El contrato de interinidad en el empleo público a la luz de los recientes pronunciamientos judiciales

I. El contrato de interinidad en el empleo públicocomo exponente señero de la temporalidad

Laslimitaciones presupuestarias, amparadas en el art.135 Const -EDL 1978/3879-,que prohíbe a las Administraciones Públicas incurrir en un déficit estructuralsuperior a los márgenes establecidos, y las congelaciones en las ofertaspúblicas de empleo, han provocado una importante bolsa de contratacióntemporal, pese a la necesaria dispensa de servicios de interés general concarácter permanente. Pieza fundamental en este proceso de precarización delempleo público ha sido el recurso al contrato de interinidad, pues permitesatisfacer dos tipos de situaciones frecuentes: la necesidad que surge, por unlado, de sustituir a un trabajador con reserva de puesto, esto es, cuando sequiere cubrir su ausencia pero sin correr riesgo alguno sobre una posibleduplicación de recursos; y, por otro, de ocupar un puesto de trabajo mientrasse secundan los trámites o el procedimiento más adecuado para su provisióndefinitiva [art.15.1 c) RDLeg 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRET) -EDL 2015/182832-y art.4 RD 2720/1998 -EDL 1998/46406-].

Es más, lautilización de esta vía ha alcanzado cifras exponenciales en algunos sectorespúblicos estratégicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales,donde los trabajadores acumulan largos períodos en situación de pendencia, bienante el alargamiento de los vínculos durante varias anualidades, bien ante lareiteración en su utilización ya sea de forma objetiva (sobre un mismo puestode trabajo), ya sea mediante encadenamiento subjetivo (con idéntico empleador).

Comopeculiaridad más destacada, es menester recordar que, frente a otros vínculostemporales que van acompañados de la parte proporcional de una cuantía de 12días de salario por año de servicio, el contrato de interinidad carece decompensación económica a su finalización [art.49.1.c) TRET -EDL 2015/182832-].Sobre tal disimilitud había alertado el Tribunal de Justicia de la UniónEuropea en dos importantes sentencias, una de 2006 y otra de 2014, por suposible contradicción con la Directiva 1999/70, de 28 de junio, sobre elAcuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP, relativo al trabajo de duracióndeterminada -EDL 1999/66412- (1). Al calor de tales pronunciamientos, elTribunal Supremo vino a entender que el procedimiento a seguir en lasextinciones del contrato de interinidad por amortización de vacante debía serel previsto en los art.51 y 52.c) TRET para los despidos colectivos uobjetivos, admitiendo con ello las indemnizaciones allí dispuestas (20 días desalario por año de servicio con el tope máximo de 12 mensualidades)(2). Sinembargo, en las restantes hipótesis de terminación del vínculo (incorporacióndel titular de la plaza y finalización de la reserva de puesto del trabajadorsustituido) no habría de operar desembolso de ningún tipo, conclusión estaúltima actualmente superada, tal y como se tratará de explicar en las páginassiguientes.

II. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UniónEuropea en el asunto de Diego Porras -EDJ 2016/148258-. Una importante llamadade atención sobre la prolongación de los contratos de interinidad

Aun cuandohace casi tres años, el 26 de marzo de 2015, la Comisión Europea había enviadouna «carta de emplazamiento» al Gobierno español, dentro del procedimiento núm.2012/4224, por infracción de la normativa comunitaria, en concreto sobre laaplicación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco -EDL 1999/66412- y ladiscriminación operada en la regulación de las condiciones de trabajo entre elpersonal fijo o indefinido comparable y «los funcionarios con contrato deduración determinada o interinos en el sector público español», el 14-9-16 -EDJ2016/148258- el Tribunal Europeo ha dado un paso decisivo considerandodiscriminatoria la falta de indemnización por la terminación de un contratolaboral de interinidad en una Sentencia, de gran impacto mediático (asunto DeDiego Porras)(3), en la que da respuesta a las cuestiones prejudicialesplanteadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madridcon ocasión de un conflicto planteado por una trabajadora que prestabaservicios como interina desde febrero de 2003 en el Ministerio de Defensa, consucesivos contratos, el último durante 7 años. A dicha empleada se le comunicala extinción de su vínculo contractual con efectos de 30 de septiembre de 2012al producirse la reincorporación de la persona titular del puesto de trabajoque se encontraba en situación de excedencia por desempeñar un cargo derepresentante sindical finalizado tras la aprobación del RDL 20/2012, de 13junio -EDL 2012/139425-, que, por lo que aquí importa, provoca la revocación dela dispensa de trabajo de la trabajadora sustituida.

Trascomprobar que efectivamente la recurrente en el litigio principal se hallaba enuna «situación comparable» a la de los trabajadores contratados por tiempoindefinido por el mismo empleador durante el mismo período -realizaba, portanto, «un trabajo análogo o idéntico al de un trabajador fijo»-, el Tribunalsienta doctrina sobre la existencia de una distinción de trato entre lostrabajadores interinos y los trabajadores fijos, en la medida que, a diferenciade estos últimos, los primeros no tienen derecho a indemnización alguna alfinalizar su contrato, con independencia de la duración de los serviciosprestados. En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,analizando la normativa española interna constata su oposición a la Directiva1999/70 -EDL 1999/66412-, pues deniega cualquier cuantía por finalización delcontrato al trabajador interino por reincorporación del sustituido, mientraspermite la concesión de indemnización a los trabajadores fijos comparables, demodo que «el mero hecho de haber prestado servicios en virtud de un contrato deinterinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar lanegativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización»bajo la justificación de no encarecer costes [art.49.1 c) TRET -EDL 2015/182832-].Por ende, es contrario al ordenamiento de la Unión Europea denegar cualquierindemnización a los interinos, llegando a identificar las causas previstas enel art.49.1 c) con las del art.52 TRET, de manera tal que aquéllas se podrían odeberían incluir en el listado de este último precepto.

III. La aplicación por los órganos judicialesnacionales de la nueva doctrina judicial europea en cuanto a lasindemnizaciones de los trabajadores interinos

De especialinterés es el análisis de cómo debe integrarse la citada Sentencia del Tribunalde Justicia Comunitario en el asunto De Diego Porras dentro delordenamiento interno. A tal efecto es necesario bajarar una triple premisa departida: de un lado, el pronunciamiento afecta a aquellos supuestos en los quela contratación en interinidad se haya producido conforme a la legalidad,puesto que si estuviéramos en un caso de abuso en la temporalidad o fraude deley se aplicaría la sanción consistente en la conversión en indefinida no fijade la relación (hasta la amortización o cobertura legítima de la plaza, causasjustas de extinción de esta figura); de otro, los efectos de la sentenciacomunitaria no se producen ex nunc («desde ahora», esto es, desde lapropia sentencia), sino ex tunc («desde siempre»), es decir, desde suorigen(4), que no es otro que la Directiva comunitaria -EDL 1999/66412-,respetando lógicamente el plazo de prescripción o de caducidad o el principiode cosa juzgada; en fin, según jurisprudencia reiterada del Tribunal deJusticia, siempre que las disposiciones de una Directiva resulten ser, desde elpunto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, losparticulares podrán invocarlas frente al Estado, particularmente en sucondición de empleador(5), entendiendo que entre las entidades a las que puedenoponerse las disposiciones de una Directiva susceptible de tener efecto directose incluye todo organismo, con independencia de su forma jurídica, al que envirtud de un acto de autoridad pública se le haya encomendado la prestación deun servicio de interés general bajo la tutela de dicha autoridad y que dispongaa tal efecto de poderes exorbitantes respecto de las normas aplicables a lasrelaciones entre particulares(6).

Por tanto,la eficacia directa vertical de la Directiva está fuera de toda duda para lasAdministraciones Públicas cuando actúan como empleadoras, pudiendo entender,sin temor a errar, que los supuestos de terminación de un contrato deinterinidad por incorporación del trabajador sustituido merecen unaindemnización de 20 días, tal y como han reconocido ya varios pronunciamientosde suplicación(7) y de Juzgados de lo Social(8). En concreto -y como yaconsta-, el TSJ Madrid, en sentencia 5-10-16(9), que precisamente había planteadola cuestión prejudicial de origen. También disfrutan del mismo montante lossupuestos de amortización de vacante antes de su cobertura reglamentariaporque, como es sabido, así lo había reconocido con anterioridad el TribunalSupremo(10).

IV. Las dudas sobre su extensión a otros contratostemporales

Dando unpaso más, cabe preguntarse si se puede seguir un planteamiento maximalista paraextender idéntica indemnización a otros supuestos de contratación temporal enel sector público, debiendo poner de manifiesto una gran variedad de respuestasjudiciales acompañadas de elevadas dosis de inseguridad jurídica.

Así, enprimer lugar, la cuantía de 20 días se ha aplicado, no sin opiniones encontra(11), en las interinidades por vacante provistas por la víareglamentaria, pudiendo citar, entre otras, la STSJ Asturias 2-11-16 -EDJ 2016/212185-,referida a una «trabajadora interina que ocupa durante ocho años consecutivosel mismo puesto de trabajo, en tanto se cubría la plaza vacante de formadefinitiva, lo que permite concluir no sólo que la interesada cumplía losrequisitos de formación para acceder al puesto de trabajo de que se trata sinotambién que durante este largo período de tiempo efectuaba idéntico trabajo alde la persona que la remplazó de forma permanente para ocupar en el mismocentro de trabajo un puesto igual» (12).

En segundotérmino, se ha extendido a los indefinidos no fijos, pudiendo mencionar la STSJAsturias 8-11-16 -EDJ 2016/212185 (13) y 21-3-17 -EDJ 2017/43837- (14) o lasSTSJ Galicia 26-10-16 -EDJ 2016/220406- (15), 17 -EDJ 2017/9867- y 30-1-17 -EDJ2017/17444- (16), 10 -EDJ 2017/107214- y 17-5-17 -EDJ 2017/108670- (17) o PaísVasco 28-3-17 -EDJ 2017/83863- (18), relativas a la extinción de un contrato deesta naturaleza por cobertura reglamentaria de la plaza, supuesto en el quehasta hace menos de un año no se asumía otra cuantía que la prevista para lacontratación temporal(19). Estas situaciones, que se inscriben materialmente enla dinámica de la interinidad por vacante, también dan lugar a un tratodesigual y proscrito en las consecuencias indemnizatorias ligadas a laextinción de la relación de trabajo de duración determinada, rectificando ladoctrina anterior el TS en sentencia 28-3-17 -EDJ 2017/36917-, que pasa areconocer 20 días de indemnización(20).

En tercerlugar, ha comprendido también al contrato eventual, pudiendo destacar dosSSTSJ, con sede en Málaga, de 16-11-16 -EDJ 2016/224328-, -EDJ 2016/227320-,que reconocen una indemnización de 20 días ante la terminación de un nexo deesta categoría, en un caso celebrado por el Ayuntamiento de Marbella relativoal desarrollo de tareas de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos y deaumento de demanda de ayudas de servicios sociales(21), y en otro por la CiudadAutónoma de Melilla(22).

En cuartolugar, ha afectado igualmente al contrato por obra o servicio, pudiendo traer acolación la STSJ País Vasco 18-10-16 -EDJ 2016/179570-, que entiendecomparables la situación de un trabajador indefinido con la del contrato por obrao servicio que presta tareas de investigación y desarrollo en un hospital(23).En cambio, en relación con un vínculo de estas características, celebrado porel Ayuntamiento de Sevilla, el TS en sentencia de 23-11-16 -EDJ 2014/7722- haseguido reconociendo la indemnización por extinción de contrato temporal (12días)(24).

En quintolugar, se ha extendido, en algún pronunciamiento, al contrato de relevocelebrado por un Ayuntamiento, tal y como reconoce la STSJ País Vasco 13-6-17 -EDJ2017/126648- (25). No obstante, la STSJ Castilla y León/Burgos 13-6-17 -EDJ 2017/129893-(26) no atribuye la cuantía de 20 días ante un supuesto «de extinción de uncontrato de relevo porque el caso De Diego Porras se está refiriendo a uncontrato de interinidad, en el que no se preveía al cese ningún tipo deindemnización, a diferencia de la situación contemplada en este pleito, en elque se prevé una indemnización al cese con carácter progresivo».

En sextolugar, reflexión detenida merece, en este contexto, la figura del profesorasociado, analizada por el TJUE en una Sentencia 13-3-14 (asunto VázquezSamohano) -EDJ 2014/25087-, con ocasión de una cuestión prejudicial planteadapor el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, relativa a su adecuación ala Directiva 1999/70. En esta ocasión, aun cuando el Tribunal Comunitarioentiende que los contratos de duración determinada «no pueden renovarse para eldesempeño permanente y duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentesincluidas normalmente en la actividad del personal docente permanente», arenglón seguido considera que la celebración y renovación, por parte de lasUniversidades, de contratos de trabajo de duración determinada con profesoradoasociado, «están justificadas por la necesidad de confiar a especialistas dereconocida competencia que acrediten que ejercen su actividad profesional fuerade la Universidad el desarrollo a tiempo parcial de las tareas docentes», demodo que se podrán celebrar y renovar sin límite alguno «siempre que sigacumpliéndose el requisito del ejercicio de la actividad profesional, debiendofinalizar «cuando el profesor asociado de que se trate cumpla la edad dejubilación», no en vano en el art. 53 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,de Universidades -EDL 2001/48331-, no está prevista ninguna medida que evite lautilización abusiva de esta modalidad desde el momento en que está justificadapor una razón objetiva, que debe ser apreciada, en cada caso, por los órganosjudiciales internos. Ahora bien, habida cuenta el carácter ambiguo delpronunciamiento del Tribunal Europeo, las sentencias de suplicación de losórganos judiciales internos han sido dispares, pues, en ocasiones, no hanreconocido la posibilidad de transformarse en indefinido aunque se hayaincumplido el requisito de ejercicio de la actividad profesional fuera delámbito universitario(27); mientras en otras han apostado por la conversión enindefinido si la actividad para la que el trabajador ha sido realmentecontratado es distinta de la docente especificada en el contrato(28), ha sidoreclutado por un período dilatado de tiempo (16 años(29) o 20 años(30)) o lamayor parte de la docencia del área de conocimiento corresponde a profesoresasociados(31). El TSJ Castilla y León, en Sentencia 11-5-17 -EDJ 2017/99396-,no ha reconocido la indemnización de 20 días a un contrato de profesor asociadode más de 12 años de duración por entender que la modalidad contractual de laactora es del todo dispar a la abordada en el caso de Diego Porras (interinidadpor vacante)(32).

Por fin, elTS, en Sentencia 1-6-17 -EDJ 2017/106643- (33), ha advertido a lasUniversidades que la contratación temporal de docentes universitarios bajo lafórmula de profesores asociados no está prevista para cubrir necesidades decarácter estructural y ordinario, sino para las provisionales, de manera que encaso de que un profesor asociado fuera despedido, tras diez años impartiendolas mismas asignaturas, el cese debe considerarse improcedente y el contratocomo indefinido no fijo porque el docente ha hecho frente a una finalidaddistinta de la prevista. En palabras del propio Tribunal, «no estamos enpresencia de una nulidad total del contrato sino de una situación de fraude deley en la contratación», pues se utiliza una modalidad contractual temporal«para la realización de trabajos que no resultan amparados por la regulaciónfinalista del contrato utilizado», de modo que nos encontramos ante unasucesión de contratos de duración determinada para atender necesidades que, enrealidad, no tienen carácter temporal, sino muy al contrario, permanente yduradero, naturaleza que no está justificada a efectos de la cláusula 5.1 delAcuerdo Marco.

En fin, paraun profesor ayudante, se han reconocido 20 días de indemnización a laterminación de su contrato por STSJ Castilla y León 18-9-17 -EDJ 2017/202846- (34).

V. A la espera de nuevas resoluciones en asuntostodavía sub iudice

Laambigüedad de la fundamentación y fallo de la Sentencia De Diego Porrasy las diversas y contradictorias interpretaciones judiciales de los órganosinternos vienen acompañadas de nuevas cuestiones prejudiciales recientementeplanteadas en relación con el contrato de interinidad en el sector público.

Así haactuado el Juzg Social núm 33 de Madrid por auto 21-12-16(35) al enjuiciar unlitigio en el que se dilucida la conformidad o no a derecho de una extinción deun contrato de interinidad por vacante tras la cobertura reglamentaria de laplaza. El conflicto se suscita en la Agencia Madrileña de Atención Social de laConsejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Se tratade una trabajadora auxiliar de hostelería que suscribió primeramente uncontrato de interinidad para sustituir a un trabajador fijo (13 de marzo de2007), siendo posteriormente novado para cobertura de interinidad por vacante(1 de febrero de 2008). La convocatoria de un proceso extraordinario para laconsolidación del empleo en plazas de auxiliar de hostelería en el marco de laComunidad de Madrid se llevó a cabo el 3 de octubre de 2009, si bien fue necesarioesperar casi siete años (27 de julio de 2016), para que, tras la realización delas pruebas selectivas, se provea la plaza por la persona que ganó el concursoque no fue quien la ocupaba interinamente. Poco después, el 30 de septiembre,se comunica a la trabajadora la extinción de su contrato «por la finalizacióndel proceso de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácterlaboral y que venía ocupando interinamente». Tal secuencia lleva al Juzgado aplantear si la cláusula 4 del Acuerdo Marco -EDL 1999/66412- ¿debeinterpretarse en el sentido de que la extinción del contrato temporal deinterinidad para la cobertura de vacante por vencimiento del término que diolugar a su suscripción entre el empresario y la trabajadora constituye unarazón objetiva que justifica que el legislador nacional no prevea en tal casoindemnización alguna por fin de contrato mientras que para un trabajador fijocomparable que ha sido despedido por una causa objetiva se prevé unaindemnización de 20 días por año? En este supuesto, las conclusiones de laabogada general, Sra. Kokott, de 20 de diciembre de 2017, sientan que «lostrabajadores con contratos de duración determinada, por una parte, y lostrabajadores fijos, por otra, no se encuentran, pese a lo que pudiera parecer,a primera vista, en una situación comparable. Ello no se debe en modo algunoúnicamente al carácter temporal del trabajo de duración determinada, que, comotal, no puede ser, en términos abstractos, criterio de diferenciación, sino,muy particularmente, a la previsibilidad, mayor en un caso que en otro, deperder el puesto de trabajo, a la cual pueden asociarse indemnizaciones dediferente cuantía. Por tanto, no supone una discriminación de los trabajadorescon contratos de duración determinada el hecho de que, al finalizar suscontratos por expiración del tiempo convenido, por haberse realizado la obra oel servicio pactados o por haberse producido el hecho o acontecimientoacordado, no les corresponda indemnización alguna o les corresponda una indemnizacióninferior que a los trabajadores cuyos contratos de trabajo, de duracióndeterminada o de duración indefinida, se extinguen como consecuencia de unadecisión del empleador por una causa objetiva(36).

También,recientemente el Tribunal Supremo ha planteado una nueva cuestión prejudicialantes de resolver el recurso de casación planteado ante Sentencia del TribunalSuperior de Justicia de Madrid que otorga a la interina del caso De DiegoPorras el derecho a una indemnización equivalente al de un trabajador fijodespedido por causas objetivas, es decir, 20 días por año trabajado. El Auto dela Sala de lo Social del TS, de fecha 25-10-17 -EDJ 2017/223733- (37), pone derelieve que la conclusión extraída de la STJUE 14-9-16 -EDJ 2016/148258- hagenerado múltiples y dispares interpretaciones de los jueces de lo socialespañoles en los numerosos litigios en los que están en juego extinciones decontratos temporales, formulando las siguientes cuestiones:

1.- ¿Lacláusula 4 del Acuerdo Marco -EDL 1999/66412- sobre el trabajo de duracióndeterminada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativanacional que no establece indemnización alguna para la extinción de un contratode duración determinada por interinidad para sustituir a otro trabajador conderecho a reserva de puesto de trabajo, cuando tal extinción se produce por lareincorporación del trabajador sustituido, y, por el contrario, sí la establececuando la extinción del contrato de trabajo obedece a otras causas legalmentetasadas?

2.- Para elcaso de ser negativa la respuesta a la cuestión primera, ¿se enmarca dentro delámbito de la cláusula 5 del Acuerdo Marco -EDL 1999/66412- una medida como laestablecida por el legislador español, consistente en fijar una indemnizaciónde 12 días por año trabajado, a percibir por el trabajador a la finalización deun contrato temporal aun cuando la contratación temporal se haya limitado a unúnico contrato?

3.- De serpositiva la respuesta a la cuestión segunda, ¿es contraria a la cláusula 5 delAcuerdo Marco -EDL 1999/66412- una disposición legal que reconoce a lostrabajadores de duración determinada una indemnización de 12 días por añotrabajado a la finalización del contrato, pero excluye de la misma a lostrabajadores de duración determinada cuando el contrato se celebra porinterinidad para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto detrabajo?

Ante lamagnitud del problema interpretativo suscitado, el 17 de octubre de 2016,Gobierno y agentes sociales acordaron constituir una mesa de trabajo sobre eltema, al tiempo que encargaron la elaboración de un Informe a un Grupo deExpertos designados por las tres partes, presidido por el Prof. Montoya,informe entregado el 10 de febrero de 2017, en el que se propone modificar laregulación actual con el objeto de establecer una duración máxima al contratode interinidad, superada la cual haya de acudirse al despido objetivo, aplicara este contrato la regla de la prohibición de encadenamiento sucesivo yacompañar la extinción con una indemnización similar a la de los demáscontratos temporales, eliminándose la posibilidad de utilizar por laAdministración contratos de interinidad por vacante con una duraciónanormalmente larga. Este informe pone de manifiesto también, de un lado, que laúltima cuestión debe resolverse en Gran Sala y contando con las concusiones delabogado general y, de otro, que el Tribunal Supremo ha de pronunciarse tambiénen breve, de suerte que razones de seguridad jurídica aconsejan aplazar unaintervención legislativa hasta tanto no se cuente con esas imprescindiblesresoluciones al objeto de evitar contradicciones.

NOTAS:

1.-TJUE53/04, de 7-9-06, asunto Marrosu y Sardino -EDJ 2006/247743-, y 86/14, de11-12-14, asunto Medialdea -EDJ 2014/261113-.

2.-TS,Social, 24-6-14 (rec 217/13) -EDJ 2014/117661- y 10-12-15 (rec 2598/14) -EDJ 2015/237860-.

 

3.- C-596/14-EDJ 2016/148258-.

 

4.-TJUE15-9-95, asunto C-415/93, Bosman.

 

5.-TJUE26-2-86, C-152/84, asunto Marshall -EDJ 1986/15845-; 20-3-03, C-187/00, asuntoKutz-Bauer -EDJ 2003/5001-; 15-4-08, C-268/06, asunto Impact -EDJ 2008/17124-ó 22-12-10, C-444/09 y C-456/09, asunto Gaviero Gaviero e Iglesias Torres -EDJ 2010/264965-.

 

6.-TJUE11-6-87, asunto C-91/1987, Pretore di Saló -EDJ 1987/16076-; 3-5-05, asuntoC-122/05, Berlusconi -EDJ 2005/33516- ó 12-9-13, asunto C- 614/2011, Carratú -EDJ2013/172365-.

 

7.-TSJ PaísVasco 15-11-16 (rec 1990/16) -EDJ 2016/212577- y 7 y 28-11-17 (rec 1875/17 -EDJ2017/293198- y rec 2247/17 -EDJ 2017/294812-), Asturias 2-11-16 (rec 1904/16) -EDJ2016/212185- y 29-6-17 (rec 1617/17), Galicia 17-2-17 (rec 4819/16) -EDJ 2017/28868-y 8-5-17 (rec 981/17) -EDJ 2017/76750-, Madrid 29-5-17 (rec 318/17) -EDJ 2017/128807-,Andalucía/Málaga 15-2-17 (rec 214/17), Castilla y León/Valladolid 17-4-17 (rec403/17) y 5, 11, 12 y 19-12-17 (rec 2194/17, 2195/17, 2322/17 y 2356/17) yCastilla y León/Burgos 30-6-17, 20-9-17 y 2-10-17 (rec 773/17, 514/17 -EDJ 2017/200534-y 547/17 -EDJ 2017/211410-) ó Canarias/Santa Cruz de Tenerife (rec 451/17) -EDJ2017/330129-. En contra, TSJ Cataluña 30-12-16 (rec 3593/16) -EDJ 2016/261224-.

 

8.-Sentenciasdel Juzg de lo Social Asturias 2-11-16 (núm. 1904/16), Salamanca 29-12-16 (núm317/16) -EDJ 2016/241125-, Valladolid 27-3-17 (núm 74/17), Bilbao 15-3-17 (núm98/17) o Vitoria 7-3-17 (núm 51/17) -EDJ 2017/26028-.

 

9.-Rec264/14. Si bien no faltan pronunciamientos en contra de este mismo Tribunal,tal y como sucede con las SSTSJ Madrid 29-6-17 y 10-7-17 (rec 411/17 -EDJ 2017/176522-y rec 322/17 -EDJ 2017/185204-).

 

10.-TS 24-6-14(rec 217/13) -EDJ 2014/117661-.

 

11.-TSJMadrid 19-5-17 (rec 223/17) -EDJ 2017/127126- y 5 y 7-6-17 (rec 344/17 -EDJ 2017/136288y 449/17 -EDJ 2017/136131-).

 

12.-Rec2238/16. También, SSTSJ Madrid 8-5-17 (rec 87/17) -EDJ 2017/128739-, Castilla yLeón/Valladolid 22-3-17 (rec 215/17) -EDJ 2017/53574- y Asturias 14-2-17 (rec2966/16) -EDJ 2017/20986-.

 

13.-Rec 2142/16 -EDJ 2016/217675-.

 

14.-Rec 493/17 -EDJ 2017/43837-.

 

15.-Rec 2059/16 -EDJ 2016/220406-.

 

16.-Rec3864/16 -EDJ 2017/9867- y 4245/16 –EDC 2017/17444-.

 

17.-Rec717/17 -EDJ 2017/107214- y 5320/16 -EDJ 2017/108670-.

 

18.-Rec473/17 -EDJ 2017/83863-.

 

19.-Entremuchas, TS 7-11-16 (rec 755/15) -EDJ 2016/209002- ó TSJ Castilla La Mancha14-12-16 (rec 1388/16) -EDJ 2016/239126-, Madrid 5-12-16 (rec 820/16) -EDJ 2016/249426-,Extremadura 11-4-17 (rec 53/17) -EDJ 2017/66540-, Cataluña 23-2-17 (rec6599/16) -EDJ 2017/69317- ó Castilla y León/Valladolid 26-1-17 (rec 1777/16) -EDJ2017/16514-.

 

19.-Rec1664/15. También, TS 9 y 12-5-17 (rec 1806/15 -EDJ 2017/84501- y rec 1717/15 -EDJ2017/88844-.

 

20.-Rec1515/16 -EDJ 2016/224328- y rec 1411/16 -EDJ 2016/227320-.

 

21.-Rec1532/16 -EDJ 2016/224329-. En parecido sentido, TSJ Castilla y León/Valladolid4-12-17 (rec 1447/17) -EDJ 2017/289402-.

 

22.-Rec1690/16 -EDJ 2016/179570-. Asimismo, TSJ País Vasco 10-10-17 (rec 1752/17) -EDJ2017/290600- y 7 y 28-11-17 (rec 1926/17 -EDJ 2017/293243- y 2180/17 -EDJ 2017/294751-).

 

23.-Rec690/13 -EDJ 2014/7722-. Tampoco se ha reconocido la indemnización de 20 días enlas SSTS 23-11-16 (rec 690/15) -EDJ 2016/228894- y 8-6-17 (rec 1365/15) -EDJ 2017/116015-y STSJ Navarra 6-10-17 (rec 325/17) -EDJ 2017/229263-.

 

24.-Rec1108/17 -EDJ 2017/126648-. TSJ Castilla y León/Valladolid 27-11-17 (rec1771/17) -EDJ 2017/289354-.

 

25.-Rec353/17 -EDJ 2017/129893-.

 

26.-TSJCataluña 19-6-14 (rec 24/14) -EDJ 2014/140958- ó Murcia 14-3-16 (rec 384/15) -EDJ2016/28970-.

 

27.-TSJCataluña 27-9-16 (rec 3407/16) -EDJ 2016/256995-.

 

28.-TSJMadrid 24-10-14 (rec 548/14) -EDJ 2014/193281-.

 

29.-TSJ PaísVasco 22-12-15 (rec 2268/15) -EDJ 2015/278472-.

 

30.-TSJAndalucía/Sevilla 22-6-16 (rec 2154/15) -EDJ 2016/158454-.

31.-TSJ,Social, Castilla y León/Valladolid 11-5-17 -EDJ 2017/99396-.

 

32.-Rec2890/15 -EDJ 2017/106643-. Seguida por otra de 22-6-17 (rec 3047/15) -EDJ 2017/133528-.

 

33.-Rec521/17 -EDJ 2017/202846-.

 

34.-Proc991/2016.

 

35.-Caso MonteroMateos, C-677/18.

 

36.-Rec3970/16 -EDJ 2017/223733-.