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Llop traslada a los funcionarios de Justicia que mantiene los proyectos de la agenda 2030 de su antecesor

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha trasladado a los representantes de CSIF que mantiene los proyectos iniciados por su antecesor Juan Carlos Campo dentro de la Agenda 2030. El sindicato, por su parte, ha mostrado disposición y colaboración con la nueva titular de la cartera.

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Durante la reunión mantenida este miércoles con los representantes del sindicato, la ministra ha pedido además que se transmitiera a este colectivo su reconocimiento por el trabajo desplegado durante la pandemia en condiciones difíciles y haciendo posible la continuidad en la prestación del servicio público, según informa el sindicato en una nota.

Los representantes sindicales han aprovechado el encuentro para trasladar la necesidad de abordar desde la negociación colectiva, la necesaria transformación de la Administración de Justicia y, en particular, los proyectos que impulsa el Ministerio tales como las leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de transformación digital, de enjuiciamiento criminal, o el nuevo modelo de registro civil, implicando al personal de Justicia a través de su participación real y efectiva en el diseño de estas reformas.

Según los trabajadores, la proliferación de casos pendientes pese la importante disminución de trámites resueltos, así como la escasez de juzgados y jueces, obligan a tomar medidas urgentes relativas al refuerzo de las plantillas.

Se precisan 19.000 funcionarios

A modo de ejemplo, han recordado a Llop que España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea y le han recordado que de un estudio presentado por CSIF sobre necesidades de personal en el sector público se desprende que la Administración de Justicia necesita algo más de 19.000 puestos de trabajo adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios para equipararse a estándares europeos.

Así, reclaman la negociación anual de plantillas con estructuración de refuerzos de 3 años y ofertas de empleo público y concursos anuales coordinados, la regulación básica de la carrera profesional, el fomento de la promoción interna para que sea real, la revisión del sistema de guardias y de la productividad, la eliminación de las diferencias retributivas en el concepto de grupos de población y la revisión de la estructura salarial de todos los cuerpos, entre otras.

Consideran que es necesario también crear unidades administrativas con personal de Justicia para resolver los problemas de gestión que provocan retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslados, sustituciones, comisiones de servicio o provisión por interinos.

Reformas en Justicia

Según los funcionarios, lo que denominan "politización de la Justicia" con asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe despistar a la hora de acometer las reformas que necesita la ciudadanía.

Por su parte, inciden en que la transformación de la Administración de Justicia debe incluir mejoras laborales y retributivas para su personal con el objetivo claro de dignificar y reconocer el trabajo que diariamente desempeñan, así como aprovechar su potencial para prestar el mejor servicio público posible.