La decisión del órgano de gobierno de la Cámara llega después del informe jurídico preparado por los letrados de la Cámara en el que señalaba que el texto del PSOE no presenta una "contradicción palmaria" con la Constitución que motivara su veto, aunque admite dudas de inconstitucionalidad que en su momento podrá resolver el TC, pero que no corresponden dilucidar a la Mesa.
Además de calificarse la proposición de ley se ha ratificado la tramitación por la vía de urgencia que había sido solicitada tanto por el PSOE como por sus socios de investidura, que juntos representan la mayoría absoluta del Congreso.
Ello supone que todos los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas de totalidad y parciales y adelantando su debate en el Pleno.
Publicación en el BOE
El siguiente paso es publicar la ley en el Boletín de las Cortes y enviar el texto al Gobierno para que dé conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos. El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse.
Salvado este trámite, la Junta de Portavoces ya podrá poner fecha al debate de toma en consideración en el Pleno y todo apunta a que lo sitúe el martes 12 de diciembre, la semana posterior a la celebración del cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución.
