En concreto, el afectado contrató un servicio de banca privada con Altae, la filial de fondos de inversión de Caja Madrid, tras recibir un dinero de la venta de su negocio.
La sentencia, según el despacho de abogados, recoge cómo los actores, un matrimonio de mediana edad, ofrecían un perfil inversor moderado y no profesional, y por el cual delegaban la gestión de sus recursos financieros a un gestor profesional.
Según el abogado del demandante, la declaración del gestor fue clave en el juicio porque confirmó que no se realizó test de idoneidad porque ya existía uno de 2005, cuando los actores suscribieron un contrato de gestión de cartera con Altae, y que el afectado en todo momento quería productos de renta fija.
La sentencia concluye, según Arriaga Asociados, que la actual Bankia "incurrió en evidente error a la hora de contratar la compra de participaciones preferentes, como consecuencia de una deficiente, e incluso incorrecta, información suministrada por el personal de Caja Madrid acerca del producto".
El gabinete jurídico Arriaga Asociados ha atendido a más de 4.000 personas afectadas por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas en lo que va de año.
