“Pedimos a los responsables políticos que cierren, de una vez por todas, con el mayor consenso y sensibilidad, el proceso inacabado -o apenas iniciado- de modernización de la justicia”, señala el documento, que recuerda que continúan como retos pendientes “resolver de una vez y para siempre la crisis institucional del CGPJ” y “reorganizar y modernizar el sistema actual de Justicia, totalmente superado, que exige una profunda y urgente reforma para resolver los déficits organizativos, estructurales, legislativos y tecnológicos que la lastran desde hace décadas.
Las conclusiones incluyen una declaración institucional en la que los presidentes de los TSJ reiteran asimismo “la necesidad de respetar el principio de separación de poderes y mantener la posición del Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos y cauce para la contención y control de la actuación de todos los poderes públicos, desde la perspectiva de su sometimiento pleno a la Ley”.
En este sentido, garantizan que los Jueces/as y Magistrados/as seguirán “con su compromiso constitucional para poner en valor el ejercicio responsable de la función jurisdiccional, de forma que cale plenamente la idea de la justicia como un servicio púbico, y así sea percibido por la ciudadanía”.
Los presidentes de los TSJ también subrayan “la importancia del modelo de Estado que se contiene en la Constitución de 1978, con una organización territorial descentralizada desde el punto de vista político, que contempla un Poder Judicial único e independiente, como uno de los tres poderes clásicos”.
Durante las Jornadas, inauguradas el pasado lunes por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., Vicente Guilarte, y que se han celebrado en la Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los presidentes de los Tribunales Superiores han abordado asuntos como la situación e imagen de la Justicia o los retos que suponen la Justicia interina y las jubilaciones masivas de miembros de la Carrera Judicial.
También han debatido sobre la unificación de criterios en problemas diarios de gestión gubernativa (licencias y permisos, sustituciones, etcétera) y el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia.
