Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, será la primera vez que García Ortiz acuda al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto --tras reemplazar a Dolores Delgado-- y del que tomará posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo.
El año pasado, Lesmes calificó la situación de "insostenible" para la judicatura e insistió en que esta anomalía se debía a "causas que le son completamente ajenas" y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es "meramente orientativo", sino que "están obligados" a respetarlo.
Otros 365 días han pasado y los partidos aún no han alcanzado un acuerdo que permita renovar el CGPJ. En el camino, las asociaciones de jueces elevaron la situación ante el comisario europeo de Justicia; la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho visitó España, urgió a la renovación e instó a estudiar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo para que se ajuste a los estándares europeos.
Pleno del CGPJ
Este año, la inauguración del curso judicial tendrá lugar un día antes de que el CGPJ celebre el Pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados al Constitucional que le corresponde designar.
Lesmes ha advertido de que, si bien lo ideal es que en ese mismo cónclave se llegue a un acuerdo --algo a lo que ha exhortado a los vocales--, no puede garantizar que así sea, dado que los dos candidatos al TC deben recabar al menos 12 votos favorables de los 19 en juego.
El CGPJ podrá cubrir estas vacantes en el tribunal de garantías después de que el Gobierno impulsara una reforma legal que le ha devuelto al órgano de gobierno de los jueces su facultad de --estando en funciones-- realizar nombramientos en la cúpula judicial, aunque solo la que corresponde al Constitucional. Dicha reforma deja fuera la posibilidad de efectuar nombramientos en el Tribunal Supremo, que ya en octubre avisó de que el hecho de no cubrir las vacantes implicaría que al año se realizasen 1.000 sentencias menos.
