Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT reclaman una mejora retributiva global de 200 millones de euros --hasta unos 430 euros mensuales por funcionario-- tras la oferta de 46,7 millones que presentó el Ministerio la semana pasada para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales, lo que se traduce en unos 450 euros al mes.
Según ha informado CSIF en un comunicado, exigen "una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros" mensuales. "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen".
Además de la incremento salarial, reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa. De no conseguir una oferta, seguirán adelante con la convocatoria de huelga general indefinida que tienen prevista para el 22 de mayo, fecha en la que cuatro de las cinco asociaciones de jueces contemplan ir a huelga indefinida de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Así, los funcionarios darían el paso de una huelga indefinida con paros parciales de tres horas diarias --que empezó el 17 de abril-- a una huelga total con paros de 24 horas.
Según los datos que manejan los convocantes, "ya se han paralizado más de 15 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España". "Lamentamos los prejuicios que está generando esta situación a los ciudadanos", ha señalado CSIF en un comunicado.
Un mes de movilizaciones
La concentración de este miércoles se sumará a una serie de movilizaciones que los funcionarios han estado llevando a cabo desde que anunciaron el parón. Ya han marchado por el centro de Madrid y hasta el Ministerio de Hacienda; se han concentrado frente al Congreso de los Diputados y se han manifestado frente al Ministerio de Justicia.
Cabe recordar que, en el marco de sus protestas, el pasado 9 de mayo CSIF remitió una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorizase una oferta económica que reconociese las funciones que realizan cada día los funcionarios y su posibilidad de negociar el contenido de los proyectos de ley de eficiencia.
