El Consejo General de la Abogacía considera que el acuerdo del CGPJ altera el derecho al juez predeterminado por ley reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria. Además, solicita como medida cautelar la suspensión del acuerdo del CGPJ para evitar que se consoliden situaciones jurídicas procesales de difícil o imposible reparación como puede ser que se tramite por un órgano judicial incompetente un proceso civil en materia de cláusulas suelo.
Negativa a la existencia de jueces especiales
En su recurso, la Abogacía recuerda que la determinación del juez que ha de conocer de un asunto determinado corresponde a la ley y que no es admisible constitucionalmente la existencia de jueces excepcionales o especiales.
Además, la atribución de competencias que lleva a cabo el acuerdo del CGPJ debería haberse hecho por ley dictada con anterioridad al hecho motivador del proceso. Es decir, a las reclamaciones por las cláusulas suelo que se canalizaron a través del Real Decreto-ley 1/2017.
El recurso ante el Tribunal Supremo se ha presentado en cumplimiento del acuerdo del Pleno extraordinario del Consejo General de la Abogacía Española reunido en Granada el 1 de junio y del que ya habíamos informado en el derecho.com
Juntas de Gobierno de Granada
Los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del CGPJ porque agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo. Por tanto, la Abogacía considera que los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable.
El Consejo General de la Abogacía Española continúa exigiendo mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria. Asímismo, considera que el acuerdo del CGPJ se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuestos por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones.
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