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TRÁFICO

¿Es preciso presentar demanda despachando ejecución en las condenas penales por accidente de circulación?

Tribuna

I. Introducción

Nos planteamos en las presentes líneas una cuestión de índole procesal en la siempre recurrente materia de la siniestralidad vial del derecho de la circulación, pero que no debe pasarnos desapercibida en la práctica de los tribunales, por tratarse de una cuestión sobre la que, no algunos, sino muchos profesionales, albergan dudas al respecto. Y es que las cuestiones de índole procesal no deben pasar de largo en la resolución de los conflictos que puedan existir entre las partes, por ser materia que va más allá de las razones de fondo respecto a la resolución del litigio.

Cuántas veces se han dado o quitado razones en los litigios por aspectos de carácter estrictamente procesal que las partes deben observar y que si no se llevan a cabo en su observancia, el juez o el secretario judicial actuarán en cada caso concreto con arreglo a lo que marcan las normas procesales sin sujetarse en estos puntos a cuestiones de fondo, sino de forma, ya que la pureza del proceso y la plena observancia de los requisitos aplicables a cada caso son normas imperativas de obligado cumplimiento que si no son observadas debidamente por las partes tendrán una consecuencia negativa en la resolución del litigio.

Bajo esta perspectiva planteamos que se está suscitando en la práctica del foro por muchos profesionales la duda acerca de si en los procesos penales en general, y los de derecho de la circulación en particular, es preciso presentar una demanda ejecutiva para poder ejecutar la vertiente civil contenida en la sentencia. Aspecto este que tiene una gran relevancia, sobre todo, en el derecho de la circulación, habida cuenta que gran parte de los intereses que rodean a un juicio de faltas por accidente de tráfico, cuando ha sido la jurisdicción penal la encargada de tramitar las consecuencias de un siniestro, se centran no en la posible retirada del permiso de conducir o la sanción penal que pueda corresponder al conductor-asegurado, sino en las responsabilidades civiles que van a ser declaradas procedentes en la sentencia.

Es por ello por lo que se ha suscitado la duda de si son aplicables los preceptos de la LEC (EDL 2000/77463) en estos casos, a la hora de poder abrir el despacho de ejecución contra el condenado por un accidente de tráfico por la vía penal y contra su aseguradora, también condenada, o si al encontrarnos en la jurisdicción penal se actuaría de oficio.

La diferencia es sustancial, ya que mientras que en el proceso penal por accidente de circulación se actúa de oficio, como más tarde veremos, en el proceso civil hay que articular una serie de pasos para que sean viables las medidas de ejecución contra el condenado por sentencia civil, sin las cuales no se puede proceder en ejecutoria contra el condenado, por mucho que lo esté, quedando a la disposición de las partes la postulación de la condena, y sin que en el proceso civil se pueda actuar de oficio, obviamente.

En el presente caso, por ello, tratamos y analizamos la cuestión relativa a si es preciso en el proceso penal por accidentes de tráfico separar la ejecución penal de la civil en la fase de la ejecutoria, lo que tiene unas importantes connotaciones procesales, debido a que sabemos que en el proceso penal se actúa de oficio por impulso de la propia oficina judicial, habiéndose reforzado en la Ley 13/2009 (EDL 2009/238889), también aplicable al proceso penal, las funciones del secretario judicial en orden a ese impulso de las actuaciones que deben llevarse a cabo cuando la sentencia penal adquiere la condición de firmeza y debe ejecutarse. La cuestión es si podemos desdoblar esta ejecutoria en los procesos generales en general, y más en concreto en los siniestros de tráfico, para exigir que en la vertiente civil se requiera por el órgano judicial que se apliquen los presupuestos contemplados en la LEC para la ejecutoria civil, y, en concreto, el impulso de parte, de tal manera que debería el secretario judicial distinguir ambas vías, o incluirlas en la ejecutoria general que parte de la declaración de firmeza de la sentencia una vez que esta ha devenido firme, bien porque no ha sido recurrida, o bien porque lo ha sido y el tribunal superior ha confirmado la sentencia.

II. La incoación de oficio de la ejecutoria en el proceso penal por accidentes de circulación

La regla general es que en el proceso penal se actúa de oficio, ya sea el derivado de accidentes de la circulación o cualquier otro. Y ya comprobaremos en estas líneas, con independencia de que en estos casos existan importantes responsabilidades civiles en muchos casos, que el hecho de que exista una acción civil que se ha ejercitado conjuntamente con la penal, no quiere decir que se separen en su ejecución en cuanto al auto que se dicta tras la firmeza de la sentencia, queriendo entenderse que a la fase de ejecución penal le corresponde el impulso de oficio y la civil la aplicación de los arts. 548 y 549 LEC.

Pues bien, el dictado del auto por el que se abre la ejecución, tanto de la parte penal como la civil, sin distingo de clase alguna es el que dimana del art. 141 LECrim (EDL 1882/1), en virtud del cual se procede al dictado del auto incoando la ejecutoria con la sentencia firme, es decir, aquellas contra las que no cabe recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. En estas condiciones es el secretario judicial el que ordena la incoación de la ejecutoria, y, a tenor de este precepto, se llama ejecutoria al "documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme".

Con ello, en los accidentes de tráfico se procederá a comenzar a acordar en esa resolución inicial de incoación de la ejecutoria a adoptar las medidas fijadas por el juez en la sentencia, por ejemplo, la entrega del permiso de conducir, si no se le ha retirado al conductor como medida cautelar, ya que sabemos que el art. 770.6º LECrim permite a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado retener el vehículo de motor y/o proceder a la retirada del permiso de conducir. También se procedería, en su caso al requerimiento para el pago de la multa de haberse impuesto, o si se trata de delitos y se ha impuesto una pena privativa de libertad, incluso la opción de acordar su suspensión o sustitución si concurren los presupuestos establecidos en los arts. 81, 83 y 88 CP (EDL 1995/16398), con la posibilidad de acordar el seguimiento de programas formativos de reeducación.

A) En el juicio de faltas

Así, en los juicios de faltas por accidentes de tráfico, el art. 974 LECrim obliga incluso a que "la sentencia se llevará a efecto inmediatamente transcurrido el término fijado en el párrafo tercero del artículo 212, si no hubiere apelado ninguna de las partes y hubiere transcurrido, también, el plazo de impugnación para los ofendidos y perjudicados no comparecidos en el juicio". Además, en el art. 975 LECrim se añade que: "Si las partes, conocido el fallo, expresan su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia".

Con ello, si ha habido una condena por imprudencia leve del art. 620 CP, que son la mayoría de los supuestos de accidentes de circulación derivados a la vía penal, se acuerda de inmediato la incoación de la ejecutoria penal, y también la de la ejecutoria civil, pero sin que la parte perjudicada por el siniestro tenga que llevar a cabo una actuación de parte presentando una demanda de ejecución al modo y manera que existe en el proceso civil. No olvidemos que el apartado 2º de este art. 974 LECrim añade que "Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de la responsabilidad civil, sin fijar su importe en cantidad líquida, se estará a lo que dispone el artículo 984". Y este artículo, que es el más importante en esta fase, viene a decir que:

"Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó".

Es decir, que lo que nos está diciendo la LECrim es que, evidentemente, en los siniestros de circulación existe una importante vertiente civil que tendrá mucho que ver con las actuaciones que haya llevado a cabo, en su caso, la aseguradora, por ejemplo, tales como la fase de consignación, y que luego tienen su reflejo en la ejecutoria a la hora de practicar liquidaciones de sumas consignadas y los posibles intereses aplicables de demora, o no respecto al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fijadas en los arts. 7 y 9 RDLeg 8/2004 (EDL 2004/152063). Pero en modo alguno exige la Ley al perjudicado tener que presentar en el proceso penal una demanda de ejecución para que el secretario judicial incoe la fase de la ejecutoria civil, sino que ésta ya se ha abierto con la propia incoación de la penal y es en esta resolución donde se acuerdan las medidas que procedan tanto en la fase penal como en la civil, sin que en esta segunda se exija o requiera la instancia de la parte perjudicada.

Además, nótese que en muchos casos los perjudicados pueden no haberse personado en el procedimiento, ejerciendo la acción penal el Ministerio Fiscal en los casos de trascendencia, por lo que se exigiría a este tener que presentar una demanda de ejecución, lo que es absolutamente impensable.

Sin embargo, nos preguntamos acerca de qué está queriendo decir la LECrim cuando en su art. 984 señala que "Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó".

¿Está queriendo el legislador cuando hace mención a que se aplicarán las disposiciones de la LEC que se refiere a los arts. 548 y 549 LEC en cuanto a la forma del despacho de ejecución y la exigencia de presentar una demanda ejecutiva en los juicios de faltas por accidente de tráfico? Pues entendemos que la respuesta no puede ser otra que la negativa, ya que la propia LECrim añade, y además lo hace con absoluta claridad que "Si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó."

Con ello, no puede entenderse otra cosa que lo que la LECrim remite a las disposiciones de la LEC lo es en cuanto a las medidas de embargo y práctica de subasta, por ejemplo, es decir, que se proceda a la ejecución forzosa sobre los bienes del condenado, pero no que la puesta en marcha de la ejecutoria civil se sigue aplicando las disposiciones que marcan en el proceso civil la necesidad de presentar una demanda ejecutiva para que se inicie el proceso de ejecución.

B) En el proceso por delitos

En los delitos contra la seguridad del tráfico, o los de imprudencia temeraria con resultado de muerte juzgados por los órganos judiciales de lo penal, es obvio que, dictada la sentencia y declarada firme por la vía del art. 141 LECrim, el art. 794 LECrim declara que "Tan pronto como sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por el Juez o por la Audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones generales de la Ley, observándose las siguientes reglas...".

Es decir, que el legislador ya articula una ejecución, y además, inmediata, de la sentencia sin esperar a una expresa petición de los perjudicados en el accidente de circulación la insten mediante una demanda ejecutiva. Tan sólo fijan dos reglas excepcionales de interés en cuanto a que el juez no haya fijado en la sentencia la cuantía de la indemnización para dejarla para la ejecución. Y es aquí si cuando la regla 1ª del art. 794 LECrim traslada a las partes que "durante la ejecución":

"...cualquiera de las partes podrá instar, durante la ejecución de la sentencia, la práctica de las pruebas que estime oportunas para su precisa determinación. De esta pretensión el Secretario judicial dará traslado a las demás para que, en el plazo común de diez días, pidan por escrito lo que a su derecho convenga. El Juez o Tribunal rechazará la práctica de pruebas que no se refieran a las bases fijadas en la sentencia.

Practicada la prueba, y oídas las partes por un plazo común de cinco días, se fijará mediante auto, en los cinco días siguientes, la cuantía de la responsabilidad civil. El auto dictado por el Juez de lo Penal será apelable ante la Audiencia respectiva".

Es decir, que esta petición de las partes se lleva a cabo "durante la ejecución", por lo que ni tan siquiera en los casos en los que se haya diferido para la ejecución de sentencia la fijación de la responsabilidad civil se exige esta demanda de ejecución que sí se requiere en el proceso civil.

La 2ª regla especial de estos casos se refiere precisamente a los delitos cometidos por medio de vehículo de motor, en cuyo caso se apunta que:

"En los casos en que se haya impuesto la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, el Secretario judicial procederá a la inmediata retirada del permiso y licencia habilitante, si tal medida no estuviera ya acordada, dejando unido el documento a los autos y remitirá mandamiento a la Jefatura Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no expida otro nuevo hasta la extinción de la condena".

Con ello, vemos que en las actuaciones de ejecución realizadas en delitos contra la seguridad del tráfico se actúa de oficio, ya sea en temas relativos a la responsabilidad civil, ya sea a la penal, siendo el secretario judicial, el que en base a la reforma de la LEC y LECrim por Ley 13/2009 será el impulsor del procedimiento sin precisar actuación de parte. En este sentido, una vez firme y existiendo una condena al abono de responsabilidad civil se efectuarán los requerimientos necesarios para que el condenado penalmente y los declarados responsables civiles en la sentencia, como puede ser la compañía de seguros, tengan que abonar las cantidades fijadas en la sentencia con sus intereses, y en caso negativo se proceda a articular los mecanismos de la ejecución forzosa. Es decir, que cuando el art. 794 para los delitos se refiere a que "se procederá a su ejecución por el Juez o por la Audiencia que la hubiere dictado, conforme a las disposiciones generales de la Ley", y el art. 984 LECrim para las faltas concreta que "se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó", en ambos casos lo que está mencionando es la aplicación de las reglas de la ejecución forzosa contempladas en la LEC para el supuesto de que notificada la resolución haciendo constar que se requiera al pago voluntario, este no llegue a realizarse, para lo que se procederá a la ejecución por la vía de apremio.

III. La responsabilidad civil dimanante de la penal en los accidentes de circulación

A) Exigencia de la demanda en el proceso civil

De la dicción que hemos contemplado anteriormente en los arts. 984 y 794 LECrim, se desprende que en modo alguno es exigida una actuación de la parte perjudicada por el siniestro de circulación en el que ha sido declarado expresamente responsable penal un conductor de un vehículo de motor. Una actuación que tuviera una exigencia procesal al modo que ocurre en la LEC para los procesos civiles en donde se actúa a instancia de parte, ya que el art. 548 LEC incluso llega a fijar que "No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado". Es decir, que impone un plazo de espera en el proceso civil, plazo que no debe observarse en modo alguno en el proceso penal en la ejecución de la responsabilidad civil dimanante del delito o falta, en tanto en cuanto el secretario judicial deberá adoptar las medidas de requerimiento al conductor condenado y a su aseguradora para que satisfagan las cantidades establecidas en la sentencia.

Con ello, no haría falta presentar demanda ejecutiva al modo que establece el art. 549 LEC que recuerda que "Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la que se expresarán....".

Y no debe presentarse esta demanda ejecutiva por cuanto cuando el art. 984 LECrim claramente señala para el juicio de faltas que en la vertiente civil la ejecución se propone en su inicio por el juez que dictó la sentencia condenatoria. Y ello no obsta a que el propio artículo también haga mención a que en la fase de la ejecutoria y en lo que afecta a la parte civil de la indemnización de los daños y perjuicios que se hayan causado por el accidente se apliquen las disposiciones de la LEC, pero ello es obvio porque la LECrim no tiene disposiciones propias y específicas en materia de responsabilidad civil dimanante del delito o falta, porque es obvio que existe una remisión al proceso civil en esta parte procedimental.

B) La no necesidad del dictado autónomo del auto despachando ejecución

En consecuencia, no existe en el proceso penal por delitos ni en el juicio de faltas un desdoblamiento de la ejecutoria penal y civil, sino que la ejecutoria es única, con independencia de que en la pieza separada de responsabilidad civil se hayan adoptado durante la fase de instrucción medidas para asegurar y garantizar el resultado final de la sentencia que se dicte y su fácil ejecución. Pero no se dicta un auto autónomo distinto al dictado tras la firmeza de la sentencia, que es de oficio.

Insistiendo en esta actuación ex oficio de la responsabilidad civil también hay que recordar que en el art. 989 LECrim se recuerda en el apartado 2º que "A efectos de ejecutar la responsabilidad civil derivada del delito o falta y sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Secretario judicial podrá encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia".

Es decir, que este precepto que, además, fue redactado por la Ley 13/2009, fija la actuación de oficio del juzgado sin que en ningún caso deba la parte perjudicada por medio de su representación procesal instar tales medidas, aunque es lógico que pueda hacerlo para agilizar la tramitación, porque ante la sobrecarga de trabajo de los juzgados no es ilógico que la parte que puede estar representando al perjudicado, que puede ser el letrado de su aseguradora, quiera instar determinadas medidas en la fase de la ejecutoria civil, pero ello no quiere decir que exista la misma disposición de parte que en el proceso civil, donde todo arranca de la parte, desde la demanda ejecutiva hasta cualquier actuación posterior que se vaya a llevar a cabo.

Es más, abundando en esta actuación ex oficio del juzgado, el art. 990.5 LECrim añade que "Corresponde al Secretario judicial impulsar el proceso de ejecución de la sentencia dictando al efecto las diligencias necesarias, sin perjuicio de la competencia del Juez o Tribunal para hacer cumplir la pena".

IV. Conclusión

Como conclusión, es preciso destacar que en el proceso penal por delito y por juicio de faltas, tanto en los casos que afecta a los supuestos de accidentes de circulación, como en todos los casos de delitos o faltas que lleven aparejada la responsabilidad civil, el auto que abre la ejecutoria es único y la actuación para que este se dicte no está necesitada de un impulso de la parte, sino que se trata de una obligación ex lege del secretario judicial, quien, por mor de lo dispuesto en la Ley 13/2009, debe cumplir la orden del juez fijada en la sentencia, tanto en la parte penal como en la civil, sin que en este segundo caso sea preciso presentar una demanda ejecutiva por el Ministerio Fiscal o por la parte perjudicada.

Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Derecho de la Circulación", el 1 de abril de 2013.