En un momento en el que los ciudadanos exigen y confían en los jueces como máximos garantes del Estado de Derecho, la asociación censura que el Gobierno haya decidido reducir "drásticamente" la ya deficitaria plantilla judicial a través de "un ERE" de más de 1.500 jueces sustitutos y magistrados suplentes.
Vaticina que esta supresión comportará una "adicional y más aún inasumible carga de trabajo" para los jueces titulares que provocará que muchos asuntos "mueran" en los juzgados al no poder ser atendidos.
Denuncia así en un comunicado que la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, supone la práctica desaparición de sus puestos de trabajo en un momento en el que los tribunales se ven sobrecargados por la falta de medios y la instrucción de numerosos casos de corrupción.
La nueva regulación "pone de un plumazo en la calle, y sin haberse previsto a la par ninguna vía que favorezca la incorporación a la Administración de Justicia de un potencial humano tan numeroso y cualificado". "El nefasto resultado final lo pagarán, como es obvio, los usuarios de la justicia y los profesionales libres del Derecho", concluye.
