Estos plazos están suspendidos de forma indefinida en aplicación del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre (publicado en el BOE el día siguiente), por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, según ha recordado el TSJCV en un comunicado.
La presidenta del TSJCV ha dictado el acuerdo de este miércoles con la propuesta de reactivación de los plazos "a la vista del sentir de la Sala de Gobierno" y de otro acuerdo que firmó ayer martes, relativo a la reanudación de la actividad juridicial ordinaria en los Juzgados de Catarroja a partir del próximo lunes.
Los otros dos partidos judiciales que resultaron más afectados por la DANA que azotó a la provincia de Valencia el pasado 29 de enero ya recuperaron la normalidad días atrás. Los de Requena retomaron la actividad ordinaria el 18 de noviembre y los de Torrent el día 25.
La propuesta que eleva ahora Pilar de la Oliva al CGPJ recoge que a partir del próximo lunes sería cada órgano judicial el que adopte "las concretas resoluciones en atención a las cuestiones que se vayan planteando".
Asimismo, recuerda nuevamente el mensaje "claro y rotundo" que ya lanzó en su día la Sala de Gobierno del alto tribunal valenciano sobre la "inexistencia de obligación" de cualquier ciudadano o profesional de acudir a una actuación jurisdiccional si encuentra "cualquier tipo de dificultad para desplazarse" a una sede judicial, "en aras de garantizar la seguridad de las personas", entre otras cosas, mientras persistan circunstancias que así lo impongan derivadas de los daños ocasionados por la DANA.
El acuerdo de urgencia dictado por la presidenta del TSJCV deberá ser ratificado en la próxima reunión de la Sala de Gobierno de la institución.
