Comunicado del Ministerio de Justicia sobre la reunión con los LAJ
Justicia ha manifestado en un comunicado que el comité de huelga ha rechazado reiteradamente la propuesta presentada que ofrecía subidas salariales para 1.906 letrados de la Administración de Justicia pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que alcanzan, en algunos casos, los 5.000 €/año. Esta propuesta ignoraba por completo la mejora del Servicio Público de Justicia, centrándose de manera exclusiva en las reclamaciones retributivas.
Asimismo, el ministerio ha incidido en que el colectivo de letrados de la Administración de Justicia exige el 85% de lo que los jueces cobran, lo que se conoce como cláusula de enganche.
Justicia destaca que previamente, se aprobó un aumento salarial del 14,5% aplicable de forma retroactiva para el colectivo de letrados. Si se atendiesen las demandas de los letrados, esto representaría un aumento de 1.100 euros al mes -14.000 euros al año- para todos ellos, lo que supondría un desglose de 61,5 millones de euros. Esto superaría el presupuesto destinado al Servicio de Justicia Gratuita, según han indicado en el comunicado.
Los LAJ piden la presencia de la ministra de Justicia
Por parte de los letrados de la Administración de Justicia han incidido en que el Ministerio de Justicia no muestra alguna intención de solucionar la huelga del colectivo, lo que conlleva el bloqueo del servicio público que perjudica a los ciudadanos. Según el Comité de Huelga, en esta última reunión se ha presentado una nueva propuesta de resolución, pero se han vuelto a encontrar con "la cerrazón y el inmovilismo de la Administración".
Los LAJ consideran que el Gobierno ignora la solicitud realizada por el Congreso de los Diputados, las Comunidades Autónomas, la Abogacía, operadores jurídicos, profesionales y ciudadanos, para alcanzar un acuerdo que garantice el regreso a la normalidad de los Juzgados y Tribunales.
En el comunicado insisten en el daño que esta situación está provocando en la Administración de Justicia, lo que causará un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procesos judiciales, con el consiguiente coste económico en planes de recuperación.
