El recurrente alegaba que no se había tenido en cuenta la situación particular del demandado, en relación tanto a sus patologías y los brotes recurrentes a consecuencia del abandono de su medicación y señalaba que la guarda de hecho es insuficiente y defienden que su hermano necesita una curatela, puesto que no puede tomar decisiones sobre su salud y sobre contenidos económicos.
La Audiencia, en cambio, señala que a la vista de los informes médicos y de servicios sociales y de las entrevistas realizadas, la enfermedad que padece no le impiden desenvolverse en su vida diaria y vivir según sus deseos y preferencias.
Además, la Sala recuerda que la ley 8/2021 ha cambiado completamente el régimen jurídico de las personas con discapacidad, para empezar, destacan, ya no cabe modificar la capacidad de nadie, al contrario, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Se quiere con ello respetar su voluntad y preferencias.
En este caso, prosigue la sentencia, es precisamente el que pretende erradicar la nueva normativa: “los déficits en la capacidad mental no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”.
De forma, tal vez “bienintencionada”, pero extramuros de la ley, el recurrente quiere proteger a su hermano para que se tome la medicación y no malgaste su dinero.
Pero toda medida de apoyo, continúa, debe ser individualizada y requiere que el sujeto padezca una enfermedad que le impida valerse por sí mismo, y además, menoscabe gravemente su inteligencia y voluntad, causas que aquí no incurren, sentencian.
Por todo ello “no advertimos que su conducta actual justifique una intervención en el ámbito de su salud como en su patrimonio”.
La Sala también emite una reflexión sobre la nueva Ley 8/2021 y señala que “reconocemos que los nuevos parámetros legales distan mucho del régimen jurídico tradicional. Son incompatibles con lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero es justo lo que se busca”.
Las personas con discapacidad, prosiguen, “tienen los mismos derechos que el resto. Se quiere preservar su dignidad. No son ciudadanos de segunda. Y en el caso de las personas con enfermedad mental, la sociedad debe abordar su situación con menos prejuicios. Las limitaciones de cada individuo no deben ser un obstáculo para el pleno reconocimiento y desarrollo de su capacidad, ejerciendo sus derechos en la mayor medida posible”.
AP de Badajoz. Sección nº 2. Sentencia nº 809/2022 de 25 de octubre de 2022.
