El Gobierno ha justificado la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles en que sus costes de explotación "dejarán de ser una carga para los Presupuestos Generales del Estado" y para las cuentas de las comunidades con las competencias transferidas ya que sus gastos pasarán a ser sufragados por los propios registradores.
Así lo expone en la memoria justificativa y de impacto económico, a la que ha tenido acceso Europa Press, del decreto ley ómnibus que aprobó el Consejo de Ministros el viernes y que será convalidado mañana en el Congreso, modificando un total de 26 normas, entre las que se incluye la reforma del Registro Civil.
El Ejecutivo se felicita de que con su atribución a los registradores mercantiles se aprovecharán las infraestructuras materiales y el personal del que dispone este colectivo, "sin coste alguno para la Administración ni para los ciudadanos".
A su juicio, la medida tendrá además un impacto positivo para las personas con discapacidad porque su configuración electrónica evitará desplazamientos y también para el medio ambiente por cuanto se ahorrará en papel.
Notable ahorro de costes para la Administración
Dicho esto, destaca que esta medida conllevará un "notable ahorro de costes" para las Administraciones como consecuencia de la interconexión de datos y precisa que "no existen alternativas distintas a las formuladas que permitan alcanzar" estos objetivos.
En este sentido, precisa que su traslado a otros funcionarios dentro de la Administración de Justicia se encontraría con varias "dificultades". Entre ellas, el mantenimiento a cargo de los PGE, concursos de personal y traslado y nuevos inmuebles destinados a estas oficinas.
"Supondría consumir valiosos recursos de la Administración de Justicia, imprescindibles en dicho ámbito", prosigue el documento, que añade que los registradores sufragarán los gastos de este servicio público y para ello se crea legalmente una corporación de derecho público que financiará la contratación del sistema "mediante cuotas proporcionales al número de operaciones realizadas".
El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón defiende que los registradores mercantiles son funcionarios públicos dependientes jerárquicamente a Justicia, según el artículo 274 de la Ley Hipotecaria, y garantiza que el "nivel de calidad" del servicio será homogéneo en todo el país.
