cantidad de...ptas., de principal, correspondientes a recibos por varios conceptos, de los cuales únicamente se aprecia que tenga relación con la obligación en cuya virtud se procedió, un recibo por importe ... del mes de junio de 2000, en concepto de derrama por obras del portal. No así el resto de recibos pues se refieren a Fondo de Reserva y de obras, sin especificar si lo son del portal, que serían las únicas procedentes, o por sustitución del ascensor...".

Por su parte, el AAP Baleares, sec. 5ª, de 12 mayo de 2004, confirmó el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia denegatorio de la ampliación solicitada por la parte ejecutante al amparo del art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- al entender que no es aplicable a las ejecuciones procedentes de juicios monitorios, por su propia naturaleza, básicamente porque el título es distinto, es decir, porque la nueva cantidad, si bien coinciden las partes, derivaría de una obligación distinta, sin que se pueda olvidar que el monitorio que dio origen a la ejecución despachada exige la presentación de documentos que acrediten de forma fehaciente la deuda y además requiere la notificación de la misma al demandado, por todo lo cual concluyó que la parte reclamante pretende la ampliación de la ejecución en virtud de un título distinto, lo cual debe ser denegado, sin perjuicio de que planteado un nuevo monitorio y llegado a la fase de ejecución, ambos puedan ser acumulados. En concreto, la Sala declaró lo siguiente: "...en efecto, no puede resultar de aplicación en este proceso el art. 578 de la LEC -EDL 2000/77463- (ubicado sistemáticamente en la disposiciones generales que disciplinan la ejecución dineraria y no entre las normas que regulan específicamente el juicio monitorio), ya que dicho precepto permite la ampliación de la ejecución por los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pide el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento, en aquellos supuestos en que la ejecución se haya despachado por deuda de una cantidad líquida y, después de ello, venciere algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, supuesto de hecho distinto del que ahora se enjuicia, en el que se pretende por la comunidad de propietarios reclamante que se amplíe la ejecución no porque haya vencido algún plazo de una misma obligación, sino porque, al parecer, se han generado deudas distintas y por causas diferentes de aquellas por las que originariamente se despachó la ejecución, pues en la reclamación inicial se exigían las cantidades dinerarias correspondientes a determinados recibos de incineradora, ascensor y a unos concretos recibos mensuales, en tanto que la ampliación de la ejecución se solicitó por otros recibos de incineradora y ascensor, así como por mensualidades transcurridas posteriormente, siendo variables las cantidades mensuales, es decir, que no se trata de vencimientos de plazos de una misma obligación, sino de distintas obligaciones...".

5.- Conclusión.

Como se puede comprobar tras el repaso jurisprudencial que hemos realizado, la cuestión lejos de ser pacífica entre la doctrina y la jurisprudencia menor suscita una viva polémica. Ante esta disparidad sería más necesaria que nunca la unificación de criterios con carácter general, y a esta finalidad responde el acuerdo adoptado por la Junta de Jueces de Valencia el día 7 de febrero de 2008 (3) que declara que: "...despachada ejecución después de un proceso monitorio de reclamación de gastos comunes de propiedad horizontal, no cabe aplicar el artículo 578 de la LEC -EDL 2000/77463- para ampliar la ejecución a la reclamación de nuevas deudas por gastos comunes que hayan vencido con posterioridad a la demanda, sino que deben reclamarse instando nuevo proceso monitorio". Entendemos que este es el mejor camino por las siguientes razones:

-Se garantiza el derecho del deudor y se respeta lo dispuesto en los arts. 21.2 LPH -EDL 1960/55- y, en su caso, 815 LEC -EDL 2000/77463- (requerimiento de pago por el plazo de veinte días).

-El art. 578.1 LEC -EDL 2000/77463- se refiere estrictamente a los sucesivos vencimientos de una única obligación. No se puede ampliar la ejecución a nuevos vencimientos por cuotas de gastos comunes vencidas y no satisfechas: en este caso no se está en presencia de una obligación pagadera a plazos, porque la debida contribución a los gastos comunitarios no se estructura como una sola obligación con pagos aplazados, sino como obligaciones sucesivas y, por tanto, distintas. Sí creemos que se puede hacer una salvedad: resultaría ampliable la ejecución a los vencimientos de una misma obligación, piénsese, v.gr., en el supuesto de reparación de la fachada del edificio a cobrar en distintas derramas.

Notas

1.- Aunque sí para el juicio verbal subsiguiente, siendo de aplicación el art. 578 LEC -EDL 2000/77463- que señala que si venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiera así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento.

2.- "El proceso monitorio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil". Revista de Derecho Procesal, nº2. 2000, pág. 476.

3.- Revista Práctica de Tribunales, nº 56, enero 2009.

Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Propiedad Horizontal", el 1 de febrero de 2013.