La Comisión General de las Comunidades Autónomas que se ha desarrollado este martes en el Senado para analizar el impacto del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) sobre las competencias de las autonomías se ha saldado con la aprobación de un informe del PP (31 votos a favor y 18 en contra) que descarta problemas en este asunto, un ofrecimiento del ministro de Educación para escalonar la aplicación de la ley una vez esté en vigor, y el compromiso de la mayor parte de la oposición y de cuatro comunidades autónomas de derogar la norma, aplicarla con salvedades o llevarla ante el Tribunal Constitucional.
Son las tres principales conclusiones de esta comisión que, tres años después de su última convocatoria, se ha prolongado durante algo más de seis horas y en la que han comparecido, además del titular de Educación, José Ignacio Wert, los responsables del ramo en las 17 comunidades y ciudades autónomas, los portavoces de los grupos parlamentarios en el Senado y otros diez senadores designados por las autonomías, estos todos de la oposición, que han reclamado la retirada del proyecto LOMCE.
Wert ha intervenido dos veces, por la mañana, tras la defensa del informe de la ponencia elaborado por el PP y de los votos particulares presentados al mismo por Entesa, PSOE, Grupo Mixto, CiU y PNV; y por la tarde, tras escuchar a los consejeros autonómicos y a los senadores de Entesa, PNV, CiU, Grupo Mixto y Grupo Socialista en el turno de oradores y de nuevo, a los grupos parlamentarios, poniendo así fin a la sesión.
Según ha dicho, su departamento está dispuesto a revisar el calendario de aplicación de la LOMCE para que una vez entre en vigor, se desarrolle de forma "escalonada". "Quiero poner de manifiesto ante esta comisión la disposición del Ministerio de Educación de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento", ha señalado.
El titular de Educación ha apuntado además, que la financiación está "estrechamente" vinculada al calendario de aplicación y que, por tanto, "irá siendo más exigente en la medida en que la puesta en aplicación de la norma vaya teniendo consecuencias".
Más financiación, más tiempo
Tanto la implantación, prevista en dos años, como la financiación de la LOMCE habían sido dos de los aspectos criticados por Andalucía, Cataluña, Canarias, Asturias y País Vasco, cuyos responsables de Educación han ofrecido una rueda de prensa antes de iniciarse la comisión en la que han señalado, además, que llevarán la ley, si se aprueba, ante el Tribunal Constitucional.
Los grupos parlamentarios con votos particulares al informe también se han referido a estas cuestiones: Han coincidido en destacar por "insuficiente" la memoria económica del proyecto, así como la pretensión de que sean las comunidades autónomas quienes soporten su desarrollo en un plazo tan ajustado, con el objetivo de déficit y la reducción prevista del porcentaje del PIB destinado a Educación.
En cuanto al asunto puramente competencial, objeto de la Comisión, los portavoces de PSOE, CiU, PNV, Entesa y Grupo Mixto han puesto el acento en que el proyecto es una "invasión" de las potestades autonómicas, especialmente en lo que respecta al diseño del currículo y a la regulación del uso de las lenguas cooficiales. Para Wert, si bien "puede haber una dimensión problemática", el texto se ajusta a la jurisprudencia constitucional.
Este es el extremo que defiende el informe de la ponencia elaborado y aprobado con los 31 votos del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, que confronta los aspectos que regula la LOMCE con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y con los informes del Consejo de Estado al respecto para concluir que no existen tales ingerencias.
Una "intromisión inaceptable"
La cuestión lingüísitica ha centrado parte del debate, impulsada por las críticas de PNV, Entesa y CiU así como por las consejeras de Educación de Cataluña y País Vasco. Para la peneuvista Rut Martínez, "cualquier pretensión regulatoria de este asunto" por parte del Estado es una "intromisión absolutamente inaceptable" en el "autogobierno" vasco. Montserrat Candini, de CiU, considera que no hay razón para tocar el tema pues la inmersión lingüística funciona bien. "La reforma se ha redactado sobre la base de que existe un problema con el castellano en Cataluña", ha añadido José Montilla, de Entesa, en este sentido.
Otro de los asuntos que se han ido reproduciendo a lo largo del debate ha sido la falta de consenso político y la contestación social que acompañan al proyecto LOMCE desde su nacimiento. Wert ha asegurado que las reuniones han sido múltiples y "no ha habido ninguna resistencia" de su departamento para alcanzar un acuerdo. El senador de ICV Joan Saura resumía el sentir de la oposición al decir que "la ley nace muerta" porque ya existe el compromiso de derogarla, y que ante la falta de respaldo de la comunidad educativa expresada en las huelgas y manifestaciones el ministerio "debería retirarla".
Para el portavoz de Educación del Grupo Socialista, Vicente Álvarez Areces, "este no es un proyecto de ley que necesite este país para mejorar la calidad educativa", supone una "rebaja" de dicha calidad, de la "equidad" y de la "formación de valores de ciudadanía". "Deben reflexionar, retirar esta ley, consensuar medidas que ayuden a mejorar los déficits de nuestra educación y ahí encontraran muchas fuerzas políticas que les apoyarán", ha sintetizado.
En respuesta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis Peral, ha reprochado a la oposición que no fuera tan crítica cuando se elaboró la vigente Ley Orgánica de Educación, lo que ha atribuido a que el Gobierno socialista que la auspició "siempre estaba dispuesto a la cesión preventiva" ante los nacionalismos. Para el senador, la LOMCE "ha sido elaborada por un gobierno y un partido infinitamente más respetuoso con sus adversarios políticos" y con "exquisito" respeto a las competencias autonómicas.
Una ley contra la mediocridad
Los distintos consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intervenido en defensa de la LOMCE argumentando, principalmente, que la reforma es necesaria dados los resultados de los estudiantes españoles en las clasificaciones internacionales, la tasa de abandono escolar y la "mediocridad" que, en palabras de la representante de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, fomenta la legislación actual.
"El núcleo del problema es el 25% de abandono escolar. Este es el objetivo que todos debemos tener: conseguir la mejora de los conocimientos y atajar esa terrible cifra", ha asegurado Figar, quien ha destacado además, que la norma servirá para acortar diferencias entre comunidades. Así, coincidía con la postura expresada por Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha, cuyo consejero, Antonio Marín, ha apuntado que la LOMCE es "para los alumnos y no para hacer política".
No obstante, Galicia y Castilla y León han hecho notar a Wert que se necesitará más fondos y cierta "flexibilidad" para desarrollar la ley. Lo señalaba así el consejero gallego, Jesús Vázquez, para quien de estos elementos dependerá "el éxito de su implantación" de la LOMCE. "Esta norma tiene que aportar una financiación finalista realista, suficiente y alentadora, una financiación tras realizar una valoración real del coste de implantación, teniendo en cuenta las singularidades de cada comunidad", ha dicho su homólogo castellano leonés, Juan José Mateos.
