También avanza la mejora de la normativa concursal y propone para luchar contra la morosidad comercial un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
El proyecto se enmarca en el componente 13 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de establecer un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.
Esta propuesta responde a las recomendaciones específicas realizadas por los diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y productividad de las empresas mediante la eliminación de los obstáculos a la creación y crecimiento empresarial derivados del marco regulatorio, del desigual acceso a la financiación y de las barreras al buen funcionamiento del mercado interior.
Con esta finalidad, la consulta pública recabará las opiniones y aportaciones de los operadores económicos en estos ámbitos hasta el próximo 19 de marzo, y permitirá recoger propuestas para configurar una propuesta de Anteproyecto de Ley que se elevará a audiencia pública.
Según el Ministerio, la mejora de estos elementos permitirá a las empresas tener una mayor capacidad para acometer las inversiones necesarias para seguir siendo competitivas en el contexto de la doble transformación digital y verde, e impulsar su modernización e innovación.
"Todo ello contribuirá al incremento de la productividad, factor determinante del crecimiento potencial de la economía, y a una mayor resistencia ante potenciales crisis", ha añadido.
Preguntada sobre este proyecto, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado en la presentación del informe del comercio exterior de 2020 que la iniciativa es "muy positiva" porque redundará en las fases previas para lograr una mayor internacionalización de las empresas españolas.
Fija en un euro el capital mínimo para constituir una sociedad
Entre los ámbitos de reforma, propone eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL), permitiendo su constitución con un euro de capital (funcional), mediante una reforma del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que llevaría aparejada la supresión del régimen de formación sucesiva de SRL.
En la consulta Economía subraya también que en un contexto crecientemente digital, resulta preciso establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital.
Así, señala que la directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) obliga a los Estados miembros a que una SRL pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.
Adicionalmente, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades mercantiles puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al registro mercantil en formato electrónico, o la obligación de que los registros estén en disposición de responder al requerimiento del registro de otro Estado miembro sobre la inhabilitación de un particular para ejercer como administrador, o medidas destinadas a facilitar el suministro de información por parte de los registros mercantiles a terceros sobre las empresas en formato electrónico.
Reforma de la normativa concursal
Asimismo, el Gobierno abordará la modernización del régimen aplicable a la reestructuración empresarial y, en particular, la normativa concursal, con el fin de disponer de procesos ágiles para los procesos de transformación inherentes al buen funcionamiento de la economía.
Lo acometerá mediante otros proyectos de reforma normativa para la trasposición de Directiva de insolvencia (Directiva 2019/1023), que tiene por objeto incrementar la eficacia de los instrumentos preconcursales y del procedimiento de segunda oportunidad.
Mejorar la regulación, eliminar obstáculos y reducir cargas
A su vez, ve como elementos "esenciales" la eliminación de obstáculos innecesarios, desproporcionados o discriminatorios al acceso y ejercicio de actividades económicas y la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio para promover la creación y el crecimiento de las empresas.
Además, ve preciso analizar una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas en forma de una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.
Economía también avanza una mejora de la regulación tras identificar cuestiones "susceptibles de mejora" en relación con la aplicación de los mecanismos de protección de operadores gestionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, relativas a los plazos o la coherencia con el sistema ordinario de recursos, entre otros.
Respecto a la morosidad comercial, indica que a la vista de la información sobre los incumplimientos de los periodos medios de pago estipulados en las operaciones entre empresas y los inconvenientes que esto plantea, considera necesario profundizar en la implementación de medidas adicionales a las de la directiva europea de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en buen aparte ya recogidas en la vigente regulación española.
Concretamente, propone la implantación de incentivos que pueden mejorar la eficacia y transparencia de la legislación contra la morosidad comercial, con un cambio hacia una "cultura de pago sin demora" podría basarse en directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales, reforzar el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
Capital-riesgo y mercados alternativos
Para apoyar financieramente el crecimiento empresarial, baraja medidas de acceso a fuentes de financiación diversificadas que no dependan únicamente de fondos propios o financiación bancaria, por lo que ve "especialmente relevante" el papel que puede jugar el capital-riesgo y los mercados alternativos.
Asimismo, Economía implementará medidas financieras para impulsar la financiación privada para la creación de 'startups' y el proceso de 'scale up', así como de impulso de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), de mayor interés para las pymes.
Por último, otras reformas conllevarán la eliminación de barreras regulatorias para el crecimiento empresarial y la creación de incentivos para que las pymes y los autónomos decidan apostar por el crecimiento de su negocio.
