![Ley mordaza y datos estadisticos de 2023_img](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2024/09/shutterstock_2156307149-1-p428582-m1325673-768x334_w100.jpg)
El grueso de la recaudación guarda relación con aquellos artículos relativos a sanciones relacionadas con la tenencia de drogas, con 130 millones en multas, el 74% del total. Con respecto a 2022, esto supuso un aumento del 21%, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.
El Ministerio del Interior desglosa los 174 millones derivados de las 284.512 sanciones impuestas en 2023 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al amparo de la 'ley mordaza' en otros dos apartados más: por los artículos relacionados con armas y explosivos se recaudó 20 millones de euros (+13%) y por el de seguridad ciudadana otros 23 millones (+2%).
En aplicación del artículo 36.6, el que castiga "la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes", permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas. Esto supone una subida del 7% con respecto a 2022, que dejó 11 millones en multas con 17.835 expedientes de sanción a ciudadanos.
Una reforma frustrada
Las diferencias para reformar este artículo 36.6, usado en la pandemia de forma masiva, fue una de las razones por las que los partidos del Gobierno --PSOE y Sumar, con apoyo del PNV, ERC y EH Bildu, principalmente-- no consiguieron llevar a cabo la pasada legislatura la reforma de la 'ley mordaza', la norma que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta.
Otro de los artículos objeto de negociación fue el 37.4, el que castiga las faltas de respeto a los policías, ya que los partidos del Gobierno y sus socios analizan la forma de evitar la "arbitrariedad" para que se aplique exclusivamente en insultos o injurias.
Las sanciones con este artículo 37.4 de la 'ley mordaza' sí bajaron en 2023 hasta anotar 22.260 multas con 4,3 millones de euros (-15%), según la estadística oficial del Ministerio del Interior con datos facilitados por las delegaciones y subdelegaciones --de Cataluña, y País Vasco sólo se incluyen expedientes tramitados por la Administración General del Estado--.