La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en sus Presupuestos aprobados por Ley 5/2011, de 23 de diciembre, dedicaba a la partida de asistencia jurídica gratuita la cantidad de 34.020.000 euros, de los cuales 30.897.000 euros, estaban destinados al pago de los servicios de los abogados, incluyendo la gestión que prestan los colegios y la retribución de los letrados.
Era la misma partida que en 2011. En 2011, a pesar de una reducción considerable en el número de designaciones, la partida fue claramente insuficiente y como lo mismo había pasado en 2008, 2009 y 2010, la situación real es que el 11 de mayo de 2012 la CAM abonó las actuaciones justificadas en el segundo y tercer trimestre de 2011 (18.429.940 euros), consumiéndose con dicho pago la mayor parte del presupuesto para 2012, pues el primer trimestre de 2011 también se había pagado con cargo al presupuesto de 2012.
Es decir, queda pendiente de pago el cuarto trimestre de 2011 y los dos primeros de 2012 y en las arcas de la Dirección de Justicia de la CAM quedan 1.906.484 euros, es decir, la ruina absoluta. Esto ha sucedido por la terquedad de la Administración autonómica en no presupuestar el coste real del servicio, lo cual ha obligado a la CAM, año tras año, a acudir a la vía del crédito extraordinario para poder pagar las facturas de los Colegios de Abogados.
En estas circunstancias el gobierno de la Sra. Aguirre, se ha permitido aprobar en la Ley 4/2012, de 4 de julio, unos nuevos presupuestos para 2012 (primera vez que ha ocurrido en nuestra Comunidad), que a mediados del ejercicio han reducido el gasto en justicia gratuita en un 20%. Las tablas o baremos con arreglo a los cuales somos retribuidos los abogados de oficio, datan de 2003 y desde entonces nunca han sido actualizados.
Eso quiere decir, que si sumamos a la rebaja del 20%, la pérdida de poder adquisitivo derivada del incremento del IPC de estos 9 años, los abogados del Turno vamos a percibir cerca de un 50% menos en 2012 de lo que cobrábamos en 2003. Pero todo ello no son más que números en abstracto, porque, repito, la situación real es que con nuevos presupuestos o sin ellos, la Consejería de Justicia de la CAM tiene menos de dos millones de euros para abonar los gastos de justicia gratuita, no ya de 2012, sino tan siquiera para terminar de pagar 2011.
Por otra parte, amparándose en la implantación de un nuevo sistema informático, la CAM anuncia, con aplicación retroactiva al segundo trimestre de 2012, que dejará de pagar las actuaciones profesionales prestadas a quienes después no han obtenido el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el orden penal, bien porque expresamente se lo han denegado por no cumplir los requisitos legales, bien porque se haya archivado la solicitud por no aportar la documentación requerida.
Los Colegios de Madrid y Alcalá, en vez de impugnar ante los Tribunales de manera urgente dicha medida, la aplican por adelantado de forma acrítica a la hora de pagar nuestras retribuciones mediante la línea de descuento bancario llamada "confirming".
La injusticia es manifiesta si pensamos que el acusado en un procedimiento penal no tiene obligación de colaborar de ninguna manera con la administración, que nuestros servicios le son en cierto modo impuestos, pues si no designa un abogado particular, se le nombrará uno de oficio, dice la Ley.
Los letrados del turno tenemos que defender a una persona generalmente muy humilde, en muchas ocasiones con graves problemas mentales y de drogadicción, que no ha solicitado los servicios de la administración de justicia y que, igualmente que tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tampoco tiene porqué facilitar sus datos personales sobre sus ingresos económicos. En pocas ocasiones prestamos servicios a personas con capacidad económica como para contratar a un abogado particular.
Los abogados de oficio decimos que la CAM debe pagar nuestros servicios en todo caso y luego repetir contra el ciudadano si se benefició de la asistencia jurídica gratuita sin tener derecho a ello, exactamente igual que sucede con cualquier prestación pública indebidamente percibida.
Hasta ahora el sistema legalmente previsto en la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita ha girado sobre un eje básico: los ciudadanos más pobres deben tener la posibilidad de contar con un abogado en unas condiciones similares a las de los más ricos, es decir, un profesional liberal independiente con experiencia y formación suficientes.
Y así ha sido durante estos 16 años, los Colegios han gestionado el servicio y las designaciones han sido atendidas por profesionales que ejercemos por nuestra propia cuenta y que tratamos a los clientes de oficio igual que a los particulares: les recibimos en nuestro despacho, nos tomamos interés en su asunto, les llamamos por teléfono cuantas veces sea necesario, vamos a visitarles a prisión y nos preparamos los juicios.
Como no somos funcionarios públicos, ni personal laboral contratado, las administraciones se ahorran todos los costes fijos inherentes a tener que contar con una plantilla de miles de abogados, que serían necesarios para atender las cerca de 110.000 designaciones anuales.
La ventaja añadida para los contribuyentes es que pueden acudir a una red de 4.500 abogados distribuidos por todos los rincones de la Comunidad, encontrando con facilidad un abogado especializado y próximo a su domicilio. Los abogados de oficio cobramos unos honorarios muy por debajo de mercado, unos 300 euros por tramitar un procedimiento penal completo, por seguir con el ejemplo, cuando el precio de este servicio entre abogados de similar experiencia estaría muy por encima, pero el sistema ha funcionado bien porque nuestro colectivo ejerce, -hay que decirlo alto, claro y con orgullo-, con una gran vocación.
Las retribuciones obtenidas vienen a suponer para la mayoría de los que estamos en el Turno, un complemento a nuestros ingresos, necesario para pagar los gastos fijos de nuestros, generalmente, pequeños despachos y, por consiguiente, la suma de los recortes aludidos, que suponen más de la mitad de nuestras percepciones, unido a la demora permanente en el pago, pone en peligro la supervivencia del único o principal medio de vida de varios miles de abogados.
El gobierno autonómico, el mismo que se gastó un millón y medio de euros en poner la primera piedra del aborto llamado Ciudad de la Justicia, en parte para pagar facturas de sociedades luego implicadas en la trama Gürtel, mete la tijera con saña en nuestras retribuciones, porque piensa que la mayoría de los ciudadanos no demanda nuestros servicios habitualmente y porque considera a los profesionales perjudicados poco peligrosos, cree que nuestra propia idiosincrasia individualista, unida a la dispersión geográfica de nuestras oficinas, hace imposible que nos organicemos para plantar cara a estas medidas.
También ha contado con el escudo protector de los colegios profesionales. El de procuradores se ha caracterizado por su mutismo absoluto, como si la cosa no fuera con ellos. Y los de abogados, tanto el de Madrid como el de Alcalá de Henares, formalmente critican las medidas restrictivas emitiendo comunicados muy grandilocuentes, afirmando con rotundidad que "no lo van a consentir", pero en la práctica acatan sumisamente la implantación de estas medidas y boicotean las propuestas de las asociaciones de abogados de oficio.
En resumen, los abogados del turno nos encontramos de forma acumulada:
1º) Que no se actualizan nuestros baremos desde 2003.
2º) Que la CAM nos paga con una media de retraso de un año.
3º) Que para poder cobrar puntualmente hemos de acudir al "confirming", pagando unos intereses en torno al 5%.
4º) Que en el "confirming" del segundo trimestre de 2012, los Colegios, de forma preventiva, nos aplican la medida de no abonarnos el trabajo ya realizado si al justiciable no le ha sido concedida la justicia gratuita, a pesar de que la CAM, como aún no ha pagado este período, todavía no ha hecho efectivo este nuevo recorte.
5º) Que en el pago del tercer trimestre de 2012 y sucesivos, además de todo lo anterior, se nos reducirán los honorarios un 20%, como consecuencia de la indicada rebaja en la Ley de Presupuestos.
Esta situación tiene que cambiar de forma radical y ante esta nueva agresión tan injusta a nuestros intereses profesionales y al derecho de los ciudadanos a una asistencia jurídica gratuita de calidad, hemos de organizarnos los abogados de oficio para demostrar que somos insustituibles.
La sociedad sabe que son esenciales algunos servicios como el transporte público o la sanidad, rechaza los recortes presupuestarios que amenazan su buen funcionamiento y se alarma cuando se anuncian huelgas en esos sectores, sin embargo, desconoce qué consecuencias tendría un paro de los abogados de oficio. El día que logremos paralizar totalmente el servicio en reivindicación de nuestras justas demandas, con el apoyo de nuestros colegios profesionales, las cosas cambiarán y podremos sentarnos a negociar unas condiciones dignas para el futuro.
Los abogados de oficio tenemos que movilizarnos urgentemente para defender nuestros derechos y para acceder al gobierno de los colegios que, estatutariamente, tienen la obligación de representarnos y defendernos. Repito, no se trata solamente de una cuestión económica, sino de garantizar que un servicio público esencial para los más necesitados, siga funcionando tan bien como hasta ahora. La Asociación ALTODO plantea una renuncia colectiva a las guardias a partir del 1 de octubre de 2012, si antes del 30 de septiembre la CAM no da marcha atrás en las medidas implantadas ¿Contaremos esta vez con el apoyo de nuestros Colegios?
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