Son los datos oficiales que ha recopilado la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres a fin de exigir que se adopten las medidas legislativas oportunas para obligar a los jueces a pronunciarse siempre en estos casos y adoptar medidas de control y/o suspensión de visitas cuando exista violencia de género.
En total, en el año 2011 se suspendió el régimen de visitas a padres maltratadores en el 3,4% de los casos en que se solicitó esta medida (49 suspensiones de 791 peticiones). En 2012, fueron 57 sobre 653, es decir, un 3,1% y, un año después, la tasa cayó al 3%, con 23 suspensiones frente a las 590 que se habían pedido al juez.
En cuanto a 2014, las últimas cifras disponibles corresponden al segundo trimestre del año y muestran "un repunte", ya que de 151 solicitudes, se han concedido 11 suspensiones del régimen de visitas a padres maltratadores, conforme explica la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos.
La representante de esta organización, Susana Martínez Novo, incide en que "hay que empezar por reconocer legalmente que los y las menores que viven situaciones de violencia en su hogar, son víctimas directas de esa violencia" tal y como establece el Convenio de Estambul, ratificado por España y vigente desde agosto de 2014.
"Si bien es cierto que hay menores que no están afectados, también hay que tener en cuenta factores como el estereotipo social de que los padres nunca dañarán a sus hijos, admitido hasta por las madres maltratadas en algunas ocasiones. Por ello las autoridades deben estar siempre muy alerta ante los casos de padres maltratadores", añade la organización.
En opinión de esta entidad, aunque según algunos jueces sería un error automatizar la retirada de la patria potestad a los hombres, ya que los jueces pueden inhabilitar a cualquier persona para ejercerla tras estudiar cada caso particular, es cierto que la necesidad de abordar esta laguna se debate desde 2010.
No obstante, la Comisión no cree que el anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental proyectado por el Ministerio de Justicia sea la alternativa y se ha unido a otro medio centenar de organizaciones de mujeres para exigir su retirada pues, en el redactado actual, permitiría la concesión de régimen de "estancia y comunicación" a maltratadores condenados con sentencia firme.
