"Los procuradores somos una pieza clave en la actividad constante de los juzgados que seguimos e impulsamos como profesionales, pero que en ocasiones deja poco lugar para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar", han expuesto en su misiva, firmada por los decanos de Zaragoza, Vigo, Sevilla, Santiago de Compostela, Valencia, León, Ourense, Lugo, Lorca, Cantabria, Cartagena, Tortosa y Elche.
Los profesionales de la procura han explicado en un comunicado que el funcionamiento actual de los distintos sistemas telemáticos que el Ministerio de Justicia emplea en cada comunidad autónoma y por donde reciben y envían los documentos de las causas abiertas, como Lexnet, Vereda o Avantius, les obliga a "estar operativos 24 horas y los 365 días del año".
"No existen en la legislación procesal vigente alternativas que permitan detener de forma temporal y por fuerza mayor esa actividad para que, como cualquier ciudadano, podamos afrontar problemas que a todos nos afectan en algún momento, como puede ser el fallecimiento de un familiar, el caer enfermos o el nacimiento de un hijo", han indicado.
Frente a ello, han defendido que los casi 10.000 procuradores que hay en España tienen derecho "a la conciliación de la vida laboral y personal". "A afrontar casos de fuerza mayor igual que cualquier otro profesional, sin perjuicio para nuestro trabajo o para nuestros clientes, que en última instancia, son todos los ciudadanos", han apostillado.
"Agravio comparativo"
En concreto, han denunciado un "agravio comparativo" respecto a los abogados, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil sí contempla la suspensión de vistas y procesos en casos extraordinarios para los letrados, y cuentan con tres días para gestionar las notificaciones, mientras que para los procuradores se hacen efectivas al día siguiente.
Asimismo, han planteado por qué existen diferencias en la legislación procesal entre procuradores y abogados cuando no las hay en sus derechos y obligaciones en
caso de una incapacidad temporal como trabajadores por cuenta propia, de la Seguridad Social o de las distintas mutualidades.
Los procuradores han incidido en que estas diferencias suponen un "riesgo jurídico" para sus representados, puesto que cuando un procurador no puede presentar la alegación o demanda correspondiente o asistir a la vista el derecho a la tutela judicial efectiva de sus clientes "queda inmediatamente cercenado".
Desconexión y conciliación
En consecuencia, han considerado "fundamental" actualizar la legislación vigente para "incluir a los procuradores en los preceptos reservados hasta ahora para otros operadores y contar con un mecanismo que permita la paralización temporal de Lexnet y sus homólogos en casos de fuerza mayor".
Para ello, se han dirigido al Ministerio de Justicia, así como al de Trabajo y Economía Social y a las fuerzas parlamentarias, para que "lleven a efecto, a la mayor brevedad y con carácter de urgencia, las oportunas reformas legislativas que permitan la efectiva conciliación de la vida profesional, familiar y personal".
Han recordado además que esta reivindicación no es nueva --dicen volver a ella "cada vez que vemos a un compañero afrontar un momento clave de su vida más preocupado por Lexnet o cualquier otro sistema de los existentes que por la grave situación que está viviendo"--, si bien sostienen que ha cobrado plena actualidad por la pandemia de coronavirus, por lo que entienden que "ha llegado el momento" de abordarla "definitivamente".
