Por el momento, al término de la reunión de este miércoles, el rechazo del Gobierno al pacto entre empresas y trabajadores se centra fundamentalmente en el punto del acuerdo que establece que "la garantía de empleo de los actuales trabajadores que presten servicios en la estiba deberá realizarse mediante una disposición normativa con rango de ley".
El Ejecutivo también rechaza otro de los aspectos de los acuerdos por el que las empresas piden ayudas públicas para compensar los mayores costes laborales que supondrá la subrogación de los estibadores en comparación a eventuales nuevas contrataciones.
"Se trata de dos medidas contrarias a la normativa europea que pretendemos cumplir con la reforma, al sistema legal de relaciones laborales y al sentido común", aseguró el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, representante del Ejecutivo en la reunión, para explicar su rechazo.
En este sentido, el 'número dos' de Fomento insistió en que el Ejecutivo lo único que puede hacer es "sobre la base de una acuerdo laboral, favorecer la elaboración de una norma que regule las condiciones de subrogación acordadas libremente".
"Lo que no se puede admitir es que una ley imponga a una empresa contratar los trabajadores", reiteró Gómez-Pomar, dado que eso es contrario a la norma de libertad de empresa en la UE que se pretende cumplir con la reforma del sector.
Asimismo, rechazó que con cargo al erario público y a los impuestos de los españoles se compense a una empresa por soportar unos mayores costes laborales.
Los estibadores aceptan una reducción salarial del 10 %
Los sindicatos del gremio y la patronal Anesco expresaron su "sorpresa" ante el hecho de que el Gobierno haya rechazado un acuerdo sectorial, en contra de lo que venían manteniendo hasta ahora.
La organización empresarial "lamentó" que no se pudiera alcanzar un acuerdo tripartito, si bien confía en que "la situación se pueda reconducir", según su director gerente, Pedro García.
Según Antolín Goya, dirigente de Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principio de acuerdo es fruto del "un gran esfuerzo" que las partes han realizado por acercar las posturas que quedaron enfrentadas en el último encuentro. Así, asegura que han aceptado una mayor rebaja salarial, de hasta el 10% frente al 6% propuesto inicialmente, que haya un ajuste por prejubilaciones e incluso dejar de pedir que el mantenimiento del empleo se articule en el Decreto de reforma del sector, sino en un "instrumento legal".
Por su parte, el mediador de las negociaciones, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, presentará este jueves un acuerdo de mediación con el fin de reconducir la situación y analizar la posibilidad de llegar a una solución.
