Dolores Delgado ha aseverado que “la verdadera autonomía organizativa pasa por tener un presupuesto propio, capacidad y medios para su gestión”.
“Este fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía debe ser objeto de tratamiento normativo paralelo al Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que redefina la estructura, competencias y funciones de nuestra institución”, ha reclamado.
Residencias de mayores
La fiscal general ha explicado la intensificación de la labor tuitiva de la Fiscalía en relación con la grave problemática planteada en las residencias de mayores: “El fiscal estuvo ahí”, ha recordado.
Continúan en trámite 491 diligencias preprocesales civiles de seguimiento y protección y 212 diligencias de investigación penal. Se han interpuesto 27 denuncias, según datos actualizados a 18 de enero.
La creación de la Fiscalía de Sala Delegada para la protección de los derechos de las personas con discapacidad y mayores ha consolidado este importante ámbito de la acción tuitiva con un nuevo impulso altamente especializado, ha manifestado.
Terrorismo
En la Fiscalía de la Audiencia Nacional las investigaciones por terrorismo representaron un 40,37% del total, un porcentaje ligeramente superior al de 2018 consecuencia del incremento de la respuesta punitiva frente al terrorismo yihadista.
Asimismo, se mantiene la proactividad en el esclarecimiento de los delitos pendientes de resolución y en el soporte a las víctimas de ETA en el ejercicio de sus derechos y legítimas reivindicaciones.
Lucha contra la corrupción
La fiscal general ha señalado que la lucha contra la corrupción política es otro de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal.
Ha puesto en valor la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, que lleva desde su mismo origen estas investigaciones de gran complejidad en el ámbito de la delincuencia económica, la corrupción política y la criminalidad organizada.
Violencia sobre la mujer
Delgado ha recordado la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género, en la línea del Convenio de Estambul, y de dotar al sistema judicial de los instrumentos para afrontar esta violencia y para asistir, acompañar y proteger adecuadamente a las víctimas para “aflorar la cifra negra de la violencia oculta”.
De las 59 mujeres asesinadas en 2019, solo 15 –un 25%- habían presentado denuncias previas. Cinco tenían una orden de protección vigente. El 80% de los asesinatos se produjeron en las poblaciones más pequeñas y 12 de ellos en capitales. Han sido asesinados 3 niños y han quedado 46 huérfanos.
Durante la pandemia ha disminuido la violencia de género en sus formas más graves, pero ha aumentado la violencia psicológica y se ha reducido el número de denuncias, pues la situación de vulnerabilidad de las víctimas se ve acrecentada por el mayor aislamiento social y la dificultad para acceder a los recursos.
La fiscal general ha destacado la labor incansable de la Fiscalía de Sala y de los/as fiscales especialistas.
Trata de seres humanos y explotación sexual
La Fiscalía de Extranjería ha incoado 167 diligencias de seguimiento por delito de trata de seres humanos. De las 855 víctimas localizadas, 592 lo son para explotación sexual, de las que la inmensa mayoría -un 98,31%- son mujeres.
Muy pocos de los delitos de explotación sexual concluyen con acusación del Ministerio Fiscal y menos aún con sentencia condenatoria, debido a que la actual tipificación de estos delitos limita notablemente las posibilidades de persecución penal de estas conductas.
La Fiscalía de Extranjería recuerda que la persecución del proxenetismo en todas sus manifestaciones es una necesidad vinculada a la salvaguarda de los derechos más elementales de la mujer, así como a impedir formas encubiertas de explotación criminal.
Delitos de odio
En 2019 se intervino en un total de 1167 procedimientos, cifra notablemente más alta que la de 2018, en que se registraron 744.
Delgado ha ofrecido también significativas cifras de la Fiscalía Provincial de Barcelona, puntera en la persecución de estos delitos y que, junto a la de Madrid, ha efectuado un gran esfuerzo por mejorar los registros estadísticos. En ella tuvieron entrada 368 atestados, consolidándose una tendencia permanentemente ascendente.
Destaca como primer motivo la discriminación por razones ideológicas (39,9%), seguido del origen étnico, nacional y racial (26,4%), de la orientación e identidad sexual (25,8%) y motivos religiosos (3,3%).
En su Memoria del pasado año dicha Fiscalía ya proponía la modificación del severo régimen punitivo previsto en el art. 510 CP cuando los hechos se lleven a cabo a través de un medio de comunicación social, internet o las tecnologías de la información.
La propuesta se fundamentaba en la necesidad de un introducir un mayor respeto al principio de proporcionalidad en los supuestos que, por sus circunstancias, revistan una menor entidad, en línea con la Recomendación nº 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permitiendo bien penas de prisión de inferior duración a las previstas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido que permitan la reinserción social mediante el conocimiento y aceptación de sus víctimas.
Igualdad
Delgado se ha referido a las iniciativas para garantizar la igualdad en el seno de la institución. Ha recordado que el 65% de los integrantes de la carrera fiscal son mujeres, pero que el 62% de los cargos directivos están ocupados por hombres.
Ha destacado que un 53% de los nombramientos desde que es fiscal general del Estado han recaído en mujeres. Hay dos nuevas fiscales de Sala, dos fiscales del Tribunal Supremo, 8 jefas provinciales y 7 jefas de Área más, dando cumplimiento a una de las aspiraciones del Plan de Igualdad del Ministerio Fiscal.
Código Ético y protección de datos personales
La fiscal general ha destacado la aprobación del Código Ético del Ministerio Fiscal, que da cumplimiento a las recomendaciones del GRECO, y el compromiso firme y decidido de la Fiscalía en defensa del derecho a la protección de los datos personales de la ciudadanía.
Formación
La vocación por la excelencia y la cualificación profesional de los miembros de la carrera fiscal es uno de los pilares fundamentales de la actuación de la Fiscalía General del Estado en materia de formación.
La creación de la figura del Director de Formación de la Carrera Fiscal ha constituido un refuerzo para la necesaria autonomía formativa.
