Si la Comisión de Justicia da el visto bueno, la iniciativa podría aprobarse en el próximo Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el 11 de marzo.
La proposición de ley plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de prisión para estos piquetes y posibilitar la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.
Según el informe de ponencia al que ha tenido acceso Europa Press, la iniciativa llega a Comisión sin cambios sustanciales, únicamente varias correcciones de carácter técnico en la exposición de motivos.
Enmiendas
Además de la iniciativa, los grupos deberán debatir las enmiendas parciales de los grupos, ya que la proposición de ley acumula enmiendas como la conservación de la redacción vigente de la ley; la ampliación de las penas de prisión para los piquetes; o la presentación de un proyecto de Ley de Huelga, previo acuerdo con los agentes sociales, para sustituir la regulación actual, "de base preconstitucional".
También se propone la enmienda de mantener en el Código Penal las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los piquetes en una huelga, aunque rebaja los años de prisión previstos a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones.
Se plantea equiparar y rebajar las penas para quienes "mediante engaño o abuso de situación necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical, el derecho de huelga o condujeren a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
La propuesta limita a un año la pena máxima de prisión prevista en este artículo --actualmente se fija en dos años de cárcel-- y en caso de existir coacciones se rebaja de los tres años de prisión vigentes a dos años. El artículo vigente para las coacciones en el ámbito de una huelga contempla penas de cárcel de hasta tres años.
