El grupo proponente argumenta que, en la medida en que se han ido superando las circunstancias extraordinarias por las que se adoptaron las limitaciones antes señaladas, es posible restablecer las condiciones que regían antes de la crisis económica tanto en lo que se refiere a jueces y magistrados como, por extensión, a los integrantes del Ministerio Fiscal, letrados de la Administración de Justicia y personal al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no hayan sido recuperados con anterioridad, según fuentes parlamentarias.
La Proposición de Ley Orgánica plantea, para ello, recuperar los días de vacaciones adicionales por antigüedad y permisos por asuntos propios que eliminó en 2012 la Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia con el objetivo de alcanzar la estabilidad presupuestaria y fomentar la competitividad.
Asimismo, propone equiparar la duración del permiso de paternidad a las cuatro semanas establecidas con carácter general en el Estatuto Básico del Empleado Público; y adapta las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial a las referencias al acogimiento preadoptivo recogidas en la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Por último, aconseja que las mejoras que, en lo sucesivo, se produzcan en esta materia en el ámbito de las Administraciones Públicas y que, en definitiva, afectan a la conciliación de la vida familiar y laboral, se trasladen de manera inmediata al ámbito de la Administración de Justicia, en especial por lo que se refiere a jueces, magistrados y fiscales, a través de su reflejo inmediato en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
