El acuerdo, impulsado en el seno de la Comisión Provincial de Reactivación de la Justicia de Granada, incluye parámetros concretos sobre las comunicaciones, plazos para realizarlas, interlocutores participantes y documentos por los que se articularán estos acuerdos de conformidad entre las partes implicadas en cualquier fase del procedimiento penal previa a la celebración de la vista oral.
“Este acuerdo es una vieja aspiración del Colegio de Abogados de Granada con el que fiscales y letrados vamos a disponer de una exhaustiva guía para llevar a cabo las conformidades de forma ágil, lo que va a redundar en la reducción del colapso de la Justicia y, por tanto, en la prestación de un mejor servicio para toda la ciudadanía”, ha señalado el decano de la Corporación profesional, Leandro Cabrera, encargado de firmar el documento junto al fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente. “Con este acuerdo se pretende lograr una mayor eficacia al convenio firmado en 2009 entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española para conseguir mayor número de conformidades y alcanzarlas antes”, ha añadido el representante del Ministerio Público.
Esta figura jurídica, que permite la solución consensuada entre las partes en procesos penales con penas no superiores a 6 años de prisión, está prevista en la ley. Solo en 2019 se alcanzaron en torno a 3.400 sentencias por conformidad en la provincia. No obstante, en la práctica, los acuerdos se producían habitualmente instantes antes del juicio. A partir de ahora, con el nuevo acuerdo, se establece un marco de actuación que facilita la conformidad en las fases iniciales del procedimiento –sin perjuicio de que se pueda producir en cualquier momento previo a la vista oral- y evade la necesidad de llevar a cabo trámites administrativo y señalamientos de juicios innecesarios por parte de los operadores jurídicos. De hecho, el límite temporal aconsejable máximo para proponer y tramitar completamente la conformidad será el de diez días hábiles antes de la fecha señalada para la vista oral, con algunas excepciones en atención a las circunstancias de complejidad del caso.
“Los acusados, a través de sus abogados, podrán cerrar un acuerdo con mayor antelación, disminuyendo el periodo de incertidumbre, mientras que se generará una mayor disponibilidad de los juzgados para otros temas que beneficiará al resto de justiciables, al evitar que estos asuntos penales lleguen a los tribunales, con las consiguientes prácticas de prueba, comparecencia de testigos o actos de comunicación procesal por el órgano judicial”, ha explicado Cabrera.
Para ello, el documento introduce, entre otras cuestiones, que la iniciativa para la conformidad partirá de los fiscales o los letrados, que podrán contactar con la Oficina Fiscal por medio del formulario normalizado puesto a su disposición por el Colegio de Abogados y que será remitido a la dirección de correo electrónico habilitada al efecto por la Fiscalía, con un plazo de contestación de cinco días.
Asimismo, dada la situación de pandemia, el acuerdo da preferencia a la vía telemática (teléfono o videoconferencia) en las reuniones posteriores entre los intervinientes, minimizando el riesgo de contagio y generando un importante ahorro de tiempo, desplazamientos y espacios ocupados. En todo caso, cualquier información sobre los términos abordados por las partes en torno al acuerdo estará sujeto a los principios de confidencialidad y no vinculación de cara al juicio, en caso de no alcanzar la conformidad.
Junto a esto, se ha creado un Grupo de Trabajo para el control y seguimiento del acuerdo, formado por un representante de la Fiscalía y otro de la Abogacía, que se reunirá, al menos, una vez al semestre, para la resolución de los problemas de interpretación que suscite su aplicación, evaluar los resultados, detectar fallos y proponer las correcciones oportunas.
