A partir de hoy las víctimas del terrorismo y las asociaciones de este colectivo tendrán ampliado su derecho a la asistencia jurídica gratuita. Así lo recoge la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hoy entra en vigor, con la inclusión de nuevas medidas que fueron propuestas por el Ministerio del Interior con el fin de favorecer a las personas que han sufrido un atentado terrorista y a las asociaciones que las representan en su derecho de exigir justicia.
Se regula la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten, independientemente de sus recursos económicos. Esta medida fue introducida por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero.
Para hacer más extensivo este derecho, la reforma del año 2015 de la ley de Enjuiciamiento Civil también establece que si una persona pierde su condición de víctima del terrorismo o si los autores del atentado son absueltos o archivada la causa, no tendrá que reintegrar las prestaciones que han disfrutado hasta ese momento.
Este acceso a la asistencia jurídica gratuita se acompaña de una atención o asesoramiento jurídico especializado desde el momento de interposición de la denuncia, estableciéndose un turno especial de designación de profesionales para asegurar esta labor de asesoramiento previo.
Otra de las novedades del nuevo articulado es el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de víctimas del terrorismo, ya que hasta hoy solo lo tenían las víctimas del terrorismo particulares.
La entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil conlleva la modificación de los artículos 1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y 48 de la Ley 29/2011 de Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.
Esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil forma parte de los objetivos marcados por el Gobierno a lo largo de esta legislatura dentro de su política de apoyo a las víctimas del terrorismo, con una medida que contribuye a hacer efectivo el principio de justicia que inspira la legislación española de protección a las víctimas del terrorismo.
