Se centra en cuatro puntos fundamentales:
1º. Actualizar la composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, acomodándolas al art. 10 Ley 1/1996, de 10 de enero, modificado en 2015.
2º. Actualizar las remisiones que realiza el Reglamento de asistencia jurídica gratuita a leyes administrativas que ya han sido derogadas por la legislación vigente.
También, con el fin de mejorar la protección de datos, se incorpora como anexo un nuevo formulario de autorización o revocación expresa de la persona solicitante para consultar y recabar información económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar, por los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
3º. Establecer como regla general el pago mensual de la subvención de asistencia jurídica gratuita, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia, por los servicios de asistencia jurídica prestados en las comunidades autónomas que no han asumido competencias en materia de administración de Justicia, así como el importe correspondiente a los gastos de funcionamiento e infraestructura que se abonan tanto al CGAE como al Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.
4º. Crear el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, con la finalidad de impulsar una mayor coordinación y unificación de criterios en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, en el que estarán presentes todas las administraciones con competencias en materia de administración de Justicia, así como los operadores judiciales que participan, de forma directa, en el ejercicio de esta prestación.
