La propuesta supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un Pleno y la firman Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, todos ellos designados a propuesta del PP.
En concreto, solicitan que el Pleno debata la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales, así una petición al Defensor del Pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) instada por PSOE y Podemos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también se pide que el Pleno debata una contestación a las preguntas remitidas al CGPJ por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.
En su petición, que los solicitantes esperan que recabe el mayor número de apoyos posibles, consta un escrito sobre el inicio del trámite para el planteamiento de un conflicto de atribuciones que incluye un borrador de requerimiento a las Cortes Generales; además han adelantado el texto de la propuesta de petición al Defensor del Pueblo de interposición del recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica reformada y, finalmente, un borrador de contestaciones a las preguntas formuladas por la Comisión Europea.
PP Y VOX EN EL TC
La semana pasada no se aventuraba un apoyo masivo dentro del órgano de gobierno de los jueces a la propuesta planteada en el Pleno ordinario sobre la posibilidad de acudir al Constitucional, dada la dificultad de que este pueda prosperar por la jurisprudencia existente.
No obstante, el asunto ya está de hecho sobre la mesa en el tribunal de garantías por iniciativa de partidos políticos en la oposición como Vox, que recurrió el nuevo texto la pasada semana. El PP, por su parte, recurrió el pasado mes de enero la tramitación 'express' de la reforma.
Por lo que respecta al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y debe comunicándose antes al "órgano invasor" -en este caso el Congreso de los Diputados- dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que se revoque.
Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.
El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados indebidamente.
COMUNICACIÓN A LA UE
Lo que puede concitar más apoyos es la remisión del informe a Europa, ya que el posible contenido del mismo fue encargado el pasado jueves a la vocal Nuria Díaz Abad, que es una de las firmantes de la convocatoria de Pleno.
Se trataría de una comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, en la que podría incluirse la postura del CGPJ español sobre su reforma. Este texto inicialmente estaba previsto que se llevara a la Comisión Permanente y posteriormente a un Pleno, aunque parece que la discusión sobre su contenido se producirá el próximo miércoles.
