Las asociaciones judiciales y de fiscales han reclamado en un comunicado más información sobre los planes de refuerzo y comisiones de servicio vigentes o que estén previstos. Asimismo, han explicado que el borrador de anteproyecto de ley de eficiencia procesal contendrá medidas de agilización y tecnológicas, mediante la cita previa y la videoidentificación, y otros medios alternativos para la solución de conflictos.
La nota también recoge la solicitud de las asociaciones profesionales para la derogación urgente del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque, a su juicio, genera "inseguridad jurídica" por el cómputo de los plazos del precepto. "Desde el Ministerio se reconoce la necesidad y urgencia de la derogación y se nos informa que es un asunto que se está abordando", ha aclarado.
Sobre los test a los fiscales, el departamento dirigido por Juan Carlos Campo ha señalado que alguna Comunidad Autónoma los está realizando, pero que el Ministerio no tiene intención por el momento de realizarlos por no estar prescrito por las autoridades sanitarias.
Justicia, en el encuentro telemático con las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales para informar sobre los planes de desescalada en este área, ha informado de la inminente aprobación de una Orden Ministerial para activar el próximo 9 de junio la fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia.
En esa orden, se incluirá la incorporación del 100 por 100 de las plantillas en sus respectivos centros de trabajo y el Ministerio garantizará la adecuada protección de todo el personal con EPIs y pantallas de protección. En los edificios se limitarán los aforos de público.
También recogerá una regulación específica del teletrabajo en la que serán los responsables de cada unidad, con criterios de atención a las necesidades de servicio los que puedan determinar, en el caso de existir medios, que funcionarios (en un horquilla entre el 30 y 40 por 100 y con obligación de asistir dos días al Juzgado) pueden teletrabajar.
Por último, no podrá ser llamado a prestar servicios de forma presencial el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto de la exposición la COVID-19. Igualmente se ha indicado que se van a regular las vacaciones de este verano con la finalidad de concentrar el disfrute de las mismas para la mayoría de los funcionarios en el mes de agosto y permitir así que julio, y en particular septiembre, sean meses de plena operatividad.
