La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz está preparando una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que elaborará en esta legislatura y que actualizará los preceptos de la norma vigente desde el año 1999.
Durante su intervención en la Comisión del ramo de la Cámara autonómica, Montero ha dicho que esta norma incidirá en la protección y garantía de los derechos de este colectivo y que vinculará y comprometerá a todas las consejerías de la Junta en un marco legal que encuadrará todos los planes y actuaciones relacionados con la atención de un colectivo "que conforman más de 700.000 personas, es decir, el 9,5% de la población de esta comunidad".
También ha señalado que, en la actualidad, la Consejería de Salud y Bienestar Social está desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, que pretende mejorar la accesibilidad en los ámbitos de la educación, la vivienda, el transporte, el empleo, el ocio, la comunicación y el medio ambiente, así como la atención que se presta a este colectivo en los servicios sociales y desde el voluntariado.
La consejera ha afirmado que la Junta lleva a cabo el Plan Integral para las Mujeres con Discapacidad --que representan el 61,6% de este colectivo en Andalucía-, una iniciativa en la que destacan la apertura en todas las provincias de consultas ginecológicas adaptadas en el sistema sanitario público y la estrategia de formación específica para estas personas, sus familiares y profesionales que trabajan con ellas en diferentes ámbitos.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del dos por ciento de contratos en las empresas privadas.
La titular de Salud y Bienestar Social ha recordado que la Junta ha firmado este mismo año el Pacto Andaluz por la Accesibilidad con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad CERMI-Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía, y los Consejos Andaluces de Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Ordenanzas de accesibilidad
Montero ha anunciado también que, en virtud de este acuerdo, la Junta va a instar a los municipios a que se adhieran al Pacto por la Accesibilidad y a que aprueben ordenanzas municipales que promuevan y faciliten el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en el ámbito local.
El objetivo fundamental de este acuerdo es promover la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, de los medios de transporte, así como de los sistemas de información y comunicación en Andalucía. Para ello, se solicita la implicación de instituciones públicas, entidades representantes de personas con discapacidad, colegios profesionales y organizaciones empresariales y sindicales.
Montero ha señalado que uno de los compromisos de esta legislatura es propiciar la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios de viviendas, mediante el impulso del modelo de vivienda convertible, un proyecto en el que se encuentra trabajando la Consejería de Fomento y Vivienda y que posibilita una adaptación a las necesidades personales a un bajo coste.
Transporte y lengua de signos
En cuanto al área del transporte, Montero ha señalado que son ya 45.000 personas con movilidad reducida las que tienen en Andalucía la tarjeta de aparcamiento de vehículos. La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% y una movilidad reducida.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65% y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
Montero ha resaltado igualmente la puesta en marcha en diciembre de 2011 de la primera ley que regula en una comunidad autónoma el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera, tras la aprobación de la norma estatal.
A lo largo de esta legislatura, se va aprobar el reglamento que incluirá las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación, así como una orden por la que se creará una comisión especial de seguimiento en el seno del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con representación de los colectivos afectados para impulsar y velar por el cumplimiento de esta ley.
En el mismo campo de la discapacidad auditiva, la consejera ha resaltado el funcionamiento satisfactorio del programa de Detección Precoz de Hipoacusias en Recién Nacidos, cuyo objetivo es detectar posibles déficits auditivos y su rehabilitación.
En lo que respecta al empleo, Montero ha señalado que el compromiso de esta legislatura es seguir desarrollando el Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacad y promover acciones específicas para incrementar su inclusión en el mercado laboral ordinario con el cumplimiento efectivo de la reserva del 2% de contratos en las empresas privadas.
Por otro lado, la consejera ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas para promover una imagen real de las personas con discapacidad alejada de estereotipos y prejuicios. Con tal fin, se propondrá la inclusión en los planes de estudio oficiales de las facultades de Comunicación de contenidos relacionados con las buenas prácticas en el tratamiento a personas con discapacidad.
