Dos millones y medio de personas sufren esclerosis múltiple en todo el mundo, 600.000 en Europa y más de 47.000 en nuestro país, tal como se observa en los informes de la Federación de Esclerosis Múltiple de España (EME). El TSJ se ha pronunciado en este sentido dando la razón a un hombre afectado de esta enfermedad que reclamó por vía legal el reconocimiento de sus derechos, después del que el INSS le denegara la Incapacidad permanente absoluta que había solicitado.
Las lesiones que se demostraron en el proceso, y que fueron determinantes para conseguir una sentencia favorable a M.M.G. -un administrativo de 45 años- fueron esclerosis múltiple recurrente agravada con una deficiencia en la memoria, dificultades de concentración y fatiga. Dichas patologías causaron al demandante, además, un cuadro psiquiátrico de depresión, ansiedad y bloqueo mental.
Se condena por tanto a la Seguridad Social que abone al afectado una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora (en total 1.994,85€ mensuales) en 14 pagas al año. Se le concede así la Incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo, todo ello con efectos retroactivos desde el año 2013, fecha en que al enfermo le denegaron la incapacidad en el INSS. Ahora queda reconocida mediante la acción de los juristas de Tribunal Médico, centro especializado en trámites de pensiones de la Seguridad Social y en valoración de lesiones con sus consecuencias jurídicas.
Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican en España unos 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple. Es más frecuente en las mujeres, y suele aparecer entre los 20 y 40 años. Tras los accidentes de tráfico, esta patología es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles. Asimismo, la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad o los problemas neurológicos derivados de la misma hacen que hasta un 75% de los pacientes sufran alteraciones de ánimo. En palabras del responsable de Tribunal Médico, Alejandro García, "esto último es lo que le ocurrió a nuestro representado. Es necesario por tanto ponerse en manos de profesionales para luchar por los derechos de estas personas, con el fin de obtener una compensación justa que les facilite la calidad de vida cuando las instituciones que deberían amparar sus derechos no lo hacen".
