Civil

La exigente congruencia de la demanda y el principio de efectividad

Tribuna

I. Introducción

El objeto de este trabajo es analizar si la fundamentación jurídica de una demanda es un elemento esencial e identificador de la pretensión, vinculante para el Tribunal y, por otro lado exponer cuándo no es preciso que el fallo de la sentencia se ajuste al suplico de la demanda.

La congruencia es una consecuencia del principio dispositivo (1), que exige que "la sentencia ha de adecuarse a las pretensiones de las partes, sin que pueda el tribunal otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandante ni fundar la sentencia en causas de pedir distintas a las que se han erigido en el objeto del proceso (2)". Afirma el Tribunal Supremo (en adelante, TS), en su STS 711/2011, de 4 octubre -EDJ 2011/237342- que "el deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum y la causa petendi y el fallo de la sentencia y el Tribunal, en virtud de la máxima iura novit curia, puede fundar su decisión en los preceptos jurídicos que estime procedentes -aunque no hayan sido invocados- cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión".

II. La causa de pedir

La causa petendi, junto a la petición que se plasma en el suplico de la demanda (3), sirve para delimitar el objeto del proceso (4). No obstante, la causa de pedir se integra por dos elementos: por un lado, las alegaciones sobre los hechos (art. 399.3 LEC -EDL 2000/77463-) y, por otro, los fundamentos de derecho (art. 399.4 LEC), por lo que es necesario determinar qué elemento identifica la causa de pedir: ¿Los hechos o la fundamentación jurídica de la demanda?, es decir, cuál es el elemento esencial de la pretensión que junto a la petición conforma el objeto procesal (5).

En nuestro ordenamiento procesal civil rige la doctrina de la sustanciación y no la denominada de la individualización. Conforme a la primera, la causa petendi está formada por los hechos (jurídicamente relevantes), mientras que para la segunda, lo relevante es el título jurídico hecho valer, es decir, la calificación jurídica de la relación jurídico material controvertida (6). La jurisprudencia del Tribunal Supremo tradicionalmente ha seguido la doctrina de la sustanciación, así recuerda la STS 918/2006, de 27 septiembre -EDJ 2006/275333-, que "la doctrina de la sustanciación que sigue esta Sala en la identificación de la causa de pedir permite que, extraída de las alegaciones la esencia de los hechos, se apliquen las reglas da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia, bien que con el límite referido de que no se altere la causa de pedir. Son, en definitiva, los hechos que integran el supuesto al que la norma vincula la consecuencia jurídica los que permiten individualizar la pretensión (7)". No obstante, como señala Gimeno Sendra, de la anterior regla hay que exceptuar a las pretensiones constitutivas, en las que rige la doctrina de individualización, porque en éstas "la causa de pedir viene determinada por determinados hechos necesariamente subsumidos o integrados en normas materiales o, lo que es lo mismo, por la fundamentación jurídica: de aquí que existan tantos objetos procesales como motivos de impugnación funden la pretensión (8)".

Por tanto, como regla general, "la causa petendi comprende el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión. Se trata de acontecimientos (hechos históricos) de la vida social, concretos, de interés para el proceso y que, además, desarrollen una función individualizadora de la pretensión. No se comprenden las normas o principios jurídicos, los argumentos, los medios de prueba, ni los hechos que aun siendo constitutivos (porque alegados, y en su caso probados, son presupuesto de la estimación de la pretensión) no tienen la función previa de delimitar e individualizar el objeto del proceso, en la perspectiva de la congruencia, litispendencia, cosa juzgada y acumulación." (...) añadía que "no todos los hechos de interés para el proceso integran dicha causa, sólo los jurídicamente relevantes, -y suficientes-, para diferenciar una «causa petendi» de otra, y por tanto dos objetos procesales con «petitum» igual, y en definitiva dos acciones o pretensiones" (STS 606/2000, de 19 junio -EDJ 2000/13141-) (9).

En este sentido, recuerda la STS 1065/2001, de 15 noviembre -EDJ 2001/40417-, que la causa de pedir no se identifica con la acción que se ejercite. En el supuesto resuelto por el Tribunal en la citada sentencia, el recurrente primero ejercitó la acción resolutoria y, posteriormente, tras ser desestimada su demanda, la acción de cumplimiento del contrato, considerando así que la causa de pedir era distinta, resolviendo el Tribunal Supremo que "la causa de pedir no se identifica con las acciones de las que se vale el actor en defensa de sus derechos (...) sino que propiamente lo que conforma la «causa petendi», son los hechos decisivos y concretos -también cabe reputarlos relevantes- o los títulos que conforman el derecho reclamado y avalan la tutela judicial que se postula, integrando la razón de pedir, lo que aquí sucede al corresponder ésta al impago que se atribuye al demandado y que se decidió no se había demostrado en los juicios anteriores, lo que transciende a la cosa juzgada que resulta extensiva al pleito sobre el que se proyecta el recurso que nos decidimos, pues como declara la sentencia de 5 junio 1987 -EDJ 1987/4485-, la pretensión que resultó examinada y resuelta, ha quedado satisfecha y no existe razón alguna ni razón válida para volver a ocuparse de ella (10)".

Por tanto, como afirma la STS 711/2011, de 4 octubre -EDJ 2011/237342-, aunque "la calificación jurídica alegada por las partes puede ser relevante para distinguir una acción de otra cuando comporta la delimitación del presupuesto de hecho de una u otra norma con distintos requisitos o efectos jurídicos, y por ello la jurisprudencia ha aludido al título jurídico como elemento identificador de la acción siempre que sirva de base al derecho reclamado", son "el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora", los que conforman la causa petendi de la acción, vinculantes para el tribunal.

III. El principio iura novit curia

De conformidad con al art. 216 LEC -EDL 2000/77463-, "los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales". Como se observa, dicho precepto hace mención de los hechos, pero no de los fundamentos jurídicos y ello no por olvido ni error del legislador, sino por la necesidad de aplicación del principio iura novit curia (expresado en el brocardo da mihi factum, dabo tibi ius), consustancial a los principios constitucionales de sometimiento a la Ley, independencia y exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción que el art. 117 CE -EDL 1978/3879- consagra.

Por ello, pese a que el art. 218.1 LEC, en su párrafo segundo -EDL 2000/77463-, señala como elementos de la causa de pedir a tener en cuenta por el tribunal los "fundamentos de hecho o de Derecho (...) que las partes hayan querido hacer valer", recordemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que cuando unos mismos hechos puedan ser calificados jurídicamente de formas distintas, su fundamentación jurídica puede servir para identificar la acción, el mismo artículo aclara que los órganos judiciales han de resolver "conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes",

Expresa el Tribunal Supremo, entre otras, en su STS 211/2010, de 30 marzo -EDJ 2010/45218-, que "la máxima iura novit curia [el tribunal conoce el Derecho] permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los invocados cuando no se alteren sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión (...), y solo puede entenderse vulnerado el principio iuxta allegata et probata [según lo alegado y probado] y excedido el principio iura novit curia [el tribunal conoce el Derecho] cuando se estima la demanda apoyándose en fundamentos -siempre que sean determinantes del fallo- diversos de los alegados".

En el mismo sentido, señala la STS 372/2011, de 1 junio -EDJ 2011/130882-, que "el deber de congruencia de las sentencias, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, a fin de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión".

En consecuencia, la congruencia o correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes de las partes y el fallo, no impide que el tribunal aplique el derecho que estime procedente, pues no existe "vinculación del juez a las alegaciones jurídicas efectuadas por las partes, sino tan sólo a las fácticas" (11), salvo en el caso de las pretensiones constitutivas, como se mencionó anteriormente.

Así, como señalaba la STS de 3 julio 1979 -EDJ 1979/694-, "el requisito de la congruencia no implica una rígida acomodación literal a los términos de la pretensión deducida, sino sustancial atenimiento a lo pedido para resolver todos los temas litigiosos, conviene puntualizar: a) Que es cierto que, en virtud de los principios dispositivos y de imparcialidad del Juez, este se ha de ajustar a los hechos aducidos por las partes (...).- si bien por la facultad y potestad de fijarlos de modo definitivo según el resultado de las pruebas -(...).-; b) Que mientras la vinculación a los hechos debidamente constatados es obligada, no ocurre lo propio con las normas aducidas por las partes, porque ello hay que combinarlo con los deberes y poderes del Juez para aplicar la norma adecuada, de acuerdo con la regla «da mihi factum, dabo tibi jus», con lo que la no designación de norma por la parte, su alegación errónea a su imprecisión al citar varias en sus escritos, «ad cautelam», o por indecisión fundada o esperanzada en la facultad decisoria del Juez, no tendrá repercusión para la eficacia de la pretensión o defensa, si el hecho fijado encaja en la norma que el juzgador estime correcta, o menos o a salvo de equivocación evidente, fundamento de casación; c) Que la acción se individualiza y define por el hecho y, en consecuencia, como ya dijeron las Sentencias de 26 octubre 1955 y 1.º diciembre 1955, la incongruencia sólo es posible por alteración de la «causa petendi» y no por el cambio del punto de vista jurídico, y en fin, d) Que la incongruencia se dará en el fallo, no en los fundamentos o, por mejor decir, en el fallo junto a los «considerandos» predeterminantes -«ratio decidendi»- por lo que la sentencia que respeta los hechos, aunque el fundamento jurídico o el punto de vista normativo que aplique sea distinto, pero correcto, no puede incurrir en el defecto alegado".

No obstante, como recuerda la STS 444/2005, de 3 junio -EDJ 2005/83531-, el "principio iura novit curia debe ser utilizado con precaución para no transgredir el planteamiento jurídico debatido, y propuesto al Juzgador, en cuanto pueda causar indefensión a alguna de las partes o conculcar el principio de contradicción a que están sometidas las mismas, y que debe ser amparado por el órgano judicial".

IV. Congruencia y principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea

En materia de consumidores, manifiesta la STS 241/2013, de 9 mayo -EDJ 2013/53424-, que en nuestro sistema, en el que la congruencia actúa como frontera e impide que el tribunal pueda "escoger la concreta tutela que entiende adecuada entre todas las posibles, al exigir que se ajuste a la causa de pedir", la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión puede plantear dificultades.

Afirmaba el Tribunal Supremo, en la citada sentencia -EDJ 2013/53424-, que de conformidad con el principio de congruencia que rige en nuestro ordenamiento el juez "no puede sustentar su decisión en fundamentos diversos de los alegados, cuando estos delimitan el objeto del proceso" ni puede, con carácter general (12), "dar a quien suplica, aunque lo pedido sea justo, si para ello debe apartarse de los hechos esenciales fijados por las partes para justificar lo pretendido", por lo que el deber de congruencia puede plantear dificultades con la posibilidad de que un juez actúe de oficio frente a las cláusulas abusivas, pero concluye que en la medida que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho de la Unión, en los supuestos de cláusulas abusivas, "no es preciso que el fallo se ajuste al suplico de la de demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas abusivas".

Recientemente, el TJUE en su sentencia de 3 octubre 2013 (caso Soledad Duarte Hueros contra Autociba S.A. y Automóviles Citroën España S.A.) -EDJ 2013/183455-, se ha pronunciado sobre el principio de congruencia en nuestro ordenamiento y el principio de efectividad del Derecho de la Unión, en relación con la Directiva 1999/44, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo -EDL 1999/66197-, al plantear el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz, mediante auto de 13 de enero de 2012, como cuestión prejudicial que el Tribunal determinase que si cuando un consumidor acude al juez y pide únicamente la resolución del contrato de compraventa de un bien defectuoso (en este caso, un descapotable por cuya capota se filtra agua), y dicha resolución no es procedente por ser de escasa importancia el defecto, el juez debe o no de oficio reconocerle una rebaja del precio (13).

El Juzgado tenía dudas sobre la compatibilidad del Derecho español con los principios derivados de la Directiva 1999/44 -EDL 1999/66197-, pues en virtud del principio de congruencia (art. 218 LEC -EDL 2000/77463-) el juez no podía reconocer la reducción del precio (14), porque la consumidora no la solicitó, ni con carácter principal ni con carácter subsidiario -pues en su demanda, se limitó a solicitar la resolución del contrato de compraventa-. Y, además de conformidad con la cosa juzgada, la compradora no podría ejercitar una nueva pretensión solicitando la reducción del precio, porque la eficacia de la cosa juzgada se extiende a todas las acciones que hubieran podido ser ejercitadas en un primer procedimiento (art. 400 LEC -EDL 2000/77463-).

El TJUE declaró que: "La Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo -EDL 1999/66197-, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, cuando un consumidor que tiene derecho a exigir una reducción adecuada del precio de compra de un bien se limita a reclamar judicialmente únicamente la resolución del contrato de compraventa, resolución que no va a ser acordada porque la falta de conformidad del bien es de escasa importancia, no permite que el juez nacional que conoce del asunto reconozca de oficio la reducción del precio, y ello a pesar de que no se concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión inicial ni de presentar al efecto una nueva demanda". Veamos los argumentos".

En primer lugar, la STJUE -EDJ 2013/183455- afirma que la Directiva no establece indicación alguna por lo que respecta al ejercicio judicial de dichos derechos, porque el art. 3 de la Directiva -EDL 1999/66197- "no recoge disposiciones que obliguen al juez nacional, en circunstancias como las que son objeto del litigio principal, a reconocer de oficio al consumidor una reducción adecuada del precio de compra del bien controvertido" (15) sino que "se limita a obligar a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que el consumidor pueda ejercer efectivamente sus derechos a través del uso de los distintos medios que se contemplan en caso de falta de conformidad del bien".

En segundo lugar, al no existir normativa de la Unión Europea sobre esta materia, corresponde a cada Estado en virtud de su autonomía procesal "la regulación destinada a garantizar la salvaguardia de los derechos que la Directiva 1999/44 -EDL 1999/66197- confiere a los consumidores". No obstante, añade la sentencia que "dicha regulación no debe ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no debe estar articulada de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, apartado 26 y jurisprudencia citada -EDJ 2013/9874-)".

Con respecto al principio de equivalencia, afirma la STJUE -EDJ 2013/183455- que "de los autos obrantes ante este Tribunal de Justicia no se deriva ningún dato que suscite dudas sobre la conformidad de la normativa procesal española con dicho principio". Y, en relación con el principio de efectividad señala que, conforme a su reiterada jurisprudencia, cada supuesto en el que se "se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales (16). Y, que en caso de violación del principio de efectividad, corresponde "al tribunal remitente interpretar, en la medida de lo posible, las disposiciones nacionales de modo que contribuya a cumplir el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables. De no ser ello posible, dicho tribunal está obligado a dejar inaplicada, por su propia iniciativa, la disposición nacional contraria, a saber, en el caso de autos, las normas procesales nacionales cuestionadas en el procedimiento principal, que recogen la vinculación estricta a la pretensión deducida (17)".

Expresa el TJUE que como en nuestro ordenamiento "un consumidor que reclama judicialmente únicamente la resolución del contrato de compraventa de un bien queda privado de modo definitivo de la posibilidad de ejercer el derecho a obtener una reducción adecuada del precio (derecho que le confiere el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 1999/44 -EDL 1999/66197-) si el juez nacional que conoce del asunto considera que, en realidad, la falta de conformidad del bien es de escasa importancia, y ello salvo en el supuesto de que se haya deducido con carácter subsidiario una pretensión cuyo objeto sea dicha reducción", porque: 1) los jueces nacionales están vinculados por la pretensión deducida por el demandante en la demanda (arts. 216 y 218 LEC -EDL 2000/77463-); 2) que el art. 412.1 LEC prohíbe modificar el objeto de la demanda durante el procedimiento; 3) que a tenor del art. 400 LEC al demandante no se "le concede la posibilidad de presentar una nueva demanda para hacer valer pretensiones que hubiesen podido deducirse" porque "en virtud del instituto de la cosa juzgada, dicha demanda resultaría inadmisible". Lo que conduce al TJUE a concluir que "nuestro ordenamiento "al no permitir que el juez nacional reconozca de oficio al consumidor el derecho a obtener una reducción adecuada del precio de compra del bien, a pesar de que no se concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión ni de presentar al efecto una nueva demanda, puede menoscabar la eficacia de la protección de los consumidores que persigue el legislador de la Unión" y declarar que "la normativa española controvertida en el litigio principal no se atiene al principio de efectividad, en la medida en que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, en los procedimientos judiciales iniciados a instancia de los consumidores en caso de falta de conformidad con el contrato del bien entregado, la aplicación efectiva de la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos".

Además, añade la STJUE -EDJ 2013/183455- que "existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no deduzca una pretensión subsidiaria, la cual, por lo demás, tendría por objeto una protección inferior a la que tiene por objeto la pretensión principal, ya sea debido a la relación especialmente inflexible de concomitancia que se da entre una y otra pretensión, ya porque el consumidor ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase, por analogía, la sentencia Aziz, antes citada, apartado 58 -EDJ 2013/21522-)".

Por tanto, si un tribunal tiene que resolver una cuestión litigiosa en la que tenga que aplicar disposiciones del Derecho de la Unión, no está sometido a la concreta petición que haya realizado la demandante, pudiendo de oficio otorgar algo diferente a lo solicitado en el suplico, siempre que se respeten los hechos alegados jurídicamente relevantes, y se garantice el derecho de defensa de las partes, para así lograr la eficacia del Derecho de la Unión.

NOTAS:

1.- Montero Aroca, J., en Montero Aroca/Gómez Colomer/Barona Vilar/Calderon Cuadrado, Derecho Jurisdiccional II. Proceso civil, Ed. Tirant lo Blanch, 20ª ed., Valencia 2012, p. 387.

2.- Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil. I. El proceso de declaración. Parte general, Ed. Colex, 4ª ed., Madrid 2012, p. 544.

3.- Como señala Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil ... cit., p. 211, “la petición determina la naturaleza cuantitativa y cualitativa d ela pretensión, de tal suerte que permite inferir si en una demanda, se ha planteado una sola o existe acumulación de pretensiones, así como evidencia la naturaleza de la pretensión ejercitada (declarativa, constitutiva o de condena”.

4.- V. Montero Aroca, J., en Montero Aroca/Gómez Colomer/Barona Vilar/Calderon Cuadrado, Derecho Jurisdiccional II..., cit., pp. 153 a 158.

5.- Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil l... cit., p. 212.

6.- Añade Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil... cit., p. 213, que de mantener la tesis de la individualización, “lo decisivo para determinar la ampliación de la demanda, la litispendencia, la futura cosa juzgada es la calificación jurídica de la relación jurídico material debatida, de manera que entrañará una mutación esencial de la demanda una modificación ulterior que pudiera efectuar el actor (...) de su calificación jurídica; asimismo podría plantearse un simultaneo o posterior proceso sobre un mismo litigio siempre que dicha calificación sea distinta en el segundo proceso”.

7.- En el mismo sentido, STS 367/2009, de 20 mayo -EDJ 2009/92341-.

8.- Añade que “ello es debido a que las situaciones, cuya mutación jurisdiccionalmente se insta, son siempre jurídicas, porque el objeto procesal de tales pretensiones constitutivas encierra siempre un conflicto de las norma imperativas, incluso de carácter dispositivos (así, la impugnación de acuerdos sociales anulables). Gimeno Sendra, p. 214.

9.- Expresa la STS 361/2012, de 18 junio -EDJ 2012/128142-, que “En cuanto a la jurisprudencia, antes ya de entrar en vigor la LEC de 2000 -EDL 2000/77463- esta Sala rechazaba que la causa de pedir estuviera integrada única y exclusivamente por hechos puros, despojados de cualquier consideración jurídica. Muy al contrario, por causa de pedir debía entenderse el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión (SSTS 19-6-00 en rec. 3651/96 -EDJ 2000/13141- y 24-7-00 en rec. 2721/95 -EDJ 2000/21377-), los hechos constitutivos con relevancia jurídica que constituyen condiciones específicas de la acción ejercitada (STS 16-11-00 en rec. 3375/95 -EDJ 2000/41076-), o bien los hechos jurídicamente relevantes que sirven de fundamento a la petición y que delimitan, individualizan e identifican la pretensión procesal (SSTS 20-12-02 en rec. 1727/97 -EDJ 2002/59226- y 16-5-08 en rec. 1088/01 -EDJ 2008/82708-)”.

10.- En esta sentencia se cita la STS 31 marzo 1992 -EDJ 1992/3124-, en la que se afirma que “consiste la causa de pedir en el hecho jurídico o título que sirva de base al derecho reclamado, es decir, en el fundamento o razón de pedir y no en la acción ejercitada, que constituye una mera modalidad procesal indispensable para lograr su efectividad ante los Tribunales y que la identidad en la causa de pedir se da únicamente en aquellos supuestos en que se produce una perfecta identidad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción »

11.- Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil l... cit., p. 214.

12.- Recuerda la STS 241/2013, de 9 mayo -EDJ 2013/53424-, que “este límite no entra en juego en los supuestos de nulidad absoluta, ya que en tales casos el Ordenamiento reacciona e impone a los poderes del Estado rechazar de oficio su eficacia, de acuerdo con el clásico principio quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto), ya que, como afirma la STS 88/2010, de 10 de marzo (EDJ 2010/19167) "esa operatividad ipso iure es una de las características de la nulidad absoluta".

13.- Conclusiones del Abogado General Sra. Juliane Kokott, de 28 de febrero de 2013.

14.- Que podía haber solicitado conforme al art. 3.5 de la Directiva -EDL 1999/66197-.

15.- Añade el TJEU que “El referido artículo 3 enumera, en su apartado 2 -EDL 1999/66197-, los derechos que el consumidor puede hacer valer frente al vendedor en caso de falta de conformidad con el contrato del bien entregado. En primer lugar, de acuerdo con el apartado 3 del mismo artículo, el consumidor podrá exigir la puesta en conformidad del bien. De no poder obtener dicha puesta en conformidad, tendrá derecho, en segundo lugar, de acuerdo con el apartado 5 del artículo, a una reducción del precio o a la resolución del contrato (véanse las sentencias, antes citadas, Quelle, apartado 27 -EDJ 2008/20149-, y Gebr. Weber y Putz, apartado 44 -EDJ 2011/101750-). No obstante, según se desprende del apartado 6 del artículo, cuando la falta de conformidad del bien entregado sea de escasa importancia, el consumidor no tendrá derecho a resolver el contrato y únicamente podrá solicitar una reducción adecuada del precio de compra del bien controvertido”.

16.- Cita las sentencias de 14 junio 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, apdo. 49 -EDJ 2012/109012-, y de 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, apdo. 53 -EDJ 2013/21522-.

17.- Cita las sentencias las sentencias de 20 octubre 2011, Interedil (C‑396/09), apartado 38 -EDJ 2011/236167- (“el órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión, está obligado a garantizar la plena eficacia de estas disposiciones dejando inaplicada en caso de necesidad, por su propia iniciativa, cualquier disposición nacional contraria (...), la norma procesal nacional cuestionada en el procedimiento principal, sin solicitar o esperar la derogación previa de dicha disposición nacional por el legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional, y de 5 octubre 2010, Elchinov (C‑173/09, Rec. p.I‑8889), apartado 31 (EDJ 2010/195184).

 

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de abril de 2014.