DERECHO DE LA CIRCULACIÓN

Futura despenalización de la siniestralidad vial en los juicios de faltas y su derivación a la vía civil. ¿Quién emitirá los partes de sanidad?

Foro Coordinador: Velasco Núñez

Planteamiento

Sometemos a examen un problema que, con la futura modificación del Código Penal se va a suscitar en torno a la derogación del actual Libro III del Código Penal ("De las faltas y sus penas", arts. 617 a 639, EDL 1995/16398), por lo que a partir de su futura entrada en vigor, ya no cabrá hablar de "faltas" en nuestro ordenamiento punitivo, y ello acarreará consecuencias en la siniestralidad vial, habida cuenta que, al desaparecer la tipificación del art. 621 CP y la tramitación que hasta la fecha se hacía por la vía penal de los accidentes de circulación en los casos en los que se deriva a juicio de faltas, va a resultar que la despenalización de la siniestralidad vial por la vía del art. 621 CP abre una interrogante a la tramitación de los partes de sanidad de los lesionados.

La cuestión que suscitamos es la relativa a si, dado que esta despenalización va a derivar a la vía civil la accidentalidad vial que hasta la fecha se tramitaba como juicio de faltas cómo van a emitirse los partes de sanidad de los lesionados por los médicos forenses o si, dado que ahora se derivará todo a la vía civil del juicio verbal u ordinario atendiendo a la cuantía de la reclamación, los médicos forenses ya no van a elaborar partes de sanidad y se va a tener que recurrir tan solo a la pericial de parte de especialistas en valoración de daño corporal.

¿Podrían las partes solicitar que por la vía de la pericial judicial interviniera el médico forense? ¿O el perito judicial también deberá extraerse del listado de especialistas en valoración del daño corporal?

Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de marzo de 2013.

Puntos de vista

Enrique García-Chamón Cervera

En primer lugar, considero conveniente matizar que la futura despenalización...

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Luis Alberto Gil Nogueras

Ciertamente, la mencionada despenalización en la medida en que ya no constit...

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Fernando Lacaba Sánchez

El texto del Anteproyecto procede a derogar el actual Libro III del Código P...

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Manuel Perales Candela

El anteproyecto de reforma del Código Penal realizado por el Ministerio de J...

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Alberto Pérez Ureña

La práctica forense viene poniendo de manifiesto que una persona que resulta...

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Esteban Solaz Solaz

La futura despenalización de las faltas en materia de siniestralidad vial co...

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Luis Antonio Soler Pascual

Si como consecuencia de la despenalización la siniestralidad vial deriva en ...

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Julio José Úbeda de los Cobos

Considero que las partes no pueden proponer como perito al Médico Forense en...

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Eloy Velasco Núñez

La anunciada despenalización de algunas faltas para la supresión de esta ca...

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Resultado

Aprobado por MAYORÍA DE 8 VOTOS

La mayoría de nuestros colaboradores considera que la intervención del médico forense pasará a ser muy restrictiva y casi inaplicable, debiendo recurrirse en el proceso civil a la pericial de parte por regla general. Así, concluyen que:

1º. Van a quedar con la reforma fuera de la cobertura del proceso penal numerosas conductas que hasta ahora han venido siendo enjuiciadas por nuestros Juzgados de Instrucción. Entre las más relevantes, cabe resaltar los juicios de faltas por simples accidentes de tráfico, que parece lógico que pasen a la jurisdicción civil.

2º. El Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses (EDL 1996/14342), otorga a los mismos "la emisión de informes y dictámenes médico legales que les sean solicitados a través de los Institutos de Medicina Legal por los juzgados". Por lo tanto, habrá que pedir al juzgado se acuerde de forma motivada la inexistencia de causa legal para no comparecer a ratificarse sobre un informe médico forense por parte del emisor del mismo que no es realizar actividad pericial privada, por cuanto el parte definitivo de sanidad se emite en base a un informe médico forense.

3º. La futura despenalización de la falta de imprudencia leve con resultado de lesiones tipificada en el art. 621 CP (EDL 1995/16398) no afectará a la vigencia del delito de imprudencia grave con resultado de lesiones previsto y penado en el art. 152 CP.

Si ello es así, salvo que de la denuncia o del atestado se desprenda de manera inequívoca que estamos en presencia de una imprudencia simple despenalizada, procederá incoar Diligencias Previas y en las mismas se acordará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 355 LECrim (EDL 1882/1), la emisión por el Médico Forense de los correspondientes partes de esencia, control de la evolución de la lesión hasta su completa sanidad.

4º. Si éste se archivara, deberá iniciarse el proceso civil para reclamar el perjudicado la correspondiente indemnización. A la demanda, si así interesa a la parte demandante, se acompañarán como prueba documental los partes de esencia, de evolución y, en su caso, de sanidad, emitidos por el Médico Forense antes de haberse acordado el sobreseimiento de la anterior causa penal para justificar la indemnización por incapacidad temporal y por lesiones permanentes o secuelas.

5º. Pero si el mismo perjudicado considera que los hechos están despenalizados y lo procedente es iniciar directamente un proceso civil, no podrá solicitar ser reconocido por el Médico Forense, porque como en la LEC (EDL 2000/77463) no se prevé la intervención del Médico Forense para realizar el control periódico de los lesionados y la valoración de los daños corporales, no podrá el Juez de Primera Instancia acordar como prueba la emisión por el Médico Forense de un informe sobre valoración del daño corporal del lesionado-demandante.

6º. Podrá intervenir en el proceso civil en los supuestos en que el instante de la prueba pericial goce del beneficio de justicia gratuita, conforme con el art. 6 de la Ley de asistencia jurídica gratuita (EDL 1996/13683) y también la redacción del párrafo 2º del art. 435, dada su redacción, posibilitaría siempre con carácter excepcional, y cumpliendo las previsiones que el mismo describe, una pericial del médico forense acordado como diligencia final por el Juez de oficio, en un supuesto en que la prueba practicada no hubiere dado un resultado positivo pese a la voluntad y diligencia de las partes, si con ello se pudiera adquirir certeza sobre los hechos.

7º. En el supuesto en que alguna de las partes, o ambas, requiera la intervención de un perito nombrado por el Juzgado (art. 339 LEC), lo será, en principio y salvo que ambas partes de mutuo acuerdo propongan determinada persona o entidad, de entre el elenco de peritos especialistas en valoración del daño corporal; entendemos que los miembros del Cuerpo de Médicos Forenses, como funcionarios públicos, no van a poder cumplir dicha función en asuntos que no afectan al orden público.

8º. Otra cosa es que se pueda hacer uso de sus informes si han sido emitidos en un juicio penal previo, pero no serían propiamente peritos judiciales que tuvieran que realizar y dar cumplimiento a la estricta vía del art. 341 LEC. Si se propone pericial judicial médica, debe utilizarse la vía del colegio de médicos.

Sin embargo, nuestro colaborador Manuel Perales Candela considera que sí podrán intervenir los médicos forenses, por cuanto:

1º. Puede admitirse fijar la facultad por parte de los juzgados y tribunales civiles de recabar el correspondiente informe pericial del médico forense, a fin de determinar desde el punto de vista objetivo cuál es la valoración de lesiones y daños físicos que pudiera sufrir la parte que insta la reparación económica derivada del accidente ocurrido.

2º. No obstante, al inicio del procedimiento el actor carecerá del informe médico forense que en la tramitación de un juicio de faltas pudiera existir y que es elemento desencadenante de la posible transacción que el perjudicado suele alcanzar con la aseguradora.

3º. De acuerdo con la actual normativa procesal civil, la solución estaría en el nº 4 del art. 339 LEC, que permite el que las partes litigantes se pongan de acuerdo en cuanto a solicitar la designación de un perito concreto, debiendo así acordarlo el tribunal.