La declaración institucional es la siguiente:
“Como ha expresado en reiteradas ocasiones la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la libertad de expresión ampara la crítica de las resoluciones judiciales. No obstante, en la línea manifestada por la presidenta en sus discursos y por el Pleno en su declaración institucional de 1 de abril de 2025, ‘es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones’.
En este sentido, la Comisión Permanente apela a la responsabilidad institucional a fin de no mermar la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y al respeto a la independencia judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
