Madrid era, hasta ahora, el único gran sistema universitario (6 universidades públicas y 8 privadas) que carecía de una regulación específica.
El texto pretende dotar a los centros académicos de herramientas que amparen e impulsen su competitividad nacional e internacional gracias, sobre todo, al diseño de un nuevo marco de financiación basado en criterios que promuevan la excelencia deL sistema universitario. Pretende también potenciar la interlocución con los estudiantes mediante otras medidas como otorgar un mayor protagonismo al Consejo Social de las universidades.
Marco de financiación
En este sentido, la futura Ley propone articular un nuevo sistema que incluya una aportación fija que garantice un servicio público de calidad y, por otro lado, tenga una parte variable ligada al cumplimiento de determinados indicadores objetivos de la calidad.
Esta parte de la financiación variable y plurianual tendría en cuenta criterios que puedan medir la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento de las universidades. Objetivos evaluables como el número de publicaciones, el impacto de las mismas, la inserción laboral de los titulados, el uso de nuevas metodologías docentes, la adopción de buenas prácticas internacionales, la capacidad para captar fondos para proyectos de investigación, la
internacionalización y atracción de estudiantes extranjeros o sus planes de estudios bilingües, por citar algunos ejemplos.
Retención del talento
El borrador incluye medidas que favorecen la creación de figuras de profesorado que promuevan la movilidad internacional con convocatorias que se lleven a cabo con procedimientos objetivos y transparentes. Se trata también de poder flexibilizar y agilizar los mecanismos de selección actualmente existentes y permitir así que se pueda reclutar con mayor facilidad a profesionales de reconocido prestigio.
El impulso de la participación activa de los estudiantes universitarios madrileños es otro de los objetivos que recoge el borrador. Para ello, la Comunidad de Madrid constituirá el Consejo de Estudiantes Universitario, como órgano de representación y participación estudiantil en el sistema universitario madrileño.
Además se fomentará la participación de los alumnos en la evaluación del profesorado mediante parámetros de docencia, cuestión que se tendrá en cuenta en los indicadores de calidad de las universidades públicas vinculados a la financiación.
La futura Ley pretende impulsar la coordinación universitaria dentro del Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES) para mejorar la oferta educativa y promover la cooperación entre universidades, así como la integración plena en el EMES de las Enseñanzas Artísticas Superiores e impulsar las pasarelas entre la enseñanza universitaria y la Formación Profesional Superior.
También fomentar la creación de estructuras que propicien una mejora en el desarrollo de investigación de alto nivel con la creación y reconocimiento de grupos de investigación y centros de investigación de alto rendimiento.
Propuestas todas que son totalmente respetuosas con la legislación nacional (la LOMLOU) y con la Autonomía Universitaria, amparada por la Constitución.
Aprobación
Una vez que se lleve a cabo el proceso de audiencia pública de la memoria de este anteproyecto de Ley en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, será aprobado por el Consejo de Gobierno y posteriormente remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.
