El Ministerio de Justicia ha renunciado a dejar el Registro Civil en manos del Colegio de Registradores porque no ha aceptado que este servicio público sea gratuito, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.
El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón había fijado dos líneas básicas para negociar el traspaso de los registros civiles a un colectivo distinto al formado por los jueces. Se marcó el compromiso de mantener sus cerca de 4.800 puestos de trabajo y que el ciudadano no pague costes por realizar sus trámites.
El Gobierno ha trabajado desde el comienzo de la legislatura en la idea de modificar el Registro Civil, cuya última reforma fue aprobada por el Ejecutivo socialista con la previsión de entrar en vigor en julio de 2014. El PSOE dio luz verde a desjudiciaizar los registros y encomendó su gestión a funcionarios públicos o secretarios judiciales.
Ahora, el Gobierno del PP quiere cambiar la ley socialista. También aboga por sacar el Registro de la esfera de los jueces para que estos puedan dedicarse a su misión constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero debate a quien encomendar esta competencia.
De momento, ha descartado entregarlo al Colegio de Registradores de la Propiedad al no alcanzar ningún acuerdo sobre la financiación de este servicio público. En la actualidad, se destina una partida presupuestaria a soportar el Registro Civil y los ciudadanos no pagan por sus trámites.
Según informaron a Europa Press fuentes del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, este órgano condicionó la asunción de esta competencia que les propuso el Ministerio a contar con una financiación "suficiente y vinculada" a la prestación del Registro Civil, tener autonomía en su desarrollo informático y que exista un amplio consenso político y social.
Estas condiciones las puso encima de la mesa el nuevo decano Gonzalo Aguilera, elegido el pasado otoño, después de que los registradores rechazaran por amplia mayoría asumir esta función si no se daban tales requisitos. Sin embargo, Justicia se ha opuesto a su financiación vía impuestos o por el usuario que acude al registro, según las fuentes de este órgano.
La negociación parecía ya encauzada cuando el decano envió una carta "privada" a sus afiliados, informando de la decisión "final" del Gobierno de asignar el Registro Civil a los registradores, quienes lo asumirían con "plena capacidad auto-organizativa" en su organización territorial, material y tecnológica de acuerdo a la ley.
Los sindicatos no dan la batalla por ganada
Sin embargo, esta idea se ha truncado y el Ministerio analiza ahora otros colectivos a los que entregar el Registro Civil. Fue en diciembre de 2012 cuando se conoció un borrador de anteproyecto que prevía su traslado a los registradores mediante la aplicación de aranceles, aunque luego ha defendido la gratuidad.
CCOO ha celebrado esta "primera victoria" para que los registros civiles sigan siendo gestionados por personal de la Administración de Justicia. Sin embargo, ha advertido de que la "batalla no está ganada" y, por lo tanto, seguirá convocando concentraciones todos los jueves ante los registros civiles hasta saber a quién los entrega finalmente el Ministerio de Justicia.
CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, también ha defendido que la única alternativa pasa por un Registro civil público gestionado por funcionarios públicos especializados y capaces para asumir el "reto" de modernizar este servicio.
